El Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Memoria Histórica, ha pedido a la capital cántabra y a otros ocho ayuntamientos de la comunidad autónoma la “retirada inmediata” de sus vestigios del franquismo. Y es que nueve ayuntamientos cántabros están entre los 656 ayuntamientos españoles a los que el Ministerio de Justicia ha pedido “que eliminen los vestigios del franquismo que todavía puedan quedar en espacios públicos de sus respectivos municipios”, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica de 2007. Según ha informado hoy miércoles el Gobierno español en un comunicado, el INE (Instituto Nacional de Estadística) ha detectado que “destacadas figuras del franquismo” todavía dan nombre a 1.171 calles y plazas de 637 municipios, un censo al que la Dirección General de Memoria Histórica ha incorporado otros 19 en los que también podrían quedar “otros vestigios de exaltación de la Guerra Civil u homenaje al franquismo”.
Se trata de Santander, Cillorigo de Liébana, Comillas, Laredo, Medio Cudeyo, Ramales de la Victoria, Santoña, Selaya y Suances
Según ha informado Europa Press, nueve de esos 656 ayuntamientos a los que se ha dirigido el Ministerio de Justicia son los cántabros Santander (PP), Cillorigo de Liébana (PP), Comillas (PRC), Laredo (PSOE), Medio Cudeyo (PRC), Ramales de la Victoria (PSOE), Santoña (PSOE), Selaya (PP) y Suances (PSOE). Y es que en Santander aún se mantienen vestigios como el monumento a los Caídos en el Faro, levantado en 1941 –siendo alcalde de la ciudad el franquista Emilio Pino, que también cuenta con una calle a su nombre en Santander– o la calle más larga de la ciudad, denominada General Dávila en homenaje al franquista Fidel Dávila, comandante en jefe del golpista Ejército del Norte. O en Santoña aún se mantienen otros como el monumento al franquista Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno español desde el 9 de junio hasta el 20 diciembre de 1973. No obstante, fuentes de grupos de memoria histórica han declarado a este diario que calculan que vestigios franquistas “haya en más de la mitad de los ayuntamientos de Cantabria, como poco”, por lo que –teniendo en cuenta que Cantabria tiene 102 ayuntamientos– la lista de nueve contemplada por el Ministerio de Justicia podría haberse quedado muy corta o hacer referencia sólo a los casos más sangrantes.
Monumento a los Caídos en el Faro (Santander)
Otro de los problemas a los que se enfrenta esta iniciativa es la titularidad de muchos de esos vestigios franquistas. “Algunas iglesias tienen lápidas en sus portalones, pero el Obispado dice que no son responsabilidad de la Iglesia sino del Gobierno porque se pusieron por un decreto ley de Franco, así que la Iglesia se lava las manos una vez más”, han declarado a este diario fuentes de asociaciones de memoria histórica.
En su carta a esos 656 ayuntamientos, el director general de Memoria Histórica del Gobierno español, Fernando Martínez, les pide que certifiquen “la no existencia de simbología de exaltación en su municipio” y, en el caso de que sí exista, procedan “a dar cumplimiento” a la Ley de Memoria Histórica, “elaborando el catálogo de vestigios municipal, con su inmediata retirada de los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar y represión de la dictadura”. Martínez recuerda asimismo que el 7 de junio de 2013 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estableció en una sentencia –que rechazó un recurso contra la retirada de la estatua ecuestre de Franco de la madrileña plaza San Juan de la Cruz– que “el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica impone a todas las Administraciones Públicas adoptar las medidas oportunas para que se proceda a la retirada de aquellos monumentos conmemorativos que supongan una exaltación de la Guerra Civil, con el objeto de dar cumplimiento al espíritu de reconciliación y concordia que permitió el alumbramiento de la Constitución de 1978”.
Además de a esos 656 municipios que podrían mantener vestigios franquistas en espacios públicos, el director general de Memoria Histórica también se ha dirigido a todos los gobiernos autonómicos, solicitándoles “información sobre la existencia de simbología de exaltación de Guerra Civil y dictadura en territorios autonómicos”, igualmente “para proceder a obrar en cumplimiento” de la Ley de Memoria Histórica, cuyo artículo 15.1 establece que "las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”.
