lunes 29/11/21
VIVIENDA

El PP bloquea la posibilidad de que Santander incorpore un protocolo antidesahucios

La plataforma Stop Desahucios denuncia la “falta de sensibilidad social” y la “errática gestión” del equipo de Gobierno municipal al no apoyar el documento presentado por el colectivo, que sí apoyan el resto de partidos y la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

Miembros de la plataforma Stop Desahucios
La plataforma Stop Desahucios, durante una ejecución

Durante el pasado mes de noviembre la plataforma Stop Desahucios ha llevado a cabo una serie de reuniones con los partidos en el Ayuntamiento de Santander para presentarles un protocolo antidesahucios. El objetivo es lograr no solo el compromiso político con este documento, sino que se adopten una serie de pasos para lograr que, en un futuro, no se produzcan desahucios en la capital de Cantabria. El documento, según la plataforma, ha contado con el apoyo de todos los grupos municipales, “aunque hay matices” como el de Ciudadanos, cuyo apoyo ha sido “menos determinante”.

Estos matices no han existido en la postura del partido que rige el Consistorio, el PP. No hay matices porque, según Stop Desahucios, la formación ha bloqueado este protocolo, lo que a su juicio demuestra una “falta de sensibilidad social” y una “errática gestión” tanto del equipo de gobierno municipal en general como de la concejala de Servicios Sociales, María Tejerina, en particular.

“Con la excepción del grupo popular, todos los grupos municipales han mostrado su apoyo a dicho documento”, ha afirmado la plataforma en un comunicado, por lo que ha asegurado que mantiene su hoja de ruta para aprobar el protocolo.

“Con la excepción del grupo popular, todos los grupos municipales han mostrado su apoyo a dicho documento”, ha afirmado la plataforma

Como explica Stop Desahucios, el pasado 14 de diciembre se celebró una reunión de la plataforma y el grupo de exclusión social del Ayuntamiento de Santander, en el que están representados todos los grupos municipales. Lo que inicialmente iba a ser un encuentro para analizar la viabilidad jurídica del documento, pues los ‘populares’ “tenían dudas al respecto”, se convirtió en un “debate insustancial”, modificando “de forma unilateral por la titular de servicios sociales” el contenido y el formato de la reunión.

La portavoz de la plataforma, Ruth Deguas, ha denunciado que “no se puede debatir sobre una alternativa inexistente al protocolo de la plataforma”, y ha criticado que el documento presentado por Tejerina es un “corta y pega” del protocolo de la plataforma, pero suprimiendo en su totalidad los recursos habitacionales y las ayudas directas, así como la Oficina de Defensa de la Vivienda, organismo fundamental para llevar a cabo los objetivos del protocolo. 

En opinión de la representante del colectivo, “los servicios sociales están colapsados y no pueden atender el volumen de afectados y es inviable que el Ayuntamiento pretenda que el servicio de mediación del colegio de abogados pueda cubrir las necesidades constatadas”.

“Un servicio sin apenas funciones y generalista que ha atendido en 2016, según sus propias memorias, a 12 afectados. Cuatro horas a la semana para atender casos de clara, Emergencia Social es insuficiente, dada la cantidad de recursos que requieren los procesos de ejecución hipotecaria. Si las familias en riesgo de desahucio no acuden a dicho servicio es porque no supone una ayuda inmediata.”, ha explicado Deguas.

Texto mal desarrollado

La plataforma Stop Desahucios ha criticado igualmente que el texto ‘alternativo’ presentado por la Concejalía de Servicios Sociales “no está bien desarrollado”, con “enunciados vacíos de contenido, sin datos y sin los recursos necesarios para el funcionamiento del protocolo”, lo cual refleja una clara “falta de sensibilidad social”, además de una “errática gestión”.

La plataforma Stop Desahucios ha criticado igualmente que el texto ‘alternativo’ presentado por la Concejalía de Servicios Sociales “no está bien desarrollado”

Para la portavoz “no existe intención de negociar, de debatir, porque para poder hablar sobre un documento, éste debe ser serio y riguroso en sus contenidos, como lo es el presentado por la Plataforma Stop Desahucios, que incluso ha recibido una valoración muy positiva por parte de los propios técnicos de servicios sociales presentes”.

