La sorpresa ha sido la tónica general en distintas sedes del Gobierno de Cantabria este jueves cuando agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional han requisado información relacionada con los centros de formación en la Comunidad Autónoma. En concreto, con su homologación desde el año 2007 hasta la actualidad. La sede central, en la calle Peña Herbosa, y los centros del Servicio Cántabro de Empleo y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) fueron los espacios públicos en los que la Udef solicitó expedientes de contratación y las puntuaciones de las academias en concepto de accesibilidad universal.
Por su parte, el Gobierno de Cantabria se ha puesto a disposición de la Fiscalía para aportar toda la documentación adicional que precise. Sin embargo, el bipartito no se plantea abrir una investigación interna porque no ha recibido ninguna denuncia con pruebas. A la vez, traslada su "tranquilidad" y su voluntad de "absoluta transparencia". "Si hay alguna irregularidad, que se proceda", han señalado fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.
"Se les ha facilitado toda la información que nos han solicitado, y nos hemos puesto a su disposición si necesitan algo más", han explicado las mismas fuentes.
No es la primera vez que las academias de formación para el empleo en Cantabria se ven envueltas en irregularidades. En diciembre de 2015 este diario ya publicó los métodos de contratación de uno de estos centros, que obligaba a los profesores que contrataba a firmar cursos que no solo no tenían nada que ver con su especialidad, sino que ni siquiera se impartían, incluyéndoles en su sueldo el coste de estos cursos que, posteriormente, debían devolver.
Pero no es esta la única irregularidad. Un profesor denunciaba ese m7ismo mes a este medio que un centro de formación utilizaba un doble contrato que presuntamente permitía a la academia desviar fondos públicos. El profesional que imparte los cursos debía firmar dos contratos diferentes en los que el único cambio era el sueldo a percibir.
Mientras que el documento presentado a la Administración contemplaba un importe de 45 euros la hora, el que finalmente se quedaba el profesor era de 25 euros la hora. La diferencia nunca llegaba a manos del profesional, y el modo de justificarlo era, precisamente, con los cursos que los profesores reciben como complemento.
