La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha afirmado que "no se ha producido irregularidad sancionable" en la incompatibilidad entre sueldo y pensión por incapacidad permanente que ha obligado a dimitir al gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, Joaquín Ruiz Sisniega (PSOE), por lo que en su opinión, "no existe ninguna responsabilidad que depurar". "No puede calificarse de ilegalidad y mucho menos de fraude", ha subrayado. Real ha admitido este lunes en el Pleno del Parlamento, a preguntas del PP y Podemos, que si hubiera conocido el recurso de Ruiz Sisniega contra la sentencia de primera instancia que declaraba esa incompatibilidad, "se lo habría impedido" por el nivel de exigencia en el comportamiento atribuible a los cargos públicos. No obstante, ha recalcado que "en cualquier otro puesto de trabajo, tanto en el sector privado como en la administración pública, "no tendría mayor importancia" ya que se habría considerado que estaba "defendiendo legítimamente sus derechos y discrepancias con la Seguridad Social". Asimismo, ha opinado que el caso de Ruiz Sisniega está "a años luz" de la situación de algunos miembros del PP "dentro y fuera de Cantabria", algunos de ellos en la propia Ejecutiva autonómica. Así, ha citado al secretario de Sanidad y exgerente del Hospital Valdecilla, César Pascual, imputado en calidad de alto cargo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por irregularidades en la adjudicación del contrato de ambulancias. La consejera ha recalcado que el INSS aceptó en un primer momento la compatibilidad del sueldo de alto cargo y la pensión por incapacidad permanente y no sólo eso sino que redujo la cuantía de ésta un 20%, si bien al año siguiente inició un proceso de revisión que concluyó con la declaración de incompatibilidad y su remisión al juzgado para su ratificación.
La diputada del PP Isabel Urrutia ha recriminado a Real que no obligara a Ruiz Sisniega a dimitir cuando la Seguridad Social dijo que su sueldo era incompatible con la pensión. La consejera, por su parte, ha acusado a la parlamentaria de "mentir" e intentar sacar "rédito político a cualquier precio", intentando confundir entre pensión de jubilación y la pensión por incapacidad, que sí permite el desempeño de algunos trabajos. Real ha sacado toda una batería de altos cargos del PP que han cobrado sueldos públicos y pensión de jubilación, como Margallo, Arias Cañete, Fernanda Rudi, y ha citado incluso el caso del master de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Por su parte, el diputado de Podemos Alberto Bolado ha sostenido que sí hay "infracción" en el caso de Ruiz Sisniega puesto que "un alto cargo no puede recibir dos retribuciones a cargo de los Presupuestos del Estado", y ha criticado que su declaración de bienes se haya publicado "en blanco" en el Boletín Oficial de Cantabria cuando anteriormente fue presidente de la Comisión de Control de Caja Cantabria. Bolado ha pedido a Real que depure responsabilidades y ha advertido que si no lo hace, Podemos presentará las denuncias pertinentes. "No es ilegal, no estamos hablando de ningún fraude", ha reiterado en su réplica la consejera.
Instan a “no privatizar” los planes hidráulicos
También en el Pleno de este lunes, toda la oposición parlamentaria (PP, Podemos y grupo mixto) ha forzado la aprobación este lunes en el Pleno de una iniciativa para instar al Gobierno de Cantabria (PRC/PSOE) a "no privatizar" los planes hidráulicos y a mantener los 22 existentes, en contra de la que han votado PRC y PSOE. Con el mismo resultado se ha aprobado una proposición no de ley de Podemos que insta al Gobierno a paralizar el acuerdo marco para la contratación del servicio de comedor escolar y adoptarlo a la Ley de Contratos del sector público, cumpliendo a la vez las resoluciones aprobadas por unanimidad por el Parlamento para priorizar el consumo de productos ecológicos y de proximidad en los comedores escolares.
La aprobación de la iniciativa sobre los planes hidráulicos se ha producido tras las reuniones celebradas de los grupos parlamentarios con miembros del comité de empresa del Gobierno de Cantabria, que denuncia la "privatización encubierta" del servicio, reclama más inversiones y personal en los centros hidráulicos y ha convocado varias protestas. Inicialmente, había sido el diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos,, quien ha planteado una proposición no de ley sobre planes hidráulicos, a la que han presentado enmiendas de sustitución tanto PP, como Podemos y el PSOE. Algunos de los grupos han criticado la PNL de Carrancio, como Podemos, que la ha tildado de "descafeinada", o su compañero en el grupo mixto, Rubén Gómez (Cs), que ha opinado que está "poco trabajada". Además, Gómez ha censurado el "oportunismo" de Carrancio y ha criticado que éste no haya intentado consensuar una propuesta común. Finalmente, Carrancio ha admitido la enmienda del PP al considerar que es "la mejor" de las propuestas pese a estar presentada, a su juicio, con "el mayor cinismo del mundo" dado que la plantea un partido que –ha dicho– privatizó tres depuradoras cuando ha gobernado. En la enmienda del PP, se insta al Gobierno a mantener los 22 planes hidráulicos como 22 centros de trabajo y se demanda que cada plan tenga como mínimo dos técnicos de planta hidrológica (TPH) por turno y que cada plan cuente con un encargado. También se insta al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los diferentes planes hidráulicos. Se reclama también dotar de vehículos a todos los planes hidráulicos y recursos económicos para el mantenimiento y funcionamiento de todos estos planes. A estas peticiones, prácticamente iguales que las recogidas en la enmienda de Podemos, se añade otro punto para instar al Ejecutivo autonómico a comprometerse a "no privatizar" los planes hidráulicos de la comunidad. Esta iniciativa ha contado con el voto a favor del PP, de Carrancio, del otro diputado del grupo mixto, Rubén Gómez (Cs) y también de Podemos. Sin embargo, PRC y PSOE han dicho no y han reivindicado las inversiones e incremento de personal que se han llevado en los centros hidráulicos de la comunidad y han negado la "privatización encubierta" que denuncian los sindicatos. Desde el PSOE se había planteado una enmienda de sustitución en la que se proponía al Gobierno de Cantabria a elaborar un estudio de análisis y evaluación "participado con los trabajadores" que determine las necesidades en materia de personal, en la optimización de recursos y en el que se garantice el empleo público, la prestación del servicio de abastecimiento de agua y el control de los gastos. Sin embargo, dicha enmienda, que también apoyaba el PRC, no ha sido admitida por lo que los dos socios de Gobierno han votado en contra.
