Las plataformas Vecinos del Pilón y Salvemos Prado San Roque convocan para mañana un encuentro con los medios para informar sobre las últimas novedades en el caso y para anunciar presumiblemente cómo van a continuar su lucha contra los derribos de cara a los próximos meses.
Su historia se remonta a 2012, año en el que el Ayuntamiento de Santander aprobó el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afectaba significativamente a los vecinos de los barrios de El Pilón y Prado San Roque, donde nunca antes el Consistorio había puesto interés. Los objetivos de este plan pasan por la construcción de 140 viviendas y 200 garajes, además de un vial, a costa del desalojo de los habitantes de la zona. Así, de un día para otro, los vecinos vieron amenazadas sus propiedades por unos planes urbanísticos que califican de injustos e indignos, y que los grupos de oposición ven como una transformación que no se ajusta a las necesidades actuales de la ciudad.
Ante la situación de vulnerabilidad en la que se sienten y la negativa del alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, a recibirles en su despacho, los vecinos solicitaron una reunión con el resto de grupos políticos de la oposición. Este encuentro tuvo lugar a finales del pasado mes de julio con el fin de unir esfuerzos para frenar estos desalojos que relacionan con una cuestión de “especulación urbanística”.
Los grupos municipales PRC, PSOE, Ciudadanos, Ganemos Santander e Izquierda Unida comunicaron a la plataforma de Vecinos del Pilón su total apoyo para intentar paralizar el expediente urbanístico.
Desde el Ayuntamiento, donde los representantes de la plataforma pudieron reunirse con el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díez, se han limitado a asegurar que se trata de una cuestión que trasciende sus competencias, y que es el Gobierno regional el que debe modificar la Ley del Suelo en lo referente al derecho de realojo de los afectados por desarrollos urbanísticos.
Por su parte, los vecinos lamentan que el alcalde no los quiera recibir y reclaman la paralización inmediata de los expedientes para la constitución de una junta de compensación, que no les interesa, y cuya no aceptación podría dar lugar a una expropiación “igual que en el caso de Amparo", comentó la portavoz de los afectados.
