jueves. 28.03.2024

El Pleno municipal de Santander ha aprobado este jueves la resolución del expediente por el derrumbe parcial del edificio número 57 de la santanderina calle del Sol, expediente elaborado por los técnicos municipales y que el equipo de gobierno del PP ha llevado al Pleno y ha sacado adelante con el apoyo del tránsfuga de Ciudadanos que lo sostiene de facto, David González. La resolución del expediente se ha aprobado entre las críticas de la oposición, que considera que no se han depurado las responsabilidades políticas y administrativas que pudo haber en el siniestro. “La resolución no es eficaz porque no depura todas las responsabilidades”, ha dicho el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, mientras que el portavoz del PSOE, Pedro Casares, ha asegurado que es un expediente “a medias” y que “los vecinos quieren saber la verdad”. A pesar de sus críticas, PSOE, PRC, IU y los concejales no adscritos Antonio Mantecón y Cora Vielva se han abstenido y no han votado en contra para no retrasar las sanciones incluidas en el expediente a la sociedad promotora, al director de las obras y a la empresa contratista, y sólo la portavoz de Ganemos, Tatiana Yáñez-Barnuevo, ha votado en contra, aunque todos han opinado que “hay muchas responsabilidades políticas” que se “quieren tapar” con esta resolución.

Así, varios de los portavoces y concejales han apuntado directamente, como ya habían hecho anteriormente, al concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, por la rapidez con la que se concedieron las licencias y por la “falta de control” de la ejecución de las obras que se llevaban a cabo en el bar Masters cuando se produjo el derrumbe. Precisamente Díaz ha sido el encargado de defender la resolución del expediente y ha acusado a la oposición de haber utilizado “esta desgracia” del derrumbe parcial del edificio, que se produjo el pasado 19 de julio, hace más de nueve meses, únicamente “con el empeño de hacer daño político a cualquier precio”. “Han utilizado una desgracia para tener una pieza política en su cacería”, ha añadido el concejal de Urbanismo, que ha defendido la labor desarrollada por los técnicos y funcionarios municipales en el expediente y cuyos trabajos desde que se produjo el derrumbe ha reivindicado como “un verdadero ejemplo de actuar con transparencia”. “El expediente lo elaboran los funcionarios no el equipo de gobierno, y si no creen en ellos, es que tienen un grave problema”, ha advertido Díaz a los concejales de la oposición, a quienes ha acusado de no haber mantenido contacto con los vecinos afectados, que sin embargo en su opinión han sido “una prioridad” para el equipo de gobierno.

“Díaz trata de escudarse tras este expediente para no asumir ninguna responsabilidad política”

Frente a ello, los portavoces de PSOE y PRC han criticado a Díaz porque a su juicio éste trata de “escudarse tras este expediente para no asumir ninguna responsabilidad política” en un siniestro en el que “sigue habiendo muchas sombras”, sobre todo por la rapidez en la concesión de licencias de obra menor y mayor, una rapidez que según Casares y Fuentes-Pila y a pesar de lo que diga el concejal de Urbanismo, “no es tal si uno no se apellida Vega u Ocejo”. Así se han referido a Guillermo Vega Willy y a Javier Ruiz Ocejo, los dos propietarios de Dos Imanes Producciones, la empresa promotora de las obras en el bar Masters del bajo del edificio número 57 de la calle del Sol y que junto al director de las obras y el empresario contratista son los únicos sancionados en el expediente que ha llegado este jueves al Pleno para someterse a su ratificación después de que se rechazaran las alegaciones al mismo. La oposición municipal se ha referido en más de una ocasión a la “conocida amistad personal” de Díaz tanto con Willy como con Ocejo.

El expediente –que una vez aprobada su resolución por el Pleno se notificará a las partes– concluye que el derrumbe se produjo como consecuencia del exceso de obra realizada en el antiguo bar Masters y propone imponer a la sociedad promotora, al director de las obras y a la empresa contratista la sanción prevista en su grado máximo para las infracciones graves de la Ley del Suelo, que es de 15.000 euros para cada uno de los responsables. Además, el expediente establece la obligación de reponer los bienes afectados y de indemnizar a los perjudicados y a la Administración. Asimismo, entre las sanciones, incluye la inhabilitación de cuatro años para obtener subvenciones y ayudas públicas cuyo otorgamiento dependa del Ayuntamiento de Santander y la prohibición durante cuatro años para celebrar contratos con el Ayuntamiento.

Las críticas de la oposición al equipo de gobierno del Partido Popular por lo que rodeó al derrumbe del edificio y por el expediente han llegado de todos los representantes de los partidos y de los concejales no adscritos Mantecón y Vielva, no así de David González, al que el resto ha tachado de “tránsfuga” y que una vez más ha votado junto con el PP sin haber intervenido en el debate ni para explicar su postura. Algo que sí ha hecho el resto.

Es “difícil” que se cumpla con su inhabilitación para contratar con el Consistorio, porque se sanciona a las empresas y no a las personas físicas

El portavoz del PSOE, Pedro Casares, ha indicado que hay “hechos muy graves” en torno al derrumbe, con “posibles negligencias” como las que recoge el expediente, pero ha considerado que también hay “responsabilidades políticas” que no se depuran, y ha apuntado a Díaz. En la misma línea se ha pronunciado el portavoz del PRC, José María Fuentes-Pila, que ha considerado que lo de la calle del Sol “fue la crónica de un derrumbe anunciado” y ha lamentado que aunque se apruebe la resolución y cierre del expediente, la solución para los vecinos se demorará en el tiempo. Y es que según han advertido varios ediles, el Ayuntamiento no tiene capacidad para obligar a las empresas involucradas a reconstruir el edificio y además es “difícil” que se cumpla con su inhabilitación para contratar con el Consistorio, porque se sanciona a las empresas y no a las personas físicas.

Para Yáñez-Barnuevo, el expediente es un “fraude político” con el que el equipo de gobierno del PP trata de “engañar a los vecinos”, a quienes –ha afirmado– “ha prometido reconstruir el edificio". Ante esta afirmación, la alcaldesa, Gema Igual (PP), ha retado a la portavoz y única concejala de Ganemos a “traerme al Pleno a un solo vecino que pueda decir que yo les he dicho que el Ayuntamiento reconstruirá el edificio”. “Jamás he prometido a los vecinos que les voy a arreglar sus casas, jamás”, ha enfatizado Igual, que además de retar a la concejala ha asegurado que, con el expediente “este equipo de gobierno va a buscar a todos los responsables y hacer que caiga sobre ellos todo el peso de la ley” y ha lamentado que “temas tan importantes” como éste “se tiñan de política”.

El concejal de IU, Miguel Saro, ha reconocido el trabajo desarrollado por los funcionarios municipales, aunque se ha abstenido en la votación y ha criticado que en el expediente “faltan responsables” más allá de las tres empresas sancionadas, y aunque se haga “bastante esfuerzo para argumentar” la resolución, ha insistido en que “hay relaciones entre personas de esas empresas y el Ayuntamiento que se ven claramente”.

Por su parte, Mantecón también ha criticado que el expediente no aborde, a pesar de la “independencia” que según Díaz tienen los funcionarios, “los tratos de favor entre compiyoguis” que se han visto en su tramitación y con lo que se consigue que algunos responsables “queden impunes”. En la misma línea, Vielva ha considerado que “faltan culpables” en el expediente.

‘Liberando’ a Willy