domingo. 03.07.2022

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha desestimado el recurso de Ecologistas en Acción contra el Plan de Gestión del Lobo en la región, mediante el que se controlaba la población de la especie antes de aumentar su protección con su entrada en el LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Así, los magistrados de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJC consideran que dicho plan no vulneraba el convenio de conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, hecho en Berna, ni infringía la Directiva Hábitat. Y tampoco era contrario a la Ley de Patrimonio Natural y Bidodiversidad, como argumentaba la agrupación conservacionista.

En la misma línea, la resolución judicial refrenda que con el plan no se incumplía el principio de interdicción de la arbitrariedad, ausencia de motivación y falta de justificación y objetividad.

De hecho, se reafirma en que no era necesaria la motivación específica técnico-científica de la orden y señala que la demandante -a la que se condena en costas- no prueba que el estado de conservación del lobo no alcance, en Cantabria, la calificación de favorable. "El mismo compatibiliza la gestión cinegética del lobo con el mantenimiento de la especie en un estado de conservación favorable y no solo persigue ese objetivo, sino que contiene medidas adecuadas al mismo", razonan los jueces para tumbar la pretensión de Ecologistas en Acción de anular la orden por la que se aprueba el plan, toda vez que "no ha justificado la insuficiencia de las medidas" dispuestas en el mismo al fin conservador y, menos aún", que alguna de ellas sea "un obstáculo" al respecto.

Finalmente, el TSJ regional confirma tanto la legitimación de Fundación Artemisan, y del resto de entidades codemandadas, para personarse en el procedimiento, como la falta de consistencia de los argumentos presentados por la agrupación ecologista, lo que conforma un "alegato huero", "huérfano" de pretensión concreta. Junto al Gobierno de Cantabria como demandado, se personaron como codemandados, además de Artemisan, la Federación Cántabra de Caza, el Club Deportivo de Caza y Pesca Picos de Europa de Liébana, la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y el Ayuntamiento de San Miguel de Aguayo.

El TSJ cántabro se había pronunciado ya anteriormente en la misma línea, en respuesta al recurso presentado por la Asociación ASCEL, confirmándose así que el plan era legal.

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