Los cursos de formación con cargo al Fondo Social Europeo (FSE) y a las arcas públicas tienen una serie de controles que, en mayor o menor medida, permiten conocer si se da un buen uso del dinero de todos los ciudadanos. Pero no es difícil burlar ese control. Y lo que es peor, se hace aprovechando la difícil situación por la que pasan muchos profesores, que se han visto abocados a hacerse autónomos y que no encuentran muchas posibilidades de impartir su materia.
El método empleado es el de un doble contrato que permite desviar los fondos públicos que, en principio, están destinados exclusivamente a los “gastos subvencionables” que contemplan las órdenes con las que el Gobierno de Cantabria realiza las convocatorias. Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, un profesor tuvo que firmar dos contratos casi idénticos para poder trabajar impartiendo un curso de idiomas. La única diferencia está, precisamente, en el sueldo, así como en pequeños detalles que dan cuenta del carácter de cada uno de los contratos.
Ambos tienen la misma fecha, afectan a las mismas partes y tienen exactamente las mismas cláusulas. Sin embargo, aquel que fue presentado al Servicio Cántabro de Empleo estipula un importe de 45 euros por hora de impartición de clases, y recoge los datos concretos del curso, la orden del Gobierno regional a la que hace referencia y una duración del contrato de menos de dos meses, que coincide con la duración del mencionado curso.
Pero junto a este contrato ‘oficial’ se llevó a cabo otro de corte privado en el que el centro de formación indica que “el importe del presupuesto del contrato es de 25 euros la hora”. Asimismo, la duración del contrato se extiende durante más de nueve meses, de marzo a diciembre, a pesar de que la relación laboral, dado que es un autónomo quien la imparte, comienza y finaliza con el propio curso. Una diferencia de 20 euros que, para el Servicio Cántabro de Empleo, está destinada al profesorado, pero que en realidad nunca llega a manos de los que imparten los cursos de formación.
Más de 1.000 euros desviados
El modo en que se desvía este capital público queda justificado en todo momento de forma documental, lo que facilita seguir su rastro. Así, la factura que el profesional de la enseñanza, autónomo, presenta al centro de formación específica un total de 2.250 euros por las 50 horas impartidas del curso de idiomas, a lo que se resta la correspondiente retención de IRPF.
Pero si el profesor del curso de formación se atiene al contrato en el que se detalla un salario de 25 euros/hora, la cuantía desciende hasta los 1.250 euros, lo que arroja una diferencia de 1.000 euros que necesita argumentarse. Pero, ¿de qué modo puede el centro de formación ocultar dicha diferencia?
La respuesta hay que buscarla en los cursos que estos profesores reciben como complemento a su contrato, y que ni siquiera llegan a cursar. El precio de estos cursos, como se detalla en las facturas emitidas por el propio centro de formación, es de 1.000 euros, que coincide con la diferencia entre los contratos. El resultado es que el profesional autónomo recibe un ingreso oficial de 2.250 euros menos el IRPF, pero al mismo tiempo debe devolver a la empresa 1.000 euros en concepto de un curso que ni siquiera está relacionado con su especialidad, como es el caso del titulado “Ergonomía y ambiente físico del lugar de trabajo”, de una duración de 50 horas en la modalidad formativa presencial. Dicha devolución se produce por transferencia bancaria.
El resultado final para el profesor es que debe pagar una parte de su salario por poder trabajar; para el Servicio Cántabro de Empleo, es un desvío de fondos destinados a la formación de desempleados, cuyo destino se desconoce. Esta práctica, aplicada a todos los contratos con los profesores, da como resultado miles de euros desviados.
Poco control público
La asistencia de los alumnos a clase, la justificación de gastos determinados como subvencionables y la publicidad de las acciones cofinanciadas por el FSE son las únicas herramientas que el Servicio Cántabro de Empleo utiliza para controlar el destino de su financiación. Sin embargo, no existe ningún tipo de supervisión de lo que se destina al profesorado, salvo el propio contrato que el centro de formación debe presentar para solicitar el curso, y que debe ajustarse a las condiciones de la Orden.
De hecho, la propia Orden ni siquiera contempla acciones concretas con respecto al profesorado. Según ha podido saber este diario, el proceso para pedir las subvenciones se desarrolla por “concurrencia competitiva”, y se otorgan en función de la “puntuación obtenida para cada especialidad”. “La suma total del coste de las acciones adjudicadas deberá ajustarse al importe convocado”, han asegurado fuentes de la Consejería de Economía y Empleo.
La forma de justificar la recepción de estas ayudas es siempre documental en los “términos establecidos en un Manual elaborado al efecto”, han explicado esas mismas fuentes, aunque en ningún caso se plantea la posibilidad de una justificación de los profesores, que como autónomos también la necesitan.
Por otro lado, la puntuación se otorga en función de aspectos como la “inserción de alumnos en anteriores ediciones formativas”, “especialidades prioritarias en función del mercado laboral”, la “localidad de impartición”.
El pago de esta subvención, si es con cargo al FSE, se realiza de forma fraccionada. Primero se ingresan dos anticipos, uno del 25% “una vez que hay resolución a favor”, y otro del 35% “al inicio de la acción formativa”. El resto, un 40%, se abona “una vez finalizada y justificada la acción formativa”.
Según detalla la Consejería, los centros formativos tienen tres meses de plazo para justificar la relación de gastos de la acción subvencionada, así como los gastos generados. Uno de ellos es la realización de estos cursos a los que los profesores deben acceder si quieren poder trabajar.
