La Oficina de Emergencia Habitacional, dependiente del Gobierno de Cantabria, ha dado cobertura a 174 casos y ha realojado a 17 familias que se encontraban en situación de desahucio y similares desde enero de 2016. Así lo ha informado el Ejecutivo autonómico con motivo de la reunión que ha mantenido el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, con el decano del Colegio de Abogados de Cantabria, Jesús Pellón, para hacerle partícipe de la labor que realiza la Oficina, encargada de la intermediación con las entidades bancarias en los procedimientos de ejecución hipotecaria, y solicitarle su colaboración.
Según ha informado el Gobierno en un comunicado, Mazón ha destacado los logros conseguidos en este tiempo, pero sin perder de vista que el objetivo último es evitar que se produzcan más desahucios en Cantabria. "Todas las soluciones las valoro positivamente, pero valoría más el hecho de que dejara de haberlos. Poco a poco vamos a ir mejorando y habrá menos casos", ha remarcado. Por su parte, Jesús Pellón ha calificado "este instrumento" como una "idea magnífica del Gobierno ante un problema social gravísimo y de enorme envergadura".
Entre las actuaciones que se han acordado dentro de la colaboración entre ambas instituciones está la de dar a conocer a los letrados especialistas en intermediación judicial la posibilidad que tienen sus clientes de acudir a la Oficina de Emergencia para que se les informe de las distintas ayudas a las que pueden optar, se les asesore legalmente o, en los casos más graves, que se les proporcione alojamiento.
En el encuentro, el decano se ha comprometido a difundir la labor de la Oficina de Emergencia Habitacional entre sus colegiados y entre los estudiantes del Máster de Mediación y Gestión de Conflictos, "uno de los más valorados en España". "Los casos en los que existe una negociación se suelen solucionar siempre, mientras que en los que hay resoluciones judiciales no se solventan tan bien", ha defendido Pellón.
Asimismo, ambos han expresado su preocupación por la legislación futura en materia de desahucios, que de momento han sido paralizados por el Gobierno central hasta mayo de 2017.
Por último, el consejero, que ya se ha reunido con otros colectivos para abordar esta problemática, ha considerado "muy fructífero" el encuentro mantenido con el Colegio de Abogados y ha destacado el papel trascendental que desempeñan estos profesionales en los procedimientos de ejecución hipotecaria, ya que, según ha explicado, "tarde o temprano las personas que se encuentran en situación de desahucio o similares tienen que pasar por un letrado".
