El juicio contra los dueños de Ecomasa World Investment (EWI), Andrés de León y Jesús Lavín, por presuntos delitos de falsedad contable y administración desleal al frente de esta empresa, se celebrará los días 22 y 23 de noviembre en el Juzgado de lo Penal número 1 de Santander. La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años y medio de prisión, 8.100 euros de multa y una indemnización conjunta de 3,2 millones de euros.
La Fiscalía pide para cada uno de ellos cuatro años y medio de prisión, 8.100 euros de multa y una indemnización conjunta de 3,2 millones de euros
Lo mismo piden para ambos las acusaciones particulares que ejercen Sodercan y el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) mientras que el comité de empresa, que también se ha constituido como acusación particular, solicita una condena de siete años de prisión y 10.800 euros de multa para cada uno de los enjuiciados al apreciar continuidad delictiva en ambos.
La indemnización solicitada por esta parte es la misma que la pedida por el resto de acusaciones, que habrán de integrarse en la masa del concurso de EWI para atender las obligaciones pendientes de ésta, incluidas las referidas al ICAF y a Sodercan, que durante un tiempo entró en el accionariado y formó parte del Consejo de Administración.
De esta manera, Lavín y De León volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez en la vía penal, como presuntos autores de los citados delitos en esta sociedad, que recolocó a 88 trabajadores de Teka en la fallida fábrica de estufas del polígono de La Cerrada, en Maliaño, y recibió 18 millones de dinero público en financiación y avales, el grueso en la legislatura 2011-2015.
La causa llega a los juzgados de lo Penal después de que en junio de 2020 el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander acordara la apertura de juicio oral e impusiera a los administradores de Ecomasa World Investment (EWI) una fianza de 4,26 millones de euros para cubrir las posibles indemnizaciones a las que tuvieran que hacer frente.
Los trabajadores de la fallida empresa de estufas de La Cerrada fueron quienes iniciaron la vía penal contra los dueños de EWI para intentar recuperar, sin conseguirlo, los tres millones de euros de sus indemnizaciones por despido de Teka.
Al procedimiento penal se sumó más tarde el Gobierno de Cantabria, a través de Sodercan y el ICAF.
El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a EWI en septiembre de 2015, y un mes más tarde Sodercan interpuso denuncia ante la Fiscalía. Dicho juzgado declaró culpable el concurso en abril de 2019 por retraso en la solicitud del mismo e inhabilitó a De León y Lavín.
Al procedimiento penal se sumó más tarde el Gobierno de Cantabria, a través de Sodercan y el ICAF
En noviembre de 2020, la Audiencia de Cantabria confirmó el concurso culpable de Ecomasa y la inhabilitación de los tres responsables de la empresa (además de Lavín y De León el también administrador Antonio Hernández Molina). Sin embargo, estimó una de las pretensiones de De León por la declaración culpable y le eximió del pago de una indemnización de 39.658 euros por daños y perjuicios.
CONCLUSIONES DE LA INSTRUCTORA DEL CASO
Lavín y De León están acusados de causar un perjuicio económico a la sociedad Ecomasa World Investment (EWI) y, por ende, a Sodercan en su condición de socia.
En su calidad de administradores de la mercantil, en el año 2014 realizaron una serie de operaciones que supusieron un "importante perjuicio" para la entidad, tal y como describió la instructora de la causa cuando dio por terminada la investigación y encontró indicios delictivos en la actuación de los dos acusados.
Así, relató la capitalización de un crédito, es decir, la sustitución de la obligación que tenía una sociedad chilena que formaba parte del grupo Ecomasa de abonar un préstamo de 500.000 euros a la propia EWI por una participación social de esta del 30% en la compañía chilena.
Explica la instructora que aquel préstamo fue concedido en un momento en que EWI "presentaba dificultades en su tesorería, estaba buscando un inversor que paliase su situación de descapitalización y con unas ventas inferiores a las previstas".
No consta que los administradores adoptaran "las debidas garantías", ni que constataran previamente su valor de mercado. Cuatro meses después, "la propia EWI deteriora su valor" y un año después solicita la liquidación.
"Esta operación se realizó indiciariamente con una sobrevaloración de las acciones de la mercantil chilena y en un momento en el que los investigados conocían los graves problemas que estaba atravesando" esta entidad, pues llevaba tres meses sin vender productos, explica la instructora, que señala también que la operación fue ejecutada "sin el consentimiento ni autorización de Sodercan y en perjuicio de la misma".
Meses después, EWI adquirió participaciones de otra mercantil, también del grupo, en compensación de la deuda que ésta tenía con EWI, por un importe de 898.500 euros, "compra que, puede afirmarse indiciariamente, se produjo con una sobrevaloración de las participaciones adquiridas".
Por último, firmaron un contrato de compra por parte de EWI de una marca comercial a otra empresa del grupo por 1,8 millones de euros, como compensación del crédito que esa entidad debía pagar a EWI. De esa forma, el crédito se daba por pagado.
En este punto, la instructora pone de manifiesto que la marca se concedió y publicó en el boletín de marcas comunitarias "para la comercialización de los productos fabricados por EWI, pero su registro, sin embargo, se hace por otra sociedad del grupo".
"Esta operación de compra-venta de la marca comunitaria, al igual que las anteriores, no fue autorizada por Sodercan y supuso un importante perjuicio para EWI", señala el auto que puso fin a la instrucción.
Y añade que constituyó "un contrato simulado, que sustituyó en el patrimonio de EWI un crédito líquido a su favor por un activo carente prácticamente de valor, además del hecho difícilmente explicable de que la marca no hubiera pertenecido a la propia EWI desde su creación, al tratarse de una marca que se registró para la comercialización de los productos fabricados por la propia EWI".
El juicio se desarrollará en dos sesiones, una el lunes 22 y la otra el martes 23, ambas a partir de las 9:00 horas, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
