Todo el dinero público invertido en Ecomasa, la fábrica de estufas de Maliaño, “ha ido a parar a Ecomasa”. Eso es lo que Francisco Vicente Diez Iglesias, abogado de uno de los propietarios de EWI, Manuel Jesús Lavín, quiere demostrar en el juicio en el que se trata de dirimir el destino de los 18 millones de euros invertidos por el Gobierno de Cantabria presidido por el ‘popular’ Ignacio Diego.
El argumento utilizado por el abogado, que también representa a Manos Limpias en Cantabria, es que una serie de malas inversiones llevaron a la pérdida del capital, pero en ningún caso existió apropiación indebida o falsedad documental. De hecho, según ha explicado a este diario, “existía un protocolo de compra” que exigía que se comunicara “todo por escrito al Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF) y al banco”, que eran los que autorizaban cualquier gestión.
“Hasta el último céntimo” ha sido invertido en Nestor Martin, ha enfatizado Iglesias, quien ha dejado claro que sus clientes solo están “investigados por administración desleal” y que es “normal firmar acuerdos entre las empresas de un mismo grupo para obtener apoyo financiero”.
Las adquisiciones de Lavín y De León, al menos las internacionales, generaron una serie de complicaciones que derivaron en el ERE de los trabajadores
Esas malas inversiones comenzaron cuando EWI, sociedad gestora de Ecomasa/Nestor Martin, integrada a su vez en un holding de empresas llamado Edisa, decidió realizar la compra de varias empresas internacionales con el fin de abrir la fábrica de Maliaño a un mercado mayor al nacional.
La primera inversión fue TDH, empresa belga que resultó atractiva por su fuerte estructura competitiva y su posicionamiento en el mercado. Ecomasa invirtió en ella 1,5 millones de euros, comprando el 50% del capital. Similar cuantía se invierte, esta vez por el 100% de la empresa, en una industria chilena.
Aunque sin duda una de las mayores inversiones se hizo en Wader S.A., empresa francesa de la que se compra el 50% por 4,5 millones de euros. A todas ellas se suma la adquisición de Barcelona S.A., empresa que fabrica chimeneas de lujo y en la que se compra el 100% del capital. Posee 25 trabajadores.
El denominador común de todas estas inversiones, como ha explicado el abogado de Lavín y De León, es la “estructura comercial” que poseen, lo que permitiría “hacer viable la compañía” y posicionarse en el mercado internacional de forma más directa.
Problemas internacionales
Pero estas adquisiciones, al menos las internacionales, generaron una serie de complicaciones que derivaron en el ERE de los trabajadores que ahora exigen saber dónde está la indemnización de 3,2 millones de euros.
El Gobierno de Diego solicitó a De León y Lavín, en febrero de 2015, que cediera la empresa ante las dificultades de tesorería que sufría
En efecto, “los problemas de la matriz no se circunscriben a Cantabria”, ha explicado Iglesias, quien ha recordado además que Lavín “puso de su bolsillo más de 3,2 millones de euros en Ecomasa”.
Dichas complicaciones, en concreto, se han generado en Wader S.A. y TDH. En la primera, cuya adquisición se firmó “sin tener presencia en el Consejo de Administración”, se ha detectado que “la auditora francesa había falseado la contabilidad”, por lo que se interpuso una denuncia demanda judicia. El resultado ha sido la detención del Consejero Delegado anterior y la “quiebra penal” de la sociedad.
En el caso de la empresa belga, tras el traspaso de 1,5 millones de euros, el gobierno valón detectó irregularidades del anterior gestor y “ahora está en litigio”.
El motivo de todas estas compras, como ha explicado el letrado, era la apertura al mercado internacional para “buscar clientes como Leroy Merlin y las empresas de su grupo”, que lograron posicionar Nestor Martin en esos mercados.
A esto se suma también el reciclaje a estufas de pellets, que se realizó “porque se vendían en Francia”, lo que permitiría acceder mejor a ese mercado.
Préstamos finalistas
Iglesias ha revelado además que “todo el dinero que el Gobierno de Cantabria” ha invertido en Ecomasa ha sido a través de “préstamos finalistas pignorados”, y ha recordado que fue la propia gestora del Gobierno de Diego, HUB, la que sugirió que la empresa se desprendiera de 43 trabajadores, lo que “coincide con el plan de viabilidad de los anteriores gestores”.
