La Policía Nacional ha detenido a 11 personas, una de ellas –una mujer de 50 años– en Torrelavega, en una operación contra una red de inmigración ilegal a través de pateras entre Marruecos y España, en la que han sido liberados dos menores de edad. Cuando las personas a las que trasladaba la organización llegaban a España, se les alojaba en domicilios "seguros" de la red, previo pago por parte de sus familias de 1.000 euros, y después se les distribuía por diferentes zonas del Estado y de Europa. Además de la detenida en Torrelavega, que colaboraba en los traslados de las víctimas desde Cádiz hasta fincas y pisos, en la operación se ha arrestado a ocho personas en San Pablo de Buceite (Cádiz), a una en Algeciras (Cádiz) y a otra en Marbella (Málaga). Siete de ellos han ingresado ya en prisión preventiva.
El migrante declaró que una vez en España fueron recogidos por dos hermanos marroquíes, considerados los principales miembros de la organización en España
La investigación se inició en Pamplona, tras denunciar un migrante que el año pasado había partido de Tánger en patera, junto con otras 12 personas, hacia España. A cierta distancia de la costa tuvieron que hinchar una barca de goma para llegar a una playa en la localidad gaditana de Tarifa. El migrante declaró que una vez en España fueron recogidos por dos hermanos marroquíes, considerados los principales miembros de la organización en España, y trasladados en vehículos a una finca en la que pasaron varios días bajo custodia de la red. Una vez que sus familiares realizaron el segundo de los pagos por el viaje (1.000 euros), fueron trasladados a una estación de autobús donde se les facilitó un billete. Los agentes comprobaron que la red captaba en Marruecos a estas personas, tanto mayores como menores de edad, y pedían a sus familiares cantidades que oscilaban entre los 3.500 y los 6.500 euros para llevar a cabo los traslados. En Tánger, ciudad a la que eran conducidos, los inmigrantes permanecían en casas a la espera del cruce hasta las costas españolas, normalmente a Cádiz y Algeciras, en embarcaciones tipo patera sin condiciones de seguridad. Los investigados tenían "pleno conocimiento" de la llegada de las pateras procedentes de Marruecos a las costas españolas, información a la que accedían gracias a los contactos que mantenían con los miembros de la organización asentada en el Estado de origen. Una vez en España, los migrantes eran recogidos en vehículos y trasladados a fincas y pisos "seguros" donde permanecían privados de libertad hasta que recibían un segundo pago, que solía ser de 1.000 euros. Una vez abonada esta cantidad, se les trasladaba en autobús a diferentes lugares de España y del extranjero, estando acreditados viajes a Barcelona, Bilbao y Francia. La organización les conseguía el billete y les acercaba hasta la estación de autobús, además de facilitarles ropa y un teléfono móvil.
Según los investigadores, la red desmantelada ha traficado con medio centenar de inmigrantes de origen marroquí, varios de ellos menores. La organización también se dedicaba a recoger menores extranjeros no acompañados, tras aleccionarlos e inducirlos para que se fugaran de los diferentes centros en los que se encontraban. Primero los llevaban a un domicilio en el que eran controlados y retenidos hasta que se materializaban los pagos requeridos, bajo amenazas que afectaban a su integridad física y a una posible localización policial y devolución a Marruecos.
