Benigno llegó hace quince años desde Ecuador junto a su pareja Inés, con quien tiene dos hijos de 16 y 19 años, uno de ellos con una discapacidad del 42%. En 2005 compraron un piso en el barrio santanderino de La Albericia, para lo que solicitaron un préstamo hipotecario de 140.000 euros.
Pocos años después la crisis también llego a su casa: Benigno dejó de trabajar en 2009 mientras su mujer lo había hecho unos años antes. En los meses siguientes tuvieron algunos empleos esporádicos que les permitieron pagar la hipoteca hasta junio de 2013 cuando, siguiendo las recomendaciones de la PAH, dejaron de pagar las cuotas.
Desde la Plataforma explican que es una de las principales orientaciones que reciben la mayoría de los afectados que se acercan a las asambleas, ya que "primero hay que comer y mantener a la familia. Las cuotas de los préstamos son algo secundario". En el caso de Benigno, el único ingreso de la familia en los últimos tiempos ha sido una renta social básica de 620 euros.
Tras pagar las cuotas durante casi ocho años, la deuda que se certificó en la demanda de impago de hace dos años era de 163.000 euros. Tras más de un año de gestiones entre la PAH y la Unión de Créditos Inmobiliarios, entidad vinculada al Banco Santander, se ha logrado la dación en pago, que consiste en la cancelación de la deuda a cambio de la entrega del inmueble, y un alquiler social de 150 euros por tres años prorrogables.
