jueves 26/5/22
POBREZA ENERGÉTICA

El Parlamento de Cantabria pide por unanimidad al Gobierno de Rajoy que garantice a todos el suministro

Los cinco grupos parlamentarios apoyan la proposición no de ley de Podemos.

La formación morada anuncia que en "enero o febrero" presentará una proposición de ley para regular la pobreza energética en Cantabria, "dentro de las competencias que tiene" la comunidad.

Casi 20.000 hogares cántabros están afectados por la pobreza energética
Casi 20.000 hogares cántabros están afectados por la pobreza energética

El Parlamento de Cantabria ha instado por unanimidad al Gobierno español a aprobar las medidas necesarias para garantizar el acceso al suministro eléctrico. Los cinco grupos parlamentarios (PP, PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos) han apoyado la proposición no de ley planteada sobre esta cuestión por Podemos, que ya ha anunciado que en "enero o febrero" presentará una proposición de ley para regular la pobreza energética en Cantabria, "dentro de las competencias que tiene" la comunidad.

El parlamentario de Podemos José Ramón Blanco ha dicho haberse quedado "sin palabras" por la unanimidad de la iniciativa planteada este lunes, ya que, según ha reconocido, "no se la esperaba". "Veremos a ver cuando haya que regular de verdad", ha advertido, una frase que ha hecho que la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiga, le haya instado a "disfrutar del momento" de haber conseguido aprobar su iniciativa con el apoyo de todos los grupos. Este comentario de Gorostiaga ha generado la protesta de los parlamentarios de Podemos, que han calificado la observación de la presidenta de la Cámara de "falta de respeto" y han pedido que la retirara, algo que ésta ha hecho después de pedir disculpas a la formación morada si sus palabras, "hechas con toda la buena voluntad" –ha dicho– les habían molestado.

En la proposición no de ley, Podemos pedía que se considerara algo "inalienable" el derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada y "condición necesaria para el debido respeto a la dignidad humana". Como medidas concretas, se reclamababa la prohibición legal de todos los cortes de luz de las familias con problemas económicos y la asunción del coste por las compañías, la aprobación de una "tarifa asequible, regulada por el Gobierno" que ponga fin a los "abusos" y la creación de una "tarifa social" en sustitución del actual bono dirigido a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas. También se pedía que las grandes eléctricas reconocieran y devolvieran los 3.500 millones de euros que cobraron en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs) y la realización de una auditoria al sistema eléctrico y la aplicación del tipo de IVA reducido a la electricidad.

Aunque todos los grupos parlamentarios han apoyado la iniciativa, algunos, como el PP, consideran que algunas de las medidas que se proponen, como la de la tarifa social o el IVA reducido, son de "difícil articulación" y pueden ser contrarias a lo establecido en directivas de la UE o en normativa básica estatal. Ciudadanos también ha asegurado estar "de acuerdo en el fondo" sobre la necesidad de solventar la situación de estas familias afectadas por la pobreza energética, más que "en el cómo".

La portavoz parlamentaria del PSOE, Silvia Abascal, ha reivindicado el trabajo realizado por su partido en Cantabria y en España para luchar contra la pobreza energética. Abascal ha asegurado que "combatir la pobreza energética" es una "cuestión de justicia social" para la que "sólo hace falta voluntad política" y ha señalado la necesidad de "dar una respuesta sin más demora" y no "mirar hacia otro lado".

El PRC ha señalado la necesidad de "poner coto" a lo que actualmente están haciendo las eléctricas, "gracias" –ha dicho– a los gobiernos del PP.

Eliminación del decreto de medidas para la estabilidad presupuestaria

Por otro lado, el Pleno ha aprobado, con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP, una proposición no de ley conjunta de PRC, PSOE y Podemos que insta al Gobierno cántabro a reclamar al Gobierno español la eliminación de los recortes en los derechos de los empleados públicos impuestos a través del polémico Real Decreto de 2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, así como la derogación de las limitaciones impuestas para la convocatoria de ofertas públicas de empleo.

Los grupos proponentes han señalado que la aplicación de la tasa de reposición ha supuesto que en los últimos años la Administración autonómica no haya aprobado Ofertas Públicas de Empleo o que éstas hayan sido "manifiestamente insuficientes" para atender las necesidades de personal, a la vez que el índice de temporalidad del personal al servicio de la Administración se ha elevado hasta tasas superiores al 30%.

C's se ha abstenido porque la generalidad de la resolución le genera "dudas". En este sentido, Juan Ramón Carrancio ha dicho que los recortes se aplicaron "indiscriminadamente", incluso en servicios esenciales, generando "auténticos problemas" en su funcionamiento, mientras "se ha seguido derrochando" en otros ámbitos, "y se ha hecho una defensa numantina" de cuestiones como las diputaciones cuando se ha intentado "eliminar grasa" de la Administración.Por su parte, el PP ha dicho que la iniciativa es "demagógica, populista, falaz e innecesaria" y ha acusado al bipartito de "utilizar" a los empleados públicos para "arremeter" contra el Gobierno español.

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