El juicio contra el Consejo de Administración de la empresa Sniace de Torrelavega por la posible comisión de un delito medioambiental se celebrará el próximo mes de febrero.
Las sesiones, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, se desarrollarán entre el 1 y el 26, ya que además de esos días también se celebrarán el 9, 10, 11, 15, 16 ,17 ,18 ,19, y 26, según el auto por el que se acuerda la celebración de la vista, al que ha tenido acceso Europa Press. Entre esas fechas, se sentarán en el banquillo ocho acusados, miembros todos ellos de la dirección de la fábrica del Besaya, destacando entre ellos el expresidente Blas Mezquita, que dimitió en enero de 2019, poco después de que la Audiencia Provincial de Cantabria les imputara por un presunto delito medioambiental por vertidos contaminantes al río Saja entre 2008 y 2010.
La Sala de la Sección Tercera de la AP estimó entonces los recursos de apelación interpuestos por el fiscal y Ecologistas en Acción -que denunció los hechos- contra una resolución judicial previa, de marzo de 2016, del Juzgado de Instrucción número 1 de la capital del Besaya, dictada en el marco de esta causa y que eximía de responsabilidad a los directivos de la papelera del Besaya. Pero con el nuevo auto, que no admitía recurso alguno, se continuaba el procedimiento iniciado en su día contra la dirección de Sniace, integrada además de por Blas Mezquita y los cántabros Manuel Huerta y Jesús Manuel Zaballa, por los igualmente consejeros Julio García, Víctor Manuel Guzmán, Juan Hernández y Antonio Temes.
En el mismo pronunciamiento, la sala también desestimaba el recurso interpuesto por el director de Operaciones del Grupo, Francisco González Payno, con lo que se mantiene su imputación -los magistrados creían que no tenía autonomía para obrar por sí solo al margen del Consejo de Administración- por el supuesto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Y es que los vertidos al cauce del Saja se habían producido sin la autorización de la entonces Confederación Hidrográfica del Norte (ahora del Cantábrico) y los mismos presentaban elevados niveles de distintas sustancias contaminantes, entre ellas metales pesados, que contravenían la normativa protectora del medio ambiente, ya que resultan nocivos para el ecosistema fluvial y pueden acarrear riesgos en la salud de las personas.
En este sentido, los integrantes de la Sección Tercera de la AP destacaban los informes periciales de la CHC, del Instituto Nacional de Toxicología y los encargados por el Ministerio Fiscal. La defensa del Consejo de Administración de Sniace se había basado por su parte en el desconocimiento de los hechos por parte de sus integrantes, que alegaban que "ninguno" se encargaba "específicamente" de cuestiones medioambientales en esos años, entre 2008 y 2010. Esgrimían así que eran decisiones adoptadas por los "técnicos" ajenas a ellos, derivando de este modo cualquier responsabilidad en el director de operaciones.
Pero la sala consideró que "existen indicios que apunta a la posible responsabilidad de los consejeros de Sniace y, desde luego, de su presidente", Blas Mezquita, en la emisión de vertidos contaminantes al Saja, que ya se habían producido con anterioridad. De hecho, en el mismo periodo en cuestión se tramitó un procedimiento penal contra Gómez de Liaño, exconsejero ejecutivo de Sniace, que fue condenado en abril de 2010 por delito medioambiental, por vertidos previos similares.
Además, en esas fechas la CHN había impuesto a Sniace una sanción por falta "muy grave", con multa de 600.000 euros e indemnización de 500.000-. Pese a todo, los mismos continuaron "sin que el Consejo de Administración de Sniace hiciera nada al respecto" y sin que los mismos estuvieran amparados por la Autorización Ambiental Integrada. Esta norma establecía que las aguas procedentes del proceso industrial debían verterse a la Ría de San Martín a través de un colector de industriales que "no estaba en funcionamiento" en el momento de los hechos, sino que la conexión se produjo en abril de 2010.
