El Gobierno de Cantabria estima que la reactivación de la producción de zinc en la cuenca del Besaya, para la que se ha dado este martes el primer paso, puede generar empleo para unas 1.500 personas durante 20 años.
Una reactivación que puede materializarse en 14 meses y que facilitará el Ejecutivo regional mediante una decisión legislativa, pero que desarrollará íntegramente iniciativa privada puesto que el Gobierno de Cantabria no tendrá "ninguna participación empresarial" ni aportará "ninguna subvención" para ello.
Así lo ha asegurado este miércoles, a preguntas de la prensa, el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, durante la visita que ha realizado al polígono Tanos-Viérnoles junto con el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero.
Previamente, la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha destacado que la reforma de la Ley del Suelo a través de una proposición de ley para dar cobertura legal al proyecto de recuperación de la actividad minera en el Besaya, es "una cuestión de oportunidad económica" que Cantabria no va a "perder".
Martín ha detallado que el Gobierno sabe de tres empresas interesadas en el zinc del Besaya, cuya explotación ha vuelto a ser rentable
Díaz Tezanos ha recalcado que un proyecto de estas características puede suponer la generación de riqueza y la creación de cientos de puestos de trabajo, máxime en una zona que es de acción "prioritaria", y ha subrayado que el Gobierno "no va a poner en peligro" su consecución porque Cantabria no disponga a día de hoy de un regulación específica.
Regulación que sí está incluida ya, ha aclarado, en el borrador de la nueva Ley del Suelo, que ha estado a información pública en los últimos meses y llegará "muy pronto" al Parlamento. Aun así, el Gobierno PRC-PSOE ha optado por modificar la ley vigente, a través de una proposición de ley, por "una cuestión de oportunidad económica", ha insistido la vicepresidenta.
En este sentido, Martín ha detallado que el Gobierno sabe de tres empresas interesadas en el zinc del Besaya, cuya explotación ha vuelto a ser rentable y por ello ha tomado la "decisión legislativa" para que la explotación sea "legalmente posible". "Lo hacemos en este momento porque ha habido varias empresas de bastante solvencia que nos han comunicado que, con los medios actuales de explotación y el precio actual, el zinc es rentable", ha explicado.
El consejero ha insistido en que, tras la habilitación jurídica de la explotación, que será subterránea y no a cielo abierto, la iniciativa privada deberá solicitar las cuadrículas mineras y ponerla en marcha.
Al respecto, se ha referido a estudios de Asturiana de Zinc que barajan la existencia de unas 20 toneladas de este mineral, que "aproximadamente" suponen empleo para 1.500 personas durante 20 años, por lo que "no hay ningún proyecto de esta envergadura en ninguna zona de Cantabria". Unas cifras que además el consejero cree que pueden incrementarse cuando se hagan estudios más detallados del terreno.
Plazos
Tras la presentación de la proposición de ley en el Registro del Parlamento, Martín espera que la tramitación en la Cámara se resuelva en marzo, de forma que a mediados de abril las empresas puedan solicitar a la Consejería de Industria la adjudicación de las cuadrículas para comenzar la primera fase, que es de explotación.
"Como habrá más de una empresa, porque como ya digo ha habido tres interesadas hasta la fecha, sacaremos un concurso y la empresa que demuestre más capacidad técnica y económica será la adjudicataria", ha indicado.
La adjudicataria tendrá un año para llevar a cabo los trabajos de campo necesarios para conocer la ubicación concreta de los recursos subterráneos, con lo que en los próximos 14 meses podrían comenzarse las labores de generación de la bocamina, que será "lo único que se verá en superficie" de este recurso ubicado a 500 metros de profundidad, ha insistido.
Al hilo, el consejero ha remarcado la "obligación" del Gobierno de "ser exigente" en las condiciones medioambientales de la mina. "Vamos a estar muy vigilantes para que la explotación solo aporte beneficios y cualquier riesgo ambiental queda absolutamente descartado", ha declarado.
Por ejemplo, el Ejecutivo exigirá que se reponga mineral en la medida que se extraiga zinc o el alisamiento de las cavidades para que no haya interacción con el agua subterránea.
"Nuestra obligación no solo es generar actividad sino velar para que esa actividad no tenga un coste ambiental que deje una hipoteca a las siguientes generaciones", ha reivindicado.
