Este martes representantes de la Asociación AMA han mantenido un encuentro con la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, y el director general de Urbanismo, Francisco González, para realizar un seguimiento de la situación en la que se encuentran los afectados por sentencias de derribo. Durante dicha reunión, según ha explicado el presidente de la Asociación, Antonio Vilela, en una entrevista a eldiariocantabria, se ha anunciado que los presupuestos contemplan una partida de 4 millones de euros más otra extraordinaria para abordar esta problemática, una cantidad “claramente insuficiente” ante los 60 millones que el Ejecutivo autonómico contempla como cantidad necesaria total.
Vilela también ha expuesto su preocupación por la situación política y la inestabilidad en el Gobierno cántabro generada por los problemas internos en el PSOE. En este sentido, ha avanzado que durante este martes se iba a reunir con el secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, para trasladar esas inquietudes, que pasan fundamentalmente por evitar que lo logrado durante esta legislatura no quede en papel mojado y obligue, ante un posible cambio de los integrantes del equipo de trabajo, a comenzar todo el proceso de nuevo.
¿Qué valoración hace de la reunión con el Gobierno de Cantabria?
Teníamos interés en esta reunión porque nos ayuda a realizar un seguimiento para buscar alternativas y sobre todo para buscar soluciones para los afectados por las sentencias de derribo, y poder dar pasos adelante. De todas maneras, tengo que decir que salimos muy preocupados de la reunión por dos motivos.
Cuando se trabaja con un equipo y se fijan unas situaciones, no se acaba de entender que la inestabilidad del propio Gobierno le pueda pasar factura a ese trabajo
La primera es porque cuando se trabaja con un equipo y se fijan unas situaciones, no se acaba de entender que la inestabilidad que tiene el propio Gobierno le pueda pasar factura a ese trabajo y que lleguen situaciones que no son queridas por nadie. Queda muy poco tiempo para acabar la legislatura y tenemos pendiente una reunión con todos los ayuntamientos afectados, con el Gobierno, la vicepresidenta y las consejerías afectadas para fijar un calendario definitivo en esta legislatura con el fin de cerrar las sentencias de derribo tal y como lo ha aprobado el Parlamento de Cantabria en la declaración institucional, que dice claramente que se tiene que dar una solución a los afectados, que tiene que ser sin pérdida de patrimonio y que tiene que ser en esta legislatura. Eso es lo que pretendemos con ese calendario, porque si no hablamos siempre de hipótesis que no se cumplen.
Y por otra parte, el otro gran problema es la financiación. No nos podemos pasar la vida haciendo planes y diciendo lo bonitas que son las cosas y no asumir luego las responsabilidades a las que están condenadas las administraciones. Y si realmente no hay ese dinero, estamos haciendo castillos en el aire.
¿En los presupuestos esa financiación está incluida?
Se han incluido 4 millones de euros, que es claramente insuficiente. Nos han dicho también que iba a haber otra partida extraordinaria para trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento de Arnuero y con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para ver si se puede hacer en 2018 la licitación de las viviendas de nueva construcción en Arnuero y el presupuesto para ellas. Pero realmente el presupuesto que nos han dado a nosotros es de 4 millones, y desde luego eso no llega para dar soluciones. Y en cuanto a lo que había pendiente de ese crédito extraordinario que podría venir desde Madrid, lo que nos han dicho es que la situación está como está, con la deuda de Valdecilla y Comillas que se está pidiendo, y la nuestra debe estar en el último lugar en esas peticiones.
¿Han cuantificado exactamente la cantidad de dinero necesaria para todos los afectados?
Ha sido el propio Gobierno el que ha cuantificado en 60 millones de euros la cantidad necesaria para hacer frente a las responsabilidades, y eso sin incluir el suelo de las viviendas.
Si hay un representante que ha sido elegido democráticamente por sus afiliados nosotros hablaremos con él y le transmitiremos las inquietudes
La reunión ha sido con Díaz Tezanos, entre otros cargos del Gobierno. ¿La inestabilidad generada en el Ejecutivo lleva a pensar que lo trabajado se pueda perder por el problema en el PSOE?
Claro. Lo que no puede ser es que afecten a los ciudadanos los problemas internos de los partidos. Si están más ocupados en resolver los problemas propios antes que los de los ciudadanos, mal vamos, y si encima eso repercute de una manera total en los cambios de equipos cuando falta poco para acabar la legislatura, nos pone en una mala situación, a no ser que haya una alternativa, que se ponga encima de la mesa y que dé solución real a los afectados y a todos los ciudadanos.
