Podemos ha presentado un informe ante la fiscalía en el que cuestiona la legalidad del cupo de extracción de lobos que ha presentado el gobierno de Cantabria, alegan que la caza del lobo propuesta por el ejecutivo no es acorde con las directivas europeas, está basada en censos erróneos y no establece criterios de selección de individuos.
El informe presentado en el que se señalan distintas irregularidades, ha sido redactado por técnicos de la formación y en él han colaborado destacados especialistas nacionales y asociaciones conservacionistas como Lobo Marley.
Carlos Pozo, responsable de protección animal de Podemos Cantabria afirma que “no existen censos públicos desde el 2013 y los números en los que teóricamente se basan los cupos de extracción están muy lejos de los que aportan las asociaciones que día a día trabajan con el lobo” por otro lado añade “el gobierno ignora por completo las recomendaciones de la UE y las sentencias de tribunales europeos” además, afirma “tampoco se establece ningún criterio de selección y matar al macho alfa puede hacer que la manada se divida multiplicando los problemas a los ganaderos”.
Para Pablo Gómez, secretario de medio ambiente y rural de Podemos Cantabria “es una pena llegar a esto, pero el gobierno de Cantabria se ha saltado el criterio de Europa, de los técnicos, de la mesa del lobo y del propio Parlamento Cántabro” por ello espera que “la fiscalía ponga medidas cautelares y obligue al ejecutivo a actuar con medidas del siglo XXI no del siglo XIX”.
Por otro lado, Gómez acusa al Gobierno de Cantabria de haber llevado a muchos ganaderos a una situación insostenible “la culpa de la situación de la ganadería cántabra respecto al lobo tiene tres nombres propios: Miguel Ángel Revilla, Jesús Oria y Guillermo Blanco” para Gómez, “ellos decidieron desoír a los técnicos y al consenso alcanzado en la mesa del lobo y actuaron por su cuenta, por eso la situación actual es culpa única y exclusivamente del presidente y los sucesivos consejeros”.
Podemos Cantabria además hace un llamamiento al gobierno regional para que pague en tiempo y forma los daños que produce la fauna salvaje a agricultores y ganaderos, según afirman “están retrasando las ayudas para crear un clima adverso al lobo, no es de recibo que los pagos se retrasen 12 o 15 meses”