Como recuerda el colectivo, según el Consejo General del Poder Judicial, en los últimos cuatro años, del 2013 al tercer trimestre de 2016, ha habido 2.689 lanzamientos (desahucios), siendo en Cantabria 799 desahucios o lanzamientos en 2015 (311 fueron por ejecución hipotecaria, 462 por impago de alquiler y 26 por otros procedimientos).

En 2016, la tendencia estadística indica una reducción en torno al 8% durante los tres primeros trimestres (600 en 2015 por 549 en 2016). Según la plataforma, el 80% de los lanzamientos sería de viviendas. La extrapolación al municipio de Santander indicaría un número de lanzamientos de vivienda en torno a los 300-350 lanzamientos anuales.

Ciudadanos “tendrá que mojarse”

Para Ruth Deguas, “la responsabilidad recae en Ciudadanos, que deberá definir su postura. Si realmente son sinceros en el apoyo al protocolo, y quieren ser coherentes, deberán votar a favor de las alegaciones. Eso implicará llevar la contraria al equipo de gobierno. Desde la plataforma les pedimos que demuestren su independencia con respecto al Partido Popular”.

El grupo municipal de C’s ha expresado que se podría aprobar el desarrollo del protocolo mediante un expediente extraordinario de modificación de presupuestos. Sin embargo, para la plataforma esa posibilidad es “inviable” ya que necesitaría del acuerdo del equipo de gobierno.

Apoyo de la Consejería de Vivienda 

La oposición del PP contrasta con el apoyo de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas, que ha dado el visto bueno al protocolo tras una reunión celebrada en los últimos días. 

Según la plataforma, otra de las cuestiones que han tratado es la necesidad de especificar en el protocolo de forma pormenorizada los casos de afectados que no posean título que acredite la ocupación de una vivienda. Por último, en la Consejería entienden que existe un problema de coordinación y que, por ello, tendría que incorporarse un acuerdo por escrito donde se establezca la colaboración entre Ayuntamiento y Consejería de Vivienda.

Una de las cuestiones que entienden tanto en la plataforma como en la Consejería es la necesidad de tener informes sociales que avalen las ayudas dirigidas a los afectados que han sufrido un lanzamiento de su vivienda o que se encuentran en riesgo de desahucio. Esos informes, obligatorios para gestionar las ayudas, ya sean de alquiler social o ayudas directas al alquiler, deben realizarse de forma inmediata cuando existe la posibilidad de un desahucio inminente. Por ello, entienden muy razonable la existencia de un órgano, como la Oficina de Defensa de la Vivienda, que coordine las actuaciones y emita dichos informes.

El protocolo antidesahucios

Según el documento elaborado por la plataforma, el objetivo es conseguir a medio plazo que el número de desahucios o lanzamientos en la ciudad de Santander para personas sin recursos sea “igual a CERO”. El número de familias afectadas del municipio que podrían acudir a los servicios que ofrece el protocolo podría estar en torno a las 700 (dos últimos años), aunque en el mismo se contempla un número de usuarios alrededor de 150 para el primer año. 

En el documento de 18 páginas se desarrollan de forma muy específica los recursos legales, económicos y organizativos para llevar a cabo todas las medidas. Incluso se concretan aspectos como la situación habitacional y judicial, así como el perfil económico y condiciones de especial vulnerabilidad de los beneficiarios.

Además de los recursos habitacionales contenidos en el documento (alquiler social y ayudas al alquiler), se promueve la creación de la Oficina de Defensa de la Vivienda en el Ayuntamiento de Santander. Dicha oficina, integrada por dos personas que ejercerán labores de asesoramiento jurídico y  trabajo social, se ocupará de intervenir en cada caso y coordinará las actuaciones del día a día. Y es que en el documento también se proponen órganos de coordinación más amplios, con la participación de colectivos sociales y políticos. 

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