19 de abril de 2016, 22:11
El desahucio que pretendía ejecutar el Gobierno de Cantabria sobre una viuda que vivía en una VPO, y a la que reclamaba 7.000 euros de gastos, finalmente ha sido paralizado a la espera de encontrar una alternativa. El Ejecutivo, que había dado un plazo de 15 días a la mujer para que abandonara la vivienda, ha llegado a este compromiso con la PAH, plataforma a la que pertenecía la afectada.
El Gobierno ha requerido documentación a la afectada y se ha emplazado a la PAH (que se reúne todos los martes en el Centro Cívico de la Calle Alta, y que viene alertando de un repunte en los casos de desahucios) a nuevas reuniones.