En el Pleno de este lunes se ha aprobado también, en este caso por unanimidad, una moción del PP para que el Gobierno de Cantabria elabore "con medios propios" y apruebe en seis meses el decreto o decretos necesarios para desarrollar en la comunidad el Plan Estatal de Vivienda 2018/2021 y que ello permita que puedan ser subvencionadas aquellas actuaciones que se enmarquen en alguno de los ocho programas que éste recoge. Todos los grupos (PP, PRC, PSOE, Podemos y mixto) han dado su sí al coincidir en la necesidad de este desarrollo normativo aunque no han coincidido en su valoración del Plan, que financiará subvenciones a la vivienda en Cantabria por importe de 35,64 millones de euros. De esta cantidad, Fomento aportará 27,42 millones según los porcentajes de reparto aprobados en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Cantabria ya ha comunicado al Ministerio que asumirá 8,22 millones, es decir, el 30%.
El exconsejero de Vivienda y diputado del PP Francisco Rodríguez Argüeso ha defendido que se trata de un Plan "ambicioso" que abarca ocho programas susceptibles de obtener subvenciones. En cuanto a los seis meses que se da al Gobierno para este desarrollo normativo, ha opinado que es "muy amplio" y considera que en algunos casos podría reducirse a un par de meses. El diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio, ex de Ciudadanos, se ha mostrado de acuerdo con la petición del PP y también ha reconocido que se incrementan "bastante" los recursos del Plan para Cantabria. No han coincidido con esta afirmación ni Podemos ni el PRC, que han considerado un "chiste" que el PP califique de "ambicioso" el Plan. El diputado de Podemos José Ramón Blanco ha explicado que su grupo apoya la iniciativa porque cree que es "de lógica" que el Gobierno de Cantabria tenga que adaptarse al Plan Estatal pero ha aclarado que eso "no quiere decir" que dicho Plan sea bueno. De hecho, para Blanco, más que ambicioso el Plan es "todo lo contrario" y una "tomadura de pelo" por lo presupuestado y porque "no entra de verdad al fondo del problema" de "emergencia habitacional" que, a su juicio, hay en España. Además, y en contra de lo que sostiene el PP y también Carrancio, ha afirmado que en el Plan aprobado haya un incremento de recursos. En lo mismo ha insistido la diputada regionalista Matilde Ruiz, que ha insistido en que "no es cierto" que se incrementen los recursos y ha asegurado que, de hecho, se reduce un 38% pese a lo afirmado por el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, al que se ha referido como un "ministro de infografías no vinculantes y "especialista en el trampeo". "La mentira sigue siendo mentira anque se diga muchas veces", ha aseverado. Ruiz ha señalado que, según datos de la OCDE, lo que España destina a vivienda está "a la altura" de lo que invierten países como Malta y Chipre. Además, ha advertido que el Plan está "en el aire" porque está "sujeto" a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 que aún no están aprobados. También ha puesto en duda que el Gobierno central vaya a cumplir con la financiación de este Plan cuando –ha dicho– "no es nada cumplidor" y cree que De la Serna "va en la misma línea" que el resto de sus compañeros del Ejecutivo. En este sentido, el PSOE ha mostrado su disposición a hacer un "acto de fe" y a dar "por hecho que el Gobierno cumplirá lo que escribe" pese a los "antecedentes" de lo que ha ocurrido con la cofinanciación de la Ley de Dependencia. La socialista Silvia Abascal sí ha coincidido en que en este Plan hay un incremento de recursos de la cantidad que recibe Cantabria y ha explicado que apoya la moción del PP al coincidir con la necesidad de facilitar una "gestión ágil", "eficiente" y "eficaz" de las subvenciones del Plan. Por su parte, el diputado del grupo mixto Rubén Gómez (Cs) ha explicado que este desarrollo normativo es una "cuestión fundamental que no se puede demorar en el tiempo mucho más" y ha considerado "razonable" el plazo de seis meses que se da.
