Los interventores que realizaron el informe sobre la operativa del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) referente al periodo 2010-2012 afirman que el plan de negocio que analizó sobre el proyecto Ecomasa era un "powerpoint de 15 páginas", en el que no se identifica su autor ni la fecha de presentación.
Así lo han apuntado este martes en la que ha sido la primera sesión de comparecencias de la Comisión de Investigación del proyecto Ecomasa, de la que han sido los protagonistas.
En su comparecencia, los autores del informe -el interventor general Gabriel Pérez Penido; Gema Polo, interventora jefe equipo, y Luis Fernando Olaiz, subdirector del control financiero- se han ratificado las "debilidades" detectadas en los procedimientos que se seguían en este ente público y que señalaron en su informe.
Así, han señalado que, durante el trabajo de campo que se llevó a cabo para la realización de este informe, no existía un manual de procedimientos por escrito y, de hecho, no se apreció en el análisis de la muestra de proyectos objeto de financiación del ICAF analizada que haya una forma de proceder "común" u "homogéneo".
Entre los proyectos incluidos en la muestra se encontraba el de Ecomasa. Y es que en 2012 se concedieron a Ecomasa 10 millones de euros de dinero público de la comunidad autónoma a través de dos operaciones, un préstamo y un aval, cada uno de 5 millones.
Respecto al proyecto concreto de Ecomasa, los interventores han señalado, como así lo hicieron en su informe, algunos 'peros' sobre el análisis que se había realizado sobre la viabilidad del proyecto y se apuntaba a que tampoco habían sido valoradas las garantías aportadas para las operaciones de financiación de este proyecto.
Además, los interventores las han calificado de "indeterminadas" ya que en ellas se aludía a activos que se establecerían con posterioridad.
También se llama la atención sobre la modificación que se realizó de estas garantías, que, a juicio de los comparecientes, fue "en detrimento" del ICAF y de los caudales públicos de Cantabria.
A pesar de ello, a preguntas del portavoz del PP en la comisión, Eduardo Van den Eynde, han señalado que no se apreciaron indicios o hubo constatación de ningún ilícito penal en el proceder general del ICAF ni en lo relativo al proyecto Ecomasa.
Además, han reconocido que en la forma de proceder no se apreció la existencia de una "extraña excepcionalidad" respecto a cómo se hacía de forma genérica.
Así, los interventores han reconocido que tanto las "debilidades" en los procedimientos como en las detectadas en la forma de actuar del ICAF respecto a Ecomasa aparecían y se daban también en otros proyectos que recibieron financiación y que fueron parte de la muestra analizada.
