El Pleno del Ayuntamiento de Ramales de la Victoria ha aprobado este jueves por unanimidad, en su sesión mensual, el cambio de nombre de las calles y espacios públicos que todavía hacían referencia a la Guerra Civil y la Dictadura, dando cumplimiento de este modo a la Ley de Memoria Histórica de 2007. La decisión, que se produce el mismo día en que el PSOE ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para que el Estado tome las medidas necesarias para reconocer y ampliar los derechos de las víctimas, culmina un proceso que se inició en enero de 2016 y que ha contado con la participación de los vecinos.
A través de una urna colocada en las oficinas municipales, el equipo de Gobierno, formado por PSOE y PRC, ha ofrecido durante varios días la posibilidad a todo aquel que lo deseaba de votar por el nuevo nombre de los espacios públicos. El recuento de los 79 votos emitidos apoyaba el cambio de la avenida del General Franco por la de Miguel de Cervantes, mientras que la travesía del General Franco pasa a llamarse calle Dama Roja.
Otros cambios afectan a la calle General Queipo de Llano, que será Gerardo Diego, y la plaza Onésimo Redondo y calle General Mola, que a partir de ahora se llamarán El Ferial. A estos se suma la calle Luis Alonso Otero, que pasa a denominarse Concha Espina.
La votación realizada en el pleno de este jueves da luz verde a la voluntad popular que el equipo de Gobierno, en minoría, ya anunció que iba a acatar. César García, alcalde de Ramales, ha señalado que desde el equipo de Gobierno el cambio ha querido hacerse “con el mayor consenso posible, escuchando las propuestas y el voto de los ramaliegos y ramaliegas, con un amplio consenso y eliminando próximamente la simbología franquista de nuestro pueblo”. García ha añadido que “en un asunto como este no caben enfrentamientos ni acciones maximalistas, no caben críticas estériles y enfrentamientos que no llevan a ninguna parte. Lo que se busca es la convivencia en democracia sin homenajes a quienes no creían en ella”.
Olvido de los débiles
Dicha aprobación por parte del Pleno se ha producido el mismo día en que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso de los Diputados una PNL con la intención de que el Estado tome las medidas necesarias para reconocer y ampliar los derechos de aquellos que “padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura” franquista.
“La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos”, argumentan en el texto los socialistas
“La historia no puede construirse desde el olvido de los débiles y el silenciamiento de los vencidos”, argumentan en el texto los socialistas, que exponen que "la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, su reconocimiento, reparación y dignificación, representa un inexcusable deber moral en la vida política y es signo de la calidad de la democracia”, pues considera que conocer “nuestro pasado reciente contribuye a asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de repetir errores del pasado".
Asimismo, defienden que “el olvido no es opción para una democracia”, y recuerda que, aunque desde 1978 “distintas normas han tratado de reparar la situación de las víctimas del Franquismo”, no fue hasta 2007 cuando se aprobó la conocida como Ley de Memoria Histórica.
“Ésta fue una norma heredera del mejor espíritu de la transición y del principio que nos condujo hacia una democracia estable y consolidada: la concordia”, afirma el PSOE en el texto de la PNL.
Los socialistas, que defienden el carácter de esta ley y su importancia en los últimos años, reconocen sin embargo que es “una tarea inacabada, abrupta e injustificadamente interrumpida”, recordando que “se dejaron de dotar presupuestariamente estas medidas, se suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, y se han frenado los procedimientos para certificar las todavía escasas declaraciones individuales de reparación, entre muchos otros ejemplos”.
“Quedan, en consecuencia, muchas cuestiones pendientes en este ámbito. Cuestiones pendientes y de especial importancia que han sido, además, puestas de manifiesto por el relator especial de Naciones Unidas del Consejo de Derechos Humanos en un informe de agosto de 2014”, defienden los socialistas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista reclama en la PNL, entre otras iniciativas, que se reanuden las “políticas públicas destinadas a la recuperación de la memoria histórica con su correspondiente dotación de las necesarias partidas presupuestarias” y se “retome la expedición de declaraciones de reparación y reconocimiento personal para todas aquellas personas que padecieron persecución y prisión o violencia por razones políticas o ideológicas y, en su caso, constatar la ilegitimidad de las sentencias emanadas de los tribunales ilegítimos”, según el artículo 3 de la Ley.
Asimismo, pide “asumir, en colaboración con el resto de administraciones públicas y las asociaciones, la realización de las actuaciones necesarias para la localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres, removiendo los obstáculos que lo impiden, como ejercicio inexcusable de dignificación que dé por cerrada la herida de las desapariciones forzadas”, permitiendo dar un entierro digno.
Proporcionar un mayor apoyo institucional, legal y financiero a los familiares y asociaciones de víctimas, caminando así hacia una mayor dignificación y reconocimiento de su trabajo es otro de los puntos que se detallan en la PNL, así como “impulsar la retirada de símbolos y monumentos que honran la memoria de los vencedores o conmemoran el conflicto civil o la dictadura”.
