jueves. 28.03.2024

Podemos ha presentado enmiendas a la proposición no de ley del PP para modificar la Ley del Suelo de Cantabria y regular el derecho al realojo, por las "catastróficas" consecuencias que a juicio del partido morado tendría la propuesta 'popular' y al considerar también los podemitas que dicho derecho debe quedar "blindado" frente a la "especulación".

Para ello, el grupo parlamentario ha registrado 14 enmiendas, que en la práctica constituyen una a la "totalidad", porque con ellas se modificaría "absolutamente todo" lo planteado por la principal formación de la oposición, y se propiciaría además un modelo de urbanismo "al servicio de las personas".

Así lo han defendido los diputados podemitas José Ramón Blanco y Verónica Ordóñez en una rueda de prensa que han ofrecido este jueves en la Cámara junto al tercer parlamentario del partido, Alberto Bolado, y en la que han estado acompañados por vecinos de El Pilón de Santander, afectados por este problema, al igual que los de Prado San Roque y "un montón" más -ha avisado la portavoz morada- si no se pone "fin" a la "irregularidad" e "ilegalidad" de la normativa actual, caso de planes urbanísticos municipales como el de la capital cántabra, ha citado.

Derecho a la vivienda y al trabajo

De la batería de enmiendas registrada por Podemos a la propuesta del PP, que "no cubría las necesidades elementales básicas", destaca que no se solo se pretende proteger el derecho a una vivienda, sino también al trabajo, que es "otro derecho fundamental" al que no dan "demasiada importancia" los partidos políticos "tradicionales".

De la batería de enmiendas registrada por Podemos destaca que no se solo se pretende proteger el derecho a una vivienda, sino también al trabajo

Por eso, Podemos propone el derecho al realojo y retorno a los negocios afectados por actuaciones urbanísticas. Así, consideran necesario contemplar el tratamiento que se va a dar a estos locales comerciales, para "igualar" las condiciones de los propietarios de establecimientos abiertos y en funcionamiento a las de los dueños residentes en viviendas de la zona.

En el caso de los negocios explotados en régimen de alquiler, los podemitas abogan por fijar garantías "más estrictas", ya que el nuevo propietario del local será una administración pública o una empresa, por lo que se deberá ofrecer a la persona que explote el negocio la posibilidad de adquirir el local en propiedad. El precio del mismo se fijará, de acuerdo con la enmienda morada, en base a los mismos criterios de valoración por metro cuadrado que una vivienda de protección oficial, pero sin tener tal calificación.

Y en el caso de no poder adquirir el local, el nuevo propietario deberá garantizar la continuidad del negocio durante al menos diez años más y en condiciones que no podrán ser "más gravosas", o indemnizar al afectado si no por el equivalente de la media de lo que haya declarado como ganancias brutas del negocio durante los seis años anteriores a la aprobación definitiva del instrumento de gestión urbanística.

"Solo se ha pensado en las personas que residen, que tienen su vivienda habitual en las zonas afectadas por un plan urbanístico. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta, ni se viene teniendo en cuenta cuando se regula este tipo de derecho, a los negocios", ha dicho Blanco.

De las enmiendas presentadas por Podemos también destaca que la cesión gratuita al municipio por parte del promotor del tanto por ciento de suelo que le corresponde en actuaciones en suelo urbano no consolidado esté necesariamente vinculado a la protección, por parte del Ayuntamiento, del derecho de realojo y retorno. Y en ningún caso se podrá reducir el tanto por ciento fijado en la norma, ni sustituirlo por cuantía económica alguna, defiende Podemos.

Podemos propone que la cesión gratuita al municipio por parte del promotor del tanto por ciento de suelo que le corresponde en actuaciones en suelo urbano no consolidado esté vinculado a la protección

Llama igualmente la atención dentro de las medidas propuestas por los podemitas que el procedimiento de realojo y retorno quede sometido a los mismos trámites de aprobación inicial e información pública previa a la luz verde definitiva, siendo un capítulo específico del Proyecto de Expropiación, Reparcelación, Compensación o cualquier otro instrumento de ejecución que se pueda utilizar.

Es decir, que deberá ser un procedimiento "independiente" con el que, por un lado, se garantice "el conocimiento real del alcance y consecuencias" del proyecto por parte de los ciudadanos y, por otro, la "participación" de los vecinos en el procedimiento. Así, ante cualquier tipo de "irregularidad" en el proceso de realojo y retorno, no se procederá a la aprobación definitiva del proyecto.

VPO

Además, ante la propuesta de garantizar el derecho al realojo con viviendas de protección oficial, Podemos es contrario a introducir este nuevo modelo. "A los propietarios les privan de viviendas libres, y viviendas libres les deberían entregar", sentencian los diputados morados, partidarios de que se garantice una vivienda "digna" a los afectados y "en el mismo barrio y entorno".

Finalmente, el Grupo Podemos ha añadido con sus enmiendas un nuevo apartado para que cuando la actuación urbanística implique demoler edificios, la ejecución del planeamiento se realice a través del sistema de reparcelación -reorganizar espacios- y a través de la constitución de una entidad urbanística de colaboración.

El objetivo de esto último es garantizar que los afectados dispongan de los mecanismos "adecuados" para "participar en el control sobre el correcto desarrollo" de un proceso urbanístico que les va a suponer "el desalojo de sus viviendas y negocios originales".

"Basta ya de palabras vacías", ha sentenciado Blanco, para criticar al resto de grupos políticos y reivindicar que el apoyo a los vecinos "se demuestre con hechos", como la batería de enmiendas presentada por Podemos.

Urbanismo al servicio de las personas

Ordóñez y Blanco han explicado que las enmiendas presentadas por Podemos a la proposición de ley del PP para modificar la Ley del Suelo y garantizar el derecho al realojo se orientan a que el urbanismo esté "al servicio de las necesidades de las personas", y que éste sea "responsable", basado en la "sostenibilidad económica, ambiental y social".

Y es que en opinión de la diputada, hay que modificar un desarrollo urbanístico que, tanto en Santander, como en Cantabria y España, "no ha estado al servicio de la sociedad", sino de "intereses que nada han tenido que ver con la ordenación, la organización, mejora y habitabilidad de los espacios comunes", pero sí -ha contrastado- "con intereses pura y estrictamente económicos".

También ha indicado para finalizar que el realojo y retorno no es "caridad", sino que responde a un derecho "fundamental", el de una vivienda digna, contemplado en la Constitución Española.

Podemos presenta 14 enmiendas para blindar el derecho al realojo frente a la especulación
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