Pero la situación que hay en este momento, por parte de la Asociación AMA y de los afectados, es de tremenda preocupación porque vemos que el trabajo que llevamos haciendo desde hace dos años y medio puede quedar en nada y volvemos a estar igual que en las legislaturas anteriores, que por una cosa u otra nunca se solucionan los problemas. Lo único que crea a los ciudadanos de Cantabria es más duda, y a los afectados por sentencias de derribo un grave problema de seguridad jurídica y sobre todo de miedo y sufrimiento por no tener solucionado algo tan importante como su vivienda.
El presidente dice que el acuerdo de Gobierno es entre partidos. ¿Va AMA a iniciar un camino de acercamiento a Zuloaga y su equipo?
Nosotros nos hemos caracterizado siempre por el diálogo con todas las instituciones y con todos los partidos. Si hay un representante que ha sido elegido democráticamente por sus afiliados nosotros hablaremos con él y le transmitiremos las inquietudes que tenemos en este momento. Y la inquietud es que hay que dar estabilidad para poder acabar en esta legislatura con la situación que tenemos, y eso lo haga como crea más oportuno, pero hay que dar solución a los afectados, y para ello tiene que cumplirse las premisas que se están dando, y es que se aprueben los planes generales en los ayuntamientos, que haya presupuesto por parte del Gobierno y que los equipos que están trabajando o los nuevos que se puedan incorporar lo hagan en la función de lo que se hace actualmente. Es un mandato de todos los ciudadanos de Cantabria a través de una declaración institucional con la unanimidad de todos los partidos del Parlamento.
La situación es preocupante por los retrasos en la aprobación de los planes generales y porque hay algunos casos que no se entienden
¿Es optimista? ¿Cree que la solución está ahora más cerca que hace unos meses?
Es difícil de contestar. Si seguimos el cauce que tenemos en este momento y somos capaces de crear un calendario y tener financiación, estaremos más cerca. Si volvemos a marear la perdiz hablando de situaciones que luego no se concretan nunca, volveremos a engañar a los afectados y a todos los ciudadanos de Cantabria.
Menciona la situación de los ayuntamientos. ¿Cómo es exactamente?
Realmente la situación es preocupante, primero por los retrasos en la aprobación de los planes generales. Luego porque hay algunos casos que no se entienden. En Escalante hace dos años que estamos esperando un informe jurídico que diga cómo tiene que quedar la situación para que ese plan se apruebe definitivamente. Parece que no hay acuerdo entre Gobierno y Ayuntamiento, y eso provoca un retraso injustificado. Es una cuestión de voluntad política, porque está terminado y se está retrasando para llevarlo ante los jueces. Y los afectados no lo entendemos.
Por otra parte, estamos preocupados por Argoños. Parece que en la última reunión que tuvimos en el Ayuntamiento el equipo redactor habló de unos plazos muchísimo más amplios que los que estaban previstos, y que no se justifican de ninguna manera y que a nosotros nos parece una irresponsabilidad de ser así. Desde el Gobierno nos dicen que esos plazos se pueden acortar, pero eso tenemos que aclararlo. En este caso la responsabilidad pasa por dos partes: el Gobierno de Cantabria, que tiene que terminar de desarrollar el PORN para saber en qué situación quedan las viviendas, y el Ayuntamiento de Argoños, que tiene que ir acometiendo los trabajos y no puede quedarse mirando a lo que hace el Gobierno. No puede ser que se dilate en el tiempo y que, cuando se nos ha dicho que el PGOU de Argoños iba a estar aprobado en enero o febrero de 2018, ahora se nos diga que puede retrasarse hasta 2019. Es inasumible para los afectados y para cualquier ciudadano.
En Arnuero es donde más se ha avanzado y donde más se puede avanzar. 2018 es un año clave
Y luego está Piélagos. Se acaba de coger el equipo redactor y al Plan General aprobado inicialmente hay más de 1.100 alegaciones, lo que representa una complicación bastante potente en el propio desarrollo. Lo que pedimos es que se dé todo el apoyo posible para que se avance lo más rápidamente posible, primero para dar soluciones a los afectados pero también a todos los ciudadanos de Piélagos, que después de más de 40 años tienen derecho a un PGOU que les dé seguridad jurídica.
Por último, en Arnuero es donde más se ha avanzado y donde más se puede avanzar. 2018 es un año clave para Arnuero porque es la fecha en la que la Sala de lo Contencioso-Administrativo y Arca pusieron como límite para el acuerdo entre las partes para la sustitución de las viviendas. Por eso creemos que el próximo año se tienen que edificar esas viviendas y tienen que estar comprados esos terrenos. Se ha avanzado mucho. Ya existe un plan general, un plan parcial aprobado, pero la Consejería de Vivienda es la que tiene que hacer esas viviendas alternativas y que realmente se vea el trabajo ante el demandante y los jueces y que se está haciendo con seriedad la ejecución de sentencia.
