El Pleno del Parlamento cántabro ha aprobado este lunes por unanimidad una moción que insta al Gobierno autonómico a encargar a los servicios jurídicos un dictamen sobre el caso del exgerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, Joaquín Ruiz Sisniega (PSOE), que dimitió a finales de marzo por incompatibilidad del sueldo como alto cargo con su pensión por incapacidad permanente. La iniciativa ha sido promovida por el PP, que en aras a conseguir la unanimidad, ha aceptado una enmienda de modificación del PSOE y otra de adicción del parlamentario del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, que pide que el dictamen se redacte en un mes y se remita al Parlamento. Sin embargo, el PP no ha aceptado una tercera enmienda de Podemos, que proponía la apertura de un expediente sancionador contra Ruiz Sisniega por haber "simultaneado el cobro de dos ingresos públicos", así como por la "ocultación" en su declaración de actividades en los dos años anteriores, en que fue presidente de la Comisión de Control de Caja Cantabria. La parlamentaria Isabel Urrutia ha dicho que eso vendrá después del dictamen y el PP lo apoyará.
La enmienda del PSOE ha modificado la resolución, de forma que el dictamen no lo realizará la Inspección de Servicios –como proponía el PP–, sino los servicios jurídicos del Gobierno, que tendrán que determinar no la legalidad del nombramiento de Ruiz Sisniega, sino su adecuación a la normativa vigente, la declaración de compatibilidad del cargo con su situación de incapacidad permanente total y la compatibilidad –que no legalidad, como decía la moción del PP– del cobro del sueldo como gerente y la pensión. También el cumplimiento por parte del Gobierno y sus altos cargos de lo establecido en la Ley de Conflicto de Intereses y en el Código de Buen Gobierno en relación a Ruiz Sisniega "tanto en el momento de su nombramiento, en agosto de 2015, como durante su etapa de gestión", así como la pertinencia de requerir al exgerente la devolución de las retribuciones por el desempeño de su puesto.
Durante el debate se ha recordado que inicialmente el INSS aprobó la compatibilidad y redujo la pensión de Ruiz Sisniega un 20%, y que después revisó el caso y "cambió de criterio", tras lo cual un Juzgado de lo Social declaró la incompatibilidad en septiembre de 2016, Ruiz Sisniega recurrió, y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ratificó el pasado mes de marzo la incompatibilidad, momento en que el exgerente presentó su "cese voluntario".
El parlamentario del Grupo Mixto Juan Ramón Carrancio, ha señalado que la incompatibilidad la tenía que haber detectado la inspección de servicios, no el INSS. En la misma línea se ha pronunciado el parlamentario de Podemos Alberto Bolado, que ha insistido en que el dictamen "evitará que el Gobierno siga echando balones fuera" y que la consejera de Sanidad, Luisa Real, "siga mintiendo" como hizo a su juicio en el Pleno de la semana pasada ante "graves irregularidades". Bolado ha reiterado que la ley prohíbe a un alto cargo ingresar dos sueldos públicos y ha afirmado que Ruiz Sisniega "ha tratado de defraudar a la Seguridad Social amparado por el Gobierno", por lo que ha vuelto a pedir que se depuren responsabilidades.
El portavoz del PSOE, Víctor Casal, le ha replicado que no son dos ingresos públicos de dos Administraciones, porque la pensión por incapacidad permanente, a diferencia de la pensión de jubilación, "no es una retribución por una actividad o servicio", por lo que "no incumple la dedicación exclusiva" que exige la ley para los altos cargos. En contraposición, Casal ha vuelto a citar los casos de altos cargos del PP que han incurrido en incompatibilidad al cobrar a la vez un sueldo público y su pensión de jubilación, de los que ya habló Real la semana pasada, como Arias Cañete, Margallo o Luisa Fernanda Rudi. También lo ha hecho la parlamentaria del PRC Rosa Valdés, que ha criticado la "hipocresía y doble moral" del PP, que "cada vez que se ve acosado por la corrupción o la falta ética, pone en marcha el ventilador" para "embarrar el terreno". La parlamentaria del PRC ha dicho, como Real el lunes pasado, que "no se ha cometido ninguna ilegalidad ni tampoco ningún fraude" y ha añadido que "si hay algo que reprochar es al propio exgerente, que se equivocó al recurrir" la sentencia de primera instancia –ha dicho– "sin informar al Gobierno" y "asumió su responsabilidad con el abandono del cargo". En todo caso, tanto el PSOE como el PRC han apoyado la moción para que "se aclare todo lo que se tenga que aclarar y no queden dudas sobre la actuación transparente" del Gobierno.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, ha recalcado que en este caso "la transparencia es fundamental", porque este tipo de situaciones "no hacen ningún bien a la imagen que los ciudadanos tienen de los políticos". La ponente del PP ha cerrado el debate destacando que este dictamen será "una buena forma de hacer entender al Gobierno que ha actuado mal, que no hay que echar a correr ante los problemas". A la vez, ha pedido al presidente del Gobierno, Miguel Ángel Revilla, que "baje los humos" a Real, a la que ha permitido que "haya puesto a todo el Gobierno bajo sospecha por no obligarla a dar explicaciones"; y también "que la baje del pedestal al que le han subido cuatro recién llegados".
