jueves. 28.03.2024

El pasado viernes 28 de abril el Gobierno de Mariano Rajoy vetaba en el Congreso una proposición de ley de Unidos Podemos para impedir la utilización del fracking en España. El argumento dado fue que esta decisión supondría un aumento del gasto de más de 100 millones de euros. La decisión contrasta con lo ocurrido este viernes en el Parlamento de Cantabria, donde la reforma de la actual Ley del Suelo para regular la posibilidad de actividades mineras en el subsuelo del suelo rústico, propuesta por PRC y PSOE, ha superado su último paso antes de votarse en el Pleno. En dicha reforma se contempla, tras una modificación del texto original, proteger a la Comunidad Autónoma de la práctica de la fractura hidráulica.

La Comisión parlamentaria que está tramitando esta proposición de ley ha aprobado este viernes el informe de la Ponencia y de las enmiendas presentadas por la oposición como paso previo a su definitivo debate por el Pleno.

La proposición de ley busca añadir una disposición adicional a la actual Ley del Suelo para regular de forma específica la posibilidad de que sean autorizadas en el subsuelo del suelo rústico de Cantabria las actividades mineras incluidas en el ámbito de la Ley de Minas, así como las construcciones, infraestructuras e instalaciones vinculadas a ellas, siempre que se den las condiciones previstas en la misma.

En base a la transaccional aprobada, se deja fuera del ámbito de esta Disposición "cualquier tipo de investigación o explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos y rocas bituminosas"

Al texto original, la oposición presentó 16 enmiendas, entre las que había tres -una de PP, otra de Podemos y otra de Ciudadanos- con el mismo objetivo: el de cerrar la puerta, que a su juicio, dejaba abierta al fracking el texto propuesto por PRC y PSOE.

De esta forma, en estas enmiendas, PP, Podemos y Ciudadanos planteaban distintas propuestas de redacción para dejar fuera la posibilidad de aplicación de esta disposición el fracking y otras técnicas.

A estas tres enmiendas, se ha presentado una enmienda transaccional que ha sido aprobada en Comisión, con el 'sí' de PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del PP.

Con la aprobación de esta enmienda, se modifica el apartado primero de la disposición adicional relativo al "objeto" de la misma para añadir un párrafo en el que se especifica qué actividades quedan fuera de su ámbito de aplicación.

Así, en base a la transaccional aprobada, se deja fuera del ámbito de esta Disposición "cualquier tipo de investigación o explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos y rocas bituminosas".

Tampoco la disposición que permite autorizar actividades mineras será aplicable para acciones de "investigación y aprovechamiento de minerales radiactivos, la investigación o explotación de estructuras subterráneas para su utilización como almacenamiento geológico de dióxido de carbono o de almacenamiento subterráneo de residuos en general, a excepción de las gangas de la propia explotación minera subterránea, y las actividades mineras en superficie o a cielo abierto, así como las construcciones, infraestructuras e instalaciones vinculadas a ellas".

En la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social se han aprobado otras dos transaccionales a las otras dos enmiendas que había presentado el PP y que han salido adelante, sin embargo, con el voto a favor de PRC, PSOE, Podemos y Ciudadanos y la abstención del grupo popular que considera que el texto que proponía era "mejor".

"Estamos ante un escenario en el que el gobierno de Cantabria desprotege completamente espacios protegidos que son parte del patrimonio cántabro" ha afirmado Podemos

En estas enmiendas, el PP endurecía los trámites para proyectos cuyo minado se encuentren en espacios naturales protegidos, afecten a suelos incluidos en la Red Natura 2000 o a acuíferos.

Y también que esto se aplique en aquellos minados que puedan inducir riesgos "por subsidencia" en yacimientos arqueológicos y espacios naturales protegidos.

En la Comisión, se han aprobado cuatro enmiendas del grupo mixto, que y una enmienda de Podemos, no así otras cinco.

Las enmiendas de los podemitas han sido criticadas por el PSOE ya que, a juicio de los socialistas, pretenden "desvirtuar" la modificación de ley propuesta.

Como contraposición, PRC y PSOE han reconocido que varias de las presentadas por Ciudadanos y PP contribuyen a "clarificar" y "mejorar" el texto original.

Antes de concluir la votación, el PP ha anunciado su voto particular a las tres transaccionales aprobadas para su votación en el Pleno, donde también llegan 'vivas' las enmiendas de la oposición rechazadas en Comisión.

Queja de Podemos

A la salida de la Comisión, la portavoz de Podemos, Verónica Ordóñez, que ha presidido esta comisión ha expresado su alarma ante la inadmisión a trámite "por el bloqueo" de PRC y PSOE de una enmienda transaccional de la formación morada que, según señala, contaba con el apoyo de la oposición y que -dice- pretendía salvaguardar el suelo rústico protegido de la actuación minera, algo que considera "un atentado a la protección del patrimonio natural de Cantabria".

Considera que, con esta actuación, el Gobierno PRC-PSOE "ha dejado claro que no es la protección ambiental lo que les preocupa sino abrir un marco legislativo en el que el suelo protegido pueda ser objeto de un cambio en su estado y uso sin previo permiso ni siquiera de los municipios".

"Estamos ante un escenario en el que el gobierno de Cantabria desprotege completamente espacios protegidos que son parte del patrimonio cántabro" ha afirmado.

Podemos ha explicado que en esta enmienda que no se ha admitido a trámite contemplaba la explotación minera en aquellos espacios rústicos especialmente reservados para ese uso, o bien en suelo industrial o en último caso suelo rústico ordinario, previa adopción de las medidas preventivas y correctoras de impacto ambiental.

Asimismo, esta enmienda preveía que las instalaciones de transformación del material, salvo excepciones, deberían estar situadas en todo caso en suelo industrial.

Para Podemos, la negativa de PRC y PSOE a admitir a trámite la transaccional, a pesar de ser reglamentario, "atenta contra el espíritu del debate democrático del Parlamento", algo que ha calificado de "vergonzoso y antidemocrático".

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