El juicio a la empleada de la sociedad pública Cementerio Jardín, participada por el Ayuntamiento de Santander, tendrá lugar el 21 de noviembre. La acusada se habría quedado presuntamente con dinero de la entidad, pidiendo la Fiscalía una pena de dos años y tres meses de cárcel.
La solicitud de esa pena ante la Audiencia Provincial de Cantabria es por un presunto delito de apropiación indebida, y a ella se suma el pago de una indemnización de 14.459 euros a Cementerio Jardín. Sin embargo, la acusación particular, que ejerce esta sociedad, reclama una pena más elevada, de tres años y seis meses de cárcel, una multa de 4.500 euros, y una indemnización más alta, de 176.754 euros.
La acusación particular pide esta indemnización en respuesta a un recurso que presentó, después de que la Audiencia de Cantabria aceptara su tesis y apreciara indicios de que la empleada pudo apropiarse de esa cantidad de 2006 a 2011, según publica Mituin.
La Audiencia entendió que había indicios como para relacionar con esta empleada no solo el descuadre financiero de la sociedad en 2011, sino también en ejercicios anteriores. El caso se destapó en 2012, cuando el consejo de administración de la empresa, encargada de la comercialización de las unidades y servicios que se prestan en el Cementerio de Ciriego, acordó el inicio de acciones legales contra la empleada y trasladó el caso a la Fiscalía.
El Ministerio Público explica en su escrito de calificación provisional que esta empleada trabajaba en la oficina de administración del Cementerio como responsable de caja, por lo que hacía cobros a clientes, emitía facturas y tenía que hacer un libro diario de caja.
La Fiscalía señala que en 2011 esta empleada sabía que sus superiores no solían supervisar su labor contable, y comenzó a quedarse con cantidades de dinero cobradas a clientes.
Según el Ministerio Fiscal, para intentar que no se descubriera, la empleada dejó de anotar esos cobros en las hojas diarias del libro de caja y tampoco hacía arqueos que permitieran comprobar las cantidades que se ingresaban.
Todo se descubrió en noviembre de 2011, cuando al nombrarse una nueva gerente de la sociedad se dieron cuenta de los descuadres, aunque la acusación particular entiende que la cantidad de la que presuntamente se apropió la acusada es más elevada y rondaría los 176.754 euros.