En este sentido, el Gobierno de Diego solicitó a De León y Lavín, en febrero de 2015, que cediera la empresa ante las dificultades de tesorería que sufría, y que quedaron patentes en el plan de viabilidad realizado a corto y medio plazo.
“Todos los hechos de la querella de los trabajadores han sido sobreseídos”, quedando únicamente pendiente “la averiguación de los préstamos de carácter público”
Sin embargo, los futuros inversores que pudieran estar interesados en la compañía se esfumaron con la llegada de las elecciones autonómicas de mayo, y con las que se produjo un cambio de Gobierno.
Compra de maquinaria en Mahenor
Respecto a la polémica generada en torno a la compra de maquinaria a Mahenor, empresa cántabra que pertenece a Jesús Lavín, el abogado de los dueños de Ecomasa ha aclarado que esta adquisición de la primera maquinaria, que se realizó por valor de 2,2 millones de euros, se produjo en el marco de un concurso cuyo precio inicial fue de 2,8 millones.
Según ha explicado, los motivos por los que se optó por esta empresa no tienen nada que ver con el nombre de su propietario, sino con las características del producto que ofrece. “Es maquinaria de primera calidad, a un precio más barato y con un descuento importante en los portes”, ha detallado Iglesias, y con un servicio técnico post venta excepcional prácticamente a pie de fábrica. De hecho, “lo que más sirvió para decidirse es la asistencia a pie de fábrica que ofrecía”.
Trabajadores
Como ha relatado Iglesias, cuando Teka quiso despedir a sus trabajadores se les ofreció una serie de posibilidades: la indemnización por el despido, la prejubilación, la recolocación en una empresa auxiliar de la propia compañía, o trabajar en EWI, algo que aceptaron 88 empleados.
“La plantilla se asume sabiendo que es cara”, ha explicado el letrado, pues “cobran un 40% más que lo estipulado en el convenio, se les respeta la antigüedad y se firma un contrato indefinido sin movilidad geográfica”. Sin embargo, al entrar en EWI “renuncian a la indemnización” que ahora reclaman en el juicio.
Por su parte, Teka ofrece más de 3,2 millones de euros de inversión por los trabajadores y el resto, unos 25.000 euros, se invierte en “el accionariado de una empresa” del grupo.
Sobreseído el 80% del caso
Su punto de vista parece coincidir con el desarrollo del caso, que según ha explicado Iglesias ya ha sido sobreseído en un 80%. El pasado 13 de abril la jueza confirmó el archivo de la causa contra la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo, el director de la fábrica de estufas de Maliaño, y los propietarios de EWI, Andrés de León y Manuel Jesús Lavín, por supuestas irregularidades en los cursos de formación.
Además, la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander ha abierto una pieza separada en la que ha incluido por un lado los presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, apropiación indebida y estafa investigados a Lavín y De León por las indemnizaciones de Teka, sobre los que existe auto de sobreseimiento provisional; y por otro, los delitos atribuidos a tres directivos de Teka en la ampliación de la querella interpuesta por los trabajadores, que no fue admitida a trámite por la jueza.
Finalmente, la Sra. Magistrado Juez de Instrucción Nº 5 de Santander ha decretado el sobreseimiento, “ya firme”, de los cursos de formación, así como de la inexistente apropiación indebida de 3,2 millones de euros.
Sin embargo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) declaró improcedentes los 42 primeros despidos de la empresa Ecomasa, a la que ha condenado a optar entre la readmisión de los mismos, con el abono de los salarios dejados de percibir hasta esta sentencia, o la extinción del contrato con el pago de la correspondiente indemnización.
Además, en la sentencia, fechada el 23 de marzo, la Sala absuelve a Teka Industrial SA de presuntos incumplimientos considerar que no le corresponde "ninguna responsabilidad" puesto que cumplió con la garantía de recolocación de los trabajadores en Ecomasa.
La sala considera que Ecomasa no justificó su falta de liquidez para pagar las indemnizaciones de los 42 trabajadores despedidos, lo que era el "primer compromiso" de su plan de viabilidad, y ello a pesar de contar con un préstamo participativo de Sodercan de tres millones de euros.
En definitiva, “todos los hechos de la querella de los trabajadores han sido sobreseídos”, quedando únicamente pendiente “la averiguación de los préstamos de carácter público”, que a tenor de los Informes Periciales en la causa “están perfectamente justificados, por lo que no es descartable el sobreseimiento definitivo en pocos meses”.
