lunes 10/5/21
TRIBUNALES

Astillero y Fiscalía piden cuatro años y medio de cárcel y 114.000 euros para el exalcalde del PP, Carlos Cortina, por prevaricación y malversación

El exalcalde de Astillero, Carlos Cortina
El exalcalde de Astillero, Carlos Cortina

El Ayuntamiento de Astillero ha solicitado cuatro años y seis meses de prisión para el exalcade Carlos Cortina (PP) por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa en concurso medial con otro, igualmente continuado, de malversación de caudales públicos en la contratación de una trabajadora municipal, acusada de tráfico de influencias.

Las otras dos acusaciones han modificado sus conclusiones para que el tráfico de influencias imputado a la acusada sea continuado.

La pena de cárcel interesada para quien fuera regidor durante nueve años -de 2006 a 2015, que ha pedido que se investiguen las "denuncias falsas" contra él- deriva de la modificación de las conclusiones previas que el abogado del Consistorio anunció al arrancar el juicio contra Cortina, para el que en su informe definitivo también pide inhabilitación absoluta durante diez años.

Está procesado por la contratación supuestamente irregular de una empleada, que entre enero de 2007 y abril de 2010 giró un total de 38 facturas por cerca de 100.000 euros y que se enfrenta a un año de cárcel por tráfico de influencias que reclama la acusación particular. También interesa multa de 180.000 euros y, además, que se indemnice con 114.549 euros al Ayuntamiento, por el perjuicio económico causado.

De su lado, la fiscal, en la última sesión del plenario, -celebrado desde la semana pasada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria y que ha quedado visto para sentencia-, ha pedido la misma cuantía por responsabilidad civil, que es el montante fijado inicialmente más el IVA. En este sentido, la representante del ministerio público ha interesado la nulidad de los documentos administrativos de la contratación enjuiciada, en concreto las actas de la Junta de Gobierno Local de 2007 y 2008 y un decreto de Alcaldía de este último año, así como las órdenes de pago de facturas durante ese periodo.

Y, de forma alternativa, ha planteado la responsabilidad civil en una cantidad inferior, ceñida a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010, y que quedaría en la cifra de 65.580 euros -54.199 euros más 11.381 euros del IVA correspondiente-. Ambas acusaciones han eliminado de sus respectivos escritos que la trabajadora implicada estuviera afiliada al PP, condición que sí reunía su hermana, funcionaria del Ayuntamiento encargada de recursos humanos y que así lo reconoció durante su declaración como testigo.

Las otras dos acusaciones -particulares en un inicio pero que en el arranque de la vista se acordó que ejercerían al acción popular- han modificado sus conclusiones para, por un lado, cifrar el montante a reclamar en los más de 114.000 euros citados y, por otro, para que el tráfico de influencias imputado a la acusada sea continuado.

El exalcalde de Astillero Carlos Cortina junto a la empleada municipal en el juicio contra ambos, por presunta prevaricación, tráfico de influencias y malversación El exalcalde de Astillero Carlos Cortina junto a la empleada municipal en el juicio contra ambos, por presunta prevaricación, tráfico de influencias y malversación

MONTAJE

Por su parte, las defensas han insistido en la libre absolución de sus patrocinados, que han ejercicio, en ambos casos, el derecho a la última palabra. La procesada se ha limitado a comentar que se ha dedicado a trabajar y pagar impuestos: "Yo, lo único que he hecho es trabajar y pagar impuestos", ha manifestado.

Mientras, Cortina ha pedido a la sala la "oportunidad" de poder explicar "lo que me ha pasado", según ha expresado, a lo que el presidente del tribunal, Agustín Alonso Roca, le ha concedido "siete minutos". En ese tiempo, el exalcalde astillerense -que durante la última sesión del juicio también ha estado tomando notas o apuntes en folios, como ha hecho en momentos de las anteriores-, ha expuesto diversas y variadas cuestiones relacionadas con este proceso, que le ha llevado a sentarse en el banquillo de los acusados y, también, a dejar la política, en junio de 2018.

