Los Grupos Municipales de PSOE y PRC en el Ayuntamiento de Santander han hecho uso por primera vez del artículo 32 del Reglamento Orgánico del Pleno, por el que la Alcaldía está obligada a convocar un pleno extraordinario si lo solicita la cuarta parte de los concejales de la Corporación, y lo han hecho para que el equipo de Gobierno (PP) informe con "transparencia" de las consecuencias de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2012.
Los portavoces socialista y regionalista, Pedro Casares y José María Fuentes-Pila, acompañados del resto de ediles de sus grupos, han registrado este vienes la solicitud de convocatoria de ese pleno extraordinario representando a más de la cuarta parte de la Corporación, ya que suman 9 de los 27 concejales.
También piden información detallada sobre la negociación y el acuerdo con la Fundación Caja Cantabria
Y lo han hecho después de conocer por los medios de comunicación el pasado miércoles que el Ayuntamiento tendrá que devolver a la Fundación Caja Cantabria 6,9 millones de euros del convenio urbanístico de la parcela de la antigua residencia de Cazoña y que quedó sin efectos tras la anulación del planeamiento por parte del Tribunal Supremo hace ahora casi un año.
Ambos han denunciado que, tras la anulación del plan, el equipo de Gobierno se comprometió a informar "con transparencia e información permanente" de todas las afecciones y situaciones que se produjesen en relación al PGOU y "no lo ha hecho" porque, han criticado, los grupos municipales han conocido por la prensa esa devolución a la que tendrá que hacer frente el Consistorio dos días después de que se hubiese celebrado una Comisión de Urbanismo.
Para Casares y Fuentes-Pila, ante esta situación es su obligación hacer uso del artículo del Pleno que, conjuntamente, les permite forzar la convocatoria de una sesión extraordinaria que, según el Reglamento, la alcaldesa, Gema Igual, deberá fijar fecha para ese Pleno en los próximos 15 días hábiles y, de no hacerlo, "quedará automáticamente convocado en el décimo día hábil siguiente". Es decir, si Igual no lo convoca antes del 17 de noviembre, ese Pleno se celebrará a principios de diciembre.
Además, en base al artículo 32 del Reglamento del Pleno, PSOE y PRC ya han establecido un orden del día para esa sesión, aunque la alcaldesa podrá modificarlos o excluir alguno de ellos siempre que esa decisión sea "motivada".
ORDEN DEL DÍA PARA ESE PLENO
En su solicitud, socialistas y regionalistas proponen seis puntos, comenzado una explicación del equipo de Gobierno sobre las consecuencias de la anulación del PGOU en todos los proyectos contemplados en el mismo y un posterior debate.
La sesión continuaría con información y debate de las modificaciones puntuales ya tramitadas o en proceso, así como las que tenga previsto realizar el equipo de Gobierno.
"Tener que hacer un nuevo plan general de ordenación urbana para Santander es el mayor reto político de esta legislatura"
También piden información detallada sobre la negociación y el acuerdo con la Fundación Caja Cantabria para la devolución de los 6,9 millones de euros del convenio de la residencia de Cazoña, así como la posibilidad de que, dentro del plan de 1997 en vigor y con una modificación puntual, se puedan volver a ampliar los usos de esa parcela y, de hacerlo, qué incidencia tendría en la devolución de ese montante.
Además, quieren que, en esa sesión extraordinaria, el PP informe de la estimación del impacto económico de la anulación del PGOU de 2012 y sobre el expediente de redacción de un nuevo planeamiento y el calendario que se baraja para su tramitación.
Y es que, para Casares y Fuentes-Pila, "tener que hacer un nuevo plan general de ordenación urbana para Santander es el mayor reto político de esta legislatura" y, a pesar de ello, el PP se ha colocado en "una situación escandalosa" al incumplir su "promesa de transparencia e información permanente" porque, según han denunciado, la última vez que se convocó la comisión sobre la anulación del PGOU fue hace 10 meses, el 23 de enero.
"Lo que está haciendo el PP es el mayor engaño político que recordamos en la ciudad", ha denunciado Casares que, tras recordar que el PSOE ya advirtió en 2012 que el hoy anulado PGOU era "irreal e "ilegal", ha dicho que los 'populares' dijeron que "no habría consecuencias para los santanderinos pero eso era falso y la anulación costará millones de euros".
"SITUACIÓN INSOSTENIBLE"
En la misma línea, Fuentes-Pila ha manifestado que "la situación es insostenible" y, por ello, "son muchas las explicaciones que tiene que dar el Ayuntamiento respecto a las consecuencias económicas y urbanísticas de la anulación del Plan", y de la que los 'populares' dijeron "reiterada y sistemáticamente que no tendría prácticamente ninguna consecuencia y que no iba pasar absolutamente nada".
Sin embargo, el portavoz del PRC ha señalado que las consecuencias se están dando "gota a gota y afectando a los intereses de los santanderinos" y, por ello, como grupos mayoritarios de la oposición, PSOE y PRC deben de exigir "explicaciones y responsabilidades" para que no continúe la "cascada de despropósitos escandalosa que estamos contemplando en las últimas semanas" y que no sólo son consecuencia del anulado PGOU sino de la "mala gestión del PP".
Fuentes-Pila ha manifestado que "la situación es insostenible"
Para Casares, en ese pleno extraordinario y monográfico, los 'populares' "se van a ver obligados a decir la verdad y no sólo a los concejales sino también a todos los ciudadanos de Santander". "Hemos hecho uso de ese artículo 32 del Reglamento del Pleno para poner punto y final a este engaño y para que se empiece a construir el futuro de Santander con la verdad", ha añadido el portavoz socialista.
"No vamos a permitir más engaños y, por eso, pedimos a la alcaldesa de Santander y al Partido Popular que convoque este pleno lo antes posible para empezar a construir un relato real de lo que está pasando", ha continuado Casares.
Para concluir, ha indicado que, en el borrador del presupuesto de 2018, el equipo de Gobierno ha metido ya, "al menos que sepamos, tres millones de euros como consecuencia de la anulación del PGOU", de los que dos serán para la compensación a la Fundación Caja Cantabria, 500.000 euros para empezar a redactar el nuevo plan general y otros 500.000 euros "para un proyecto anulado que no sabemos cuál es".
