El médico acusado de acceder sin permiso ni motivos al historial clínico de un paciente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que había mantenido una relación con su esposa, ha admitido este extremo en el juicio celebrado contra él, en el que ha indicado que lo hizo pensando que actuaba dentro de la legalidad y por motivos de salud, con el ánimo -ha dicho- de proteger la suya y la de su mujer. Y es que según ha explicado pretendía "verificar" la existencia de enfermedades de transmisión sexual por parte del amante ante posibles contagios hacia la pareja.
Así lo ha señalado este martes en su declaración ante la Audiencia de Cantabria, donde solo ha respondido a las preguntas de su abogado y el fiscal -que pide dos años y medio de cárcel, uno de inhabilitación y multa de 6.000 euros-. Al término de la sesión, celebrada en la Sección Tercera, en el ejercicio del derecho a la última palabra ha asegurado que "jamás" ha pretendido hacer "daño a nadie", aunque ha admitido que se ha "podido equivocar".
"Si me he equivocado, lo siento", ha concluido el acusado
"Si me he equivocado, lo siento", ha concluido el acusado, que a lo largo del interrogatorio ha evidenciado los "bastantes problemas" que ha tenido con el denunciante, que también ha declarado y que igualmente ha puesto de manifiesto la "mala relación" entre ambos.
El procesado, que es personal estatutario del SCS con plaza propia, ejerce como médico de Atención Primaria en un centro del área de Campoo-Los Valles. Ha reconocido que entró con su número de usuario y clave particular a la base de datos del sistema sanitario cántabro para consultar el historial clínico de este hombre, que no era paciente suyo pero que había mantenido una relación "corta" con su mujer, durante "dos meses" (un "año y medio" según el implicado).
Tras alegar que la administración no les facilitó en su día información sobre el acceso a este tipo de datos ni especificaciones legales relacionadas con la protección de los mismos, el imputado ha justificado los accesos que hizo en "tres" fechas distintas -aunque solo consultó datos en dos- y sin autorización para "verificar" la situación clínica particular de quien había sido amante de su mujer. Así, su "interés" era saber si había tenido episodios o enfermedades de transmisión sexual, ante posibles contagios al matrimonio.
Y lo hizo, según ha incidido, pensando que tenía derecho a ello y que actuaba dentro de la ley, pues trataba de "proteger" de su mujer y la suya propia. Así, en ningún momento fue consciente de que estaba cometiendo un delito. "Para nada", ha apostillado, antes de manifestar que cree que las advertencias legales de la página inicial del sistema informático son para personas "ajenas" al SCS.
A preguntas de su abogado, el médico ha detallado que para acceder a un historial clínico del SCS hay que pasar varias pantallas -cerca de siete- de la intranet del SCS, extremo que ha corroborado el jefe del Servicio de Informática del Hospital Valdecilla: cuatro o cinco "en el menor de los casos", ha precisado. Este testigo ha corroborado que el acusado consultó al menos una analítica del afectado.
De los "problemas" con el amante de su esposa a raíz de esta relación sentimental, ha aludido a un "chantaje" por parte de éste al que él no accedió, de dinero a cambio de "silencio" después de que la mujer le hubiera rayado el coche, así como a denuncias, llamadas de teléfono, pintadas en el exterior de su domicilio o anónimos dirigidos a los hijos del matrimonio, de 8 y 12 años, y a los que alertaban de que su madre era "una puta" y su padre "un cornudo".
Esta "mala relación" ha sido corroborada por el denunciante, quien ha citado asimismo el rayón del vehículo, y ha citado además episodios de llamadas telefónicas, anónimos, acoso y amenazas de ambos y de una amiga de ella. En este sentido, el afectado ha asegurado que el médico le avisó de que era perito y que conocía a jueces, y también le dijo que le iban a "echar de España".
En relación con esto último, el demandante ha indicado que tras una denuncia de un "particular" a Hacienda recibió un trato "despectivo" de la inspectora que le atendió, y ha añadido que a los pocos meses le trataron de la misma manera en una inspección de Sanidad por una baja laboral.
"No era normal lo que me estaba pasando", ha resumido, para señalar que "sospechaba" que el acusado estaba detrás de esto. Después de advertir a la funcionaria sanitaria de que la iba a denunciar por el trato recibido, fue ésta quien le indicó que pidiera el historial clínico digital. El afectado, que trabaja en el gimnasio de un colegio de curas del que fue expulsado, también ha señalado que ha precisado tratamiento psicológico por esta situación.
Conclusiones
Tras el interrogatorio al acusado y afectado, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones. Así, la Fiscalía mantiene que el facultativo incurrió en un delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que pide la citada pena de dos años y medio de cárcel, 6.000 euros de multa y un año de suspensión de empleo público por su condición de funcionario del SCS.
El representante del Ministerio Público cree que el procesado no ha actuado como "médico", sino como "paciente", y que no estaba legitimado para acceder a datos que son "muy sensibles", que solo pueden consultar profesionales sanitarios pero sin autorización en este caso.
La acusación particular, por su parte, tipifica los hechos como un delito continuado contra la intimidad agravado, y pide tres años y tres meses de cárcel, nueve años de inhabilitación y multa de 50.400 euros; o subsidiariamente, dos años y medio de prisión, seis de inhabilitación y multa de 43.200, así como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros por un tiempo superior en un año al de la pena de cárcel.
El letrado del denunciante justifica la continuidad delictiva porque hubo varios accesos al historial en diferentes días, y varios "años" después de haberse terminado la relación extramatrimonial. Considera además "pueril" la justificación del implicado para consultar los datos médicos, ya que hay "otras vías" para acreditar enfermedades de transmisión sexual y contagios, como el propio análisis.
De todas formas, ha incidido en que los usos de la historia clínica deben de ser para garantizar una asistencia "adecuada" al paciente, y solo se puede acceder a la misma si hay "relación asistencial", circunstancia que no se da en este caso. Sobre la indemnización interesada, la defensa ha sostenido que la vulneración del derecho al honor e intimidad supone "per se" un perjuicio, al margen de que se difunda o no la información.
Finalmente, la defensa ha incidido en que si bien hubo tres accesos a la web, de unos "segundos", no en todos se consultó el historial médico del afectado, y tampoco se accedió a información distinta, sino siempre a la misma, por lo que no entiende así que se hable de continuidad delictiva.
Ha destacado además que la información no ha sido divulgada por su patrocinado, que pensó que actuaba "correctamente" y desconociendo que era algo ilícito. "Accede con su clave. Piensa que no está haciendo nada malo", ha remachado el abogado defensor, que ha subrayado la "manifiesta desproporción" que a su juicio existe entre el reproche social y las penas para estas conductas.
Y después de incidir en que la gestión de la historia clínica forma parte del núcleo "accesorio o marginal" de un médico, donde por tanto es "más fácil" cometer "un error", la defensa ha apuntado que acceder a datos clínicos va "implícito" en la condición de funcionario del ramo.
Para finalizar, ha interesado la aplicación de las atenuantes de dilaciones indebidas por los casi "cuatro años" transcurridos desde que se inició el proceso y de reparación del daño tras consignar 2.000 euros para este fin en el juzgado, una cifra "prudente" si se compara con los 3.500 euros fijados para el juez Luis Acayro.
