R. M. R., el auxiliar de vuelo santoñés de 24 años acusado de violar a un niño ovetense durante dos años, entre 2012 y 2014, cuando el niño tenía entre 5 y 7 años. La familia del menor asegura que el acusado aprovechaba que el abuelo le tenía alquilada una habitación de su piso para abusar del niño.
Sin embargo, el acusado negó haber tocado a la víctima: "Nunca me quedaba solo con el niño", aseguró durante la vista del juicio, que continúa con la comparecencia de los peritos psicólogos que examinaron al menor. Preguntado por los motivos que podrían llevar a la familia a denunciarle, el acusado sugirió que quizás "buscasen dinero".
El abuelo de la víctima alquiló una habitación al acusado durante toda la carrera de éste en la Universidad de Oviedo. La cercanía con su casero llegó a ser tal que se le consideraba un miembro más de la familia
El abuelo de la víctima alquiló una habitación al acusado durante toda la carrera de éste en la Universidad de Oviedo. La cercanía con su casero llegó a ser tal que se le consideraba un miembro más de la familia. Por eso no es extraño que el acusado se quedase con el menor cuando el abuelo iba a hacer algún recado o que compartiese los espacios comunes de la vivienda -algo que el acusado niega-, según sostiene la acusación particular, que ejerce la familia del menor.
Los expertos mantienen que el relato del menor es cierto
Era en esos momentos cuando se producían las agresiones sexuales. En el escrito del fiscal, que apoya la acusación particular, se señala que el acusado obligaba al menor a realizarle felaciones, en algunas ocasiones bajo amenaza de golpearle.
La denuncia por agresión sexual la puso la madre del menor, después de que éste le contase lo que le hacía el joven estudiante. Al enterarse, el abuelo lo echó de la vivienda.
La denuncia por agresión sexual la puso la madre del menor, después de que éste le contase lo que le hacía el joven estudiante
El examen de los peritos psicólogos fue realizado siete meses después de la denuncia de los hechos. Los expertos sostienen que el contenido del relato del menor es cierto y que las agresiones sexuales existieron. Consideran que los aspectos sexuales que describe el niño no se los ha podido inventar. En lo que respecta a la autoría, sin embargo, no pueden dar seguridad absoluta de que los hechos que describe el menor fuesen obra del acusado, ni descartar que fuese otra persona la que obligase al niño a realizar esos actos.
Por su parte, el fiscal y la acusación particular, que están convencidos de su culpabilidad, solicitan una condena de trece años y medio de cárcel, así como el pago de una indemnización de 30.000 euros por daños morales para el menor, que ahora tienen nueve años. La defensa pide, por el momento, la libre absolución.
Aparte de la pena de prisión y del pago de responsabilidades, las acusaciones solicitan que los magistrados impongan al acusado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros del menor, de su domicilio, centro de estudios o cualquier lugar que sea frecuentado por él, y la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio, todo ello durante 20 años. Además, solicitan que se le imponga la medida de libertad vigilada, con obligación de someterse a programa de educación sexual, por un periodo de seis años.
