lunes 16/5/22
VALDECILLA

No les llame pacientes, llámeles “inquilinos”

El informe de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno confirma la legalidad del contrato que privatiza los servicios no sanitarios de Valdecilla durante 20 años.

Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
La Dirección General del Servicio Jurídico de Cantabria ha confirmado que el contrato de privatización de Valdecilla se ajusta a la legalidad

A finales de enero se dio a conocer que el informe de la Consejería de Sanidad no encontraba resquicios legales para revocar el contrato de colaboración público-privada con SIEC-Ferrovial para acabar las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. En aquel momento, el Gobierno regional quedó a la espera del informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, aunque daba por hecho un resultado similar.

Y el resultado ha sido, efectivamente, el mismo. Según este informe, el contrato, por el que además la gestión de los servicios no sanitarios pasaban a manos privadas, se ajusta a los requisitos formales exigibles, dado que no existen errores en la tramitación o el contenido. Para el Ejecutivo, esto convierte a pacientes y profesionales en “inquilinos”, dada la privatización de estos servicios que “influyen a diario” en el funcionamiento del hospital. Y eso se producirá durante 20 años, con un coste cercano a los 900 millones de euros.

El Gobierno considera necesario valorar los costes económicos que supondría recuperar esa gestión, algo que conocerá en el transcurso de las próximas semanas

Asimismo, considera que la actual gestión ha "hipotecado" a la Comunidad Autónoma. Es por ello que el Gobierno considera necesario valorar los costes económicos que supondría recuperar esa gestión, algo que conocerá en el transcurso de las próximas semanas a través del estudio encargado al Servicio Cántabro de Salud, conforme a lo establecido en la Ley de Contratos del Estado.

El Gobierno también ha señalado que el resultado era el esperado dado que, de haber alguna irregularidad, el contrato “no hubiera superado los filtros jurídicos necesarios” para someterlo a la aprobación del Consejo.

En cualquier caso, el Gobierno seguirá llevando a cabo un "seguimiento estricto" del contrato de colaboración público-privada, con el objeto de evitar cualquier posible incumplimiento y actuar en consecuencia en el caso de producirse alguno. Hasta el momento, ya ha creado una comisión interna de seguimiento y contratado una auditoría sobre el acabado de la obra y su adaptación al proyecto.

Además, ha encargado a la Universidad de Cantabria sendos estudios sobre la diferencia de coste que ha supuesto para la Comunidad Autónoma este contrato respecto al procedimiento administrativo habitual y el porcentaje que su pago supone en el presupuesto regional.

Desprestigiar lo del PP

Tras conocerse el resultado de este informe, la diputada regional del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha exigido a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, que “deje de engañar” y pida “perdón públicamente al PP y a Cantabria”. A su juicio, el informe demuestra que existe una campaña del PSOE para “desprestigiar todo lo que ha hecho el PP”.

Buruaga ha recordado que tras el “primer revés”, la consejera dijo que el informe era “provisional y que no podía esperarse otra cosa”, dado que existía parcialidad. “Ahora se ha producido el revés definitivo”, ha asegurado la ex consejera de Sanidad, algo que “el Gobierno ya sabía”.

“El PSOE ha demorado los plazos para alimentar la estrategia de manipulación”, ha afirmado, y ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) “ya dijo lo que dice el informe” ante la denuncia del PSOE cuando estaba en la oposición.

“No me parece de recibo que lo que no se pudo atacar con fondos socialistas se ataque ahora con fondos públicos”, ha criticado Buruaga, para quien “no basta con un pequeño reconocimiento”. A su juicio, “han actuado con mala fe”, pues las acusaciones “se han demostrado falsas”.

Buruaga ha explicado que ahora el Gobierno debe valorar “si es más gravoso para la Administración pública” revocar el contrato o “continuar y exigir su cumplimiento”. “No sé dónde va el Gobierno, pero el recorrido es muy corto”, ha reflexionado la diputada del PP en Cantabria.

Respecto al coste de esa revocación, la ex consejera ha criticado que “no pueden seguir afirmando que por una obra de 98,5 millones de euros haya que pagar 900 millones”.

“Valdecilla es irreprochable”, ha afirmado Buruaga, quien ha pedido que no se siga “agitando el fantasma de la privatización”, pues “es un éxito moral, social y político de la sociedad cántabra liderado por el PP”.

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