jueves. 28.03.2024

El diputado del PP y exconsejero de Obras Públicas, Francisco Rodríguez Argüeso, ha denunciado que la opción tomada por el Gobierno para resolver el contrato del puerto de Laredo es "la más beneficiosa" para la concesionaria, es decir, para las dos empresas que construyeron el puerto, y la más lesiva para los intereses de la administración regional porque "va a costar más dinero a los cántabros".

En rueda de prensa, Rodríguez Argüeso ha arremetido contra la decisión del Gobierno de renunciar a resolver el contrato por incumplimiento de la concesionaria, como proponían los servicios jurídicos de la Consejería en un informe de 300 hojas.

Rodríguez Argüeso ha reprochado a su sucesor, el regionalista José María Mazón, que haya "dilapidado" el trabajo de los jurídicos de la consejería al desechar esta propuesta, y sin embargo, haya hecho caso al informe del Consejo de Estado, que no considera causa de resolución los incumplimientos del concesionario esgrimidos en el expediente iniciado por el anterior Gobierno de Cantabria.

El exconsejero ha puntualizado que se trata de un informe preceptivo pero no vinculante, que "sólo" tiene 14 hojas frente a las "miles de páginas" del expediente. Un informe con "sólo" tres páginas de fundamentos jurídicos, cuyas conclusiones ha dicho que "respeta pero no comparte".

A la vista de las recomendaciones de este órgano consultivo, Mazón ha firmado una resolución por la que acuerda no resolver el contrato conforme al procedimiento que encontró en marcha a su toma de posesión, para iniciar uno y proceder a la resolución en base a la apertura, el 17 de noviembre de 2014, de la fase de liquidación del concurso de la concesionaria.

Rodríguez Argüeso ha denunciado que eso es "lo que ha buscado la concesionaria desde el principio" y ha destacado que el trabajo de los jurídicos de la Consejería "ha evitado una sangría de decenas de millones de euros para el Gobierno de Cantabria".

Tribunales

En este sentido, ha señalado que la concesionaria primero pidió una cuenta de compensación que el anterior Gobierno estuvo "a punto de firmar" y que los tribunales declararon "ilegal y lesiva para los intereses de Cantabria".

Y ha añadido que la Justicia también dio la razón al Gobierno al rechazar la resolución del contrato por causas imputables a la administración, con lo que el trabajo de los jurídicos de la Consejería permitió "salvar 67 millones de euros".

"Hasta ahora han ganado seis de seis sentencias", ha recalcado Rodríguez Argüeso, quien considera que el Gobierno tenía que haber defendido "hasta las últimas consecuencias" en los tribunales la propuesta del instructor del expediente en lugar de "abandonar la lucha por evitar pagar millones de euros a la concesionaria".

Millones de euros que "habrá que quitar del empleo y de los que más lo necesitan", ha apostillado el diputado del PP, que ha pedido explicaciones a Mazón y ha anunciado que este tema "va a dar mucho que hablar en los próximos meses en el Parlamento".

Respuesta de Mazón

A través de un comunicado, el consejero de Obras Públicas y vivienda, José María Mazón, ha querido responder a las acusaciones de Argüeso, asegurando que su departamento "respetará la legalidad" en el procedimiento abierto para la rescisión del contrato de la empresa concesionaria de la gestión del puerto de Laredo y "acatará" las recomendaciones del Consejo de Estado "para preservar el interés de Cantabria y evitar recursos y pleitos en el futuro".

"El Gobierno de Cantabria no se ha saltado a la torera un informe del Consejo de Estado desde la época de Hormaechea y no lo va a hacer ahora, por más que eso ponga en evidencia la gestión realizada en este asunto por el anterior consejero de Obras Públicas", ha asegurado.

En contra de las manifestaciones de Rodríguez Argüeso, el consejero de Obras Públicas ha recalcado que su departamento "no tiene más interés que hacer las cosas, en beneficio de los cántabros", por lo que iniciará un nuevo procedimiento para rescindir el contrato de gestión del puerto de Laredo conforme a las recomendaciones del órgano consultivo.

Mazón ha recalcado que con este procedimiento, el Gobierno cántabro "llegará al mismo resultado y rescatará la concesión, pero lo hará con todas las garantías y todos los argumentos jurídicos a su favor".

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