La Audiencia de Cantabria ha ratificado el archivo del 'caso GFB' acordado en octubre del año pasado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander al considerar que hubo "despilfarro" y "derroche" de fondos públicos así como un "total desinterés" en la gestión del proyecto, pero no delito de malversación de caudales ni de administración desleal.
Así lo recoge el auto de la Sección Tercera de la Audiencia, que desestima los recursos de apelación interpuestos por el Gobierno regional y varios implicados en el caso, como los exconsejeros de Economía e Industria, Ángel Agudo y Miguel Ángel Pesquera, entre otros, y confirma el fallo previo de instrucción.
De esta manera, la Audiencia también considera, al igual que el Juzgado, que no se ha acreditado la comisión de las infracciones penales que denunció la Fiscalía en base a la documentación de la comisión de investigación realizada en el Parlamento regional en torno a la puesta en marcha de la fábrica de fibroyeso GFB en Orejo (Marina de Cudeyo).
No obstante, en el auto, fechado el pasado 1 de diciembre y del que ha sido ponente la magistrada Paz Aldecoa, la Audiencia considera "sin ninguna duda" que la actuación de los acusados puede entenderse como "poco ética", y podría incluso tener consecuencias en otros ámbitos como el mercantil, debido a una "cierta incompetencia" en la gestión de fondos públicos que ha ocasionado "quebranto" a la Administración.
Pero la Audiencia no aprecia indicios suficientes de que las personas investigadas --miembros del Consejo de Gobierno de GFB y Sodercan, incluido el entonces director general de esta sociedad pública, Salvador Blanco, que ostenta de nuevo este cargo-- hayan obtenido "algún aprovechamiento, ventaja o ganancia para sí o para otro".
Así, insiste la Sección Tercera de la AP, aunque su actuación "supuso un derroche de fondos públicos y un total desinterés en la gestión" no hay indicios de que hubiera mediado un "ánimo de enriquecimiento personal" o para "un tercero".
Y tras exponer ejemplos como la adquisición de la maquinaria de la fábrica por 44 millones de euros, con una plusvalía "no justificada" de 12 millones, o "gastos excesivos" en sueldos o dietas y "elevadísimos" de representación, todo ello sin que la empresa hubiera iniciado su producción, el auto señala que los mismos constituyen una "muestra evidente" de lo que no debe ser una "adecuada y responsable" gestión de dinero público, que en el caso de GFB ha ocasionado un "considerable perjuicio económico" al a Administración Pública y a los ciudadanos de la región.
Los magistrados de la Audiencia tampoco aprecian indicios suficientes para que concurra un delito de administración desleal, pese -insiste- a que la gestión fue "poco responsable" en la "práctica totalidad de las decisiones" relacionadas con la puesta en marcha del proyecto fabril.
Y tampoco aprecian delito de fraude de subvenciones, por la concesión de cerca de 2,6 millones a GFB para la creación de 77 puestos de trabajo, cuando sólo se contrataron a 42 personas y "apenas mes y medio después" del arranque de la actividad se inició un ERE (expediente de regulación de empleo) que implicó el despido de varios empleados.
Los jueces consideran al respecto que la contratación fue "efectiva" y los miembros del consejo de administración tenían el "convencimiento" de que el inicio de la actividad estaba "muy próximo".
Por todo lo anterior, la Audiencia de Cantabria desestima los recursos de apelación presentados contra la resolución de instancia y confirma el archivo del 'caso GFB' acordado por el Juzgado de Instrucción.
