El Pleno del Parlamento cántabro ha pedido este lunes que se paralice de forma cautelar el MetroTUS, el nuevo modelo de transporte urbano en Santander, que entró en funcionamiento hace cuatro meses y que ha resultado ser un “caos”, un “despropósito” y un “fracaso”. Así lo entienden los parlamentarios de PRC y PSOE –partidos que sustentan al Gobierno cántabro– y de Podemos, que han presentado una iniciativa en el Parlamento a la que se han sumado los dos integrantes del grupo mixto: el portavoz de Cs, Rubén Gómez, y el parlamentario Juan Ramón Carrancio, al coincidir con la opinión de los anteriores. La proposición no de ley ha salido adelante, por tanto, con el respaldo de todo el Parlamento a excepción del PP, el principal partido de la oposición y el que dirige, aunque en minoría, el Ayuntamiento de Santander.
La propuesta ha sido defendida por Ana Obregón (PRC), Víctor Casal (PSOE) y José Ramón Blanco (Podemos), que han considerado un “papelón” la intervención de Santiago Recio, portavoz del PP, partido que refleja en el MetroTUS la “soberbia” que caracteriza su forma de gobernar Santander, que han definido como “absolutista”, gracias a los 13 concejales del PP y a “un acólito”, en referencia a David González, el edil que dejó Ciudadanos y al que han tildado de “tránsfuga”. Además, han apuntado que si la proposición no de ley aprobada este lunes “no sirve para nada”, será porque la alcaldesa de Santander, Gema Igual, “no quiere”, en el marco de una manera de gobernar que hace “oídos sordos” a los vecinos de Santander. Aunque, como han apuntado, el proyecto también afecta a los cántabros que se desplazan y mueven en autobús por la capital, de ahí que se haya abordado en el Parlamento, han defendido PRC, PSOE y Podemos.
“Se ha puesto patas arriba el servicio de transporte urbano en la capital”
En cuanto al MetroTUS en sí mismo –que ha congregado a las puertas del Parlamento cántabro una concentración de protesta de miembros de la Plataforma Transportes Santander antes de iniciarse la sesión plenaria, que después han seguido desde la tribuna de invitados–, tanto los portavoces de los grupos que han promovido la PNL como los dos representantes del grupo mixto han coincidido en que es un proyecto “impuesto”, que lejos de solucionar “nada” ha generado un “problema” donde antes no lo había, por el “caos” que ha supuesto pese a la inversión de más de 7 millones de euros, con la que se ha puesto “patas arriba” el servicio de transporte urbano (con aumentos de tiempos de viaje de hasta 45 minutos, retrasos, transbordos innecesarios, cambios de recorridos, etc.). El proyecto, "engendrado" por el anterior alcalde y actual ministro en funciones de Fomento, Íñigo de la Serna, ha resultado una “debacle ciudadana”, que ha “trastocado” la vida de los santanderinos, generando vecinos “de primera y de segunda, incluso de tercera y de cuarta” y ocasionando movilizaciones “sin precedentes” en la historia de la capital por un tema municipal, y que van a continuar, han avisado. Tras recordar quejas al Defensor del Pueblo o diversas reuniones –una de las últimas, hace unos días, con la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y a la que seguirá este miércoles, día 6 de junio, una nueva en el Ayuntamiento con miembros del equipo de gobierno local–, los portavoces de PRC, PSOE y Podemos han insistido en paralizar este “desastre” fruto de “un capricho” del PP con el que ha “atropellado” a los vecinos.
El PP ha justificado su no a la proposición no de ley al entender que representa la “politización total” de un problema “interno” del Ayuntamiento de Santander, que afecta a “una parte de los vecinos” y se debe debatir en el ámbito “municipal”, ha apuntado Recio, que fue concejal de la capital. “Este no es el foro”, ha esgrimido el portavoz del PP, que ha asegurado que los grupos que han promovido la iniciativa han tenido que hacer “virguerías” para “encajar” la iniciativa en el debate parlamentario, pese a lo cual ha insistido en que es “una injerencia” y que “no va a servir para nada”. Además, Recio ha manifestado que si el Gobierno cántabro está “preocupado” por el proyecto y por su repercusión ciudadana, “que ponga dinero”.
