miércoles 25/5/22
TRIBUNALES

Posible prevaricación en una obra ejecutada sin contrato durante el gobierno de Cortina en Astillero

Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Astillero a pagar casi 60.000 euros por esta actuación irregular que se realizó con un contrato verbal, y eleva el caso al Ministerio Fiscal al ver posibles indicios de varios delitos, entre ellos el fraude de subvenciones.

El proyecto "encargado en el seno" del Consistorio recibió financiación autonómica cuando el 'popular' Ignacio Diego era presidente de Cantabria.

Carlos Cortina e Ignacio Diego, durante una inauguración en Boo de Guarnizo
Carlos Cortina e Ignacio Diego, durante una inauguración en Boo de Guarnizo

Un nuevo presunto caso de prevaricación y fraude de subvenciones salpica al PP de Cantabria y, en concreto, al de Astillero. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Astillero, actualmente regido por PRC y PSOE, a pagar casi 60.000 euros a la empresa ASFIN por una obra ejecutada sin ningún procedimiento de contratación durante la anterior legislatura, en la que gobernó el ‘popular’ Carlos Cortina y que tuvo al expresidente del PP, Ignacio Diego, como líder del Ejecutivo cántabro, bajo cuyo mandato se subvencionó dicha obra.

Pero la sentencia no se limita a imponer el pago al Consistorio. En el escrito el juez Juan Varea señala que “no corresponde a esta jurisdicción calificar estos hechos ni averiguar los posibles responsables, pero sí procede dar cuenta al Ministerio Fiscal pues los hechos podrían encajar en el tipo de prevaricación administrativa y fraude de subvenciones, sin perjuicio de otras calificaciones”.

No es la primera acusación de prevaricación contra el Ayuntamiento de Astillero o contra el anterior regidor. De hecho, el pasado mes de diciembre de 2016 un juzgado rechazaba el recurso de Cortina para evitar su imputación por este delito y por tráfico de influencias, tras la denuncia presentada por PSOE e IU por irregularidades en la contratación y pagos a la hermana de una trabajadora municipal, a la que el Ayuntamiento abonó 100.000 euros en cuatro años, y que también está imputada en la causa.

La sentencia detalla que el contrato que se realizó entre el Ayuntamiento y la citada empresa es "verbal, no formalizado ni para cuya adjudicación se ha seguido procedimiento alguno"

Contrato verbal no formalizado

En la sentencia dada a conocer este viernes, fechada el 22 de mayo, se estima íntegramente la demanda de la empresa, y anula las resoluciones por las que el Ayuntamiento rechazó, el año pasado, la reclamación del pago de esta factura de 59.365 euros correspondiente a las obras de pavimentación del Barrio de San Camilo de Guarnizo, alegando "la falta total de procedimiento y de encargo".

Asimismo, impone las costas al Ayuntamiento, que puede recurrir en apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).

En el escrito, el magistrado especifica que el contrato que se realizó entre el Ayuntamiento y la citada empresa es "verbal, no formalizado ni para cuya adjudicación se ha seguido procedimiento alguno". De hecho, y según las declaraciones, “se reconoce abiertamente que no ha habido”. Independientemente de las irregularidades administrativas que pudieran generarse, así como de sus responsabilidades, la sentencia considera "indudable" que las obras se han ejecutado y que el ayuntamiento "ni las ha rechazado ni ha demolido la obra", sino que las ha recibido y las usa.

Tampoco existen dudas de que la obra "se ha encargado en el seno del Ayuntamiento, por su personal, con conocimiento del mismo y de las autoridades competentes", como se puso de manifiesto en el juicio, en el que declararon el concejal de Obras en ese periodo, el arquitecto municipal titular y los dos técnicos interinos contratados para esta obra, al amparo de la subvención otorgada por el Gobierno regional al Ayuntamiento para un proyecto de mejora de espacios públicos.

Una técnico interina declaró que las obras las encargó ella para ejecutar el proyecto porque "no tenía medios suficientes", y que para ello, contactó con tres empresas, pidió presupuestos, negoció y se encargó a ASFIN, todo ello "manteniendo reuniones con el concejal".