Entre otras consideraciones, ha manifestado que "nunca" adoptó, durante el ejercicio del cargo -previamente había sido concejal y teniente de alcalde- una decisión con conocimiento de alguna irregularidad o informes contrarios, según ha expresado. Y también ha esgrimido que la Junta de Gobierno Local en la que se aprobó la contratación inicial es "un órgano colectivo", por lo que ha negado que él, como regidor, tomara decisiones "individuales".

Tras enumerar distintos momentos del proceso, desde la denuncia que interpuso el secretario municipal después de un informe de reparto del interventor, Carlos Cortina ha incidido en cuestiones en las que a sus ojos "hay falsedad" y ha concluido que "esto es un montaje", por lo que ha pedido que se investiguen las "denuncias falsas".

PUERTA ATRÁS

En el turno de informes, la fiscal ha sostenido que tras la "abundante" prueba documental -esta causa consta de cerca de 4.000 folios, según ha podido saber esta agencia a través de una de las partes- y testifical practicada, la contratación enjuicida (contratos menores por más tiempo e importe de lo establecido por ley) "carecía de toda base legal" y el objeto de la misma es "nula de pleno derecho". A ello se añade el decreto de Alcaldía para continuar la relación contractual, y que a ojos de la acusación pública perseguía tratar de "funcionarizar" a una persona a través de una "puerta escondida o puerta de atrás".

También ha subrayado que en 16 meses el importe de las facturas fue de 2.900 euros y ha reprochado a la acusada -que empezó a trabajar para el Ayuntamiento cuando tenía 25 años- el "descaro" con el que giró algunas de hasta más de 4.000 euros, para compensar dos meses en los que no lo había hecho. Así, se llegó a la "escandalosa" cifra de 38 facturas, que equivalían de media a un "sueldo" de 30.000 euros anuales, con lo que en tres años y medio la implicada se ha "embolsado" cerca de 100.000 euros con el consiguiente perjuicio al Ayuntamiento.

El representante de esta administración cree que la contratación efectuada fue una "pantalla formal" para dar trabajo a la procesada de forma "flagrante y grosera", estableciéndose una relación "cuasi funcionarial". "Nombramos un técnico y le atribuimos funciones", ha resumido. En este sentido, ha afirmado que la contratación fue a iniciativa del alcalde, no del entonces interventor, como indicaron los acusados en sus respectivos interrogatorios y algunos testigos también.

Este abogado ha censurado "fraccionamientos" de pagos mediante las facturas en el contrato inicial, para evitar -ha dicho- sacar a licitación o concurso los servicios encomendados -trabajos previos a la elaboración y valoración de la RPT, la relación de puestos de trabajo- y que, en cualquier caso, y según ha resaltado este abogado, se acabaron en 2008 pese a lo cual se continuaron girando y pagando "religiosamente" facturas.

Los letrados que han representado la acción popular han censurado "la dinámica delictiva" de este proceder y han llamado la atención sobre diversos aspectos, como la expedición del título de la implicada -Licenciada en Sociología- el mismo mes en que fue contratada por el Ayuntamiento, periodo durante el cual realizó los cursos y masters aportados por la defensa.

"Tenía tiempo para todo", ha ironizado este abogado, que ha subrayado el "importante perjuicio" a las arcas públicas con la "inestimable colaboración" del alcalde. Su compañero ha enfatizado que no hubo recepción formal de los trabajos realizados y que "la factura era un medio de permanente retribución que hubiera podido llegar hasta el infinito".

MOTIVOS ESPURIOS

Mientras, las defensas ven motivos "espurios" en la denuncia, como que la acusada y su hermana "tocaron el bolsillo" al secretario denunciante -se le congeló el sueldo-. Esta letrada ha advertido que los únicos hechos enjuiciables estaban prescritos el día que se denunció, al haber pasado "tres años", y ve "absurdo" este paso sin hacer reparos o informes, que "es más razonable".

"Cortina no pudo conocer supuestas ilegalidades o irregularidades administrativas porque no hubo reparo alguno del interventor ni advertencia de ilegalidad por el secretario", ha esgrimido su abogado.

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