viernes. 29.03.2024

Izquierda Unida ha preguntado a la consejera de Sanidad, María Luisa Real, "quién más tiene la culpa de su gestión", tras escuchar sus "chocantes" declaraciones en las que responsabiliza al Interventor General de Cantabria de no haber remitido a la Fiscalía el informe que desgrana las irregularidades en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud. Un informe que, ha recordado en un comunicado la coordinadora autonómica de IU, Leticia Martínez, "la propia consejera primero dijo que no hacía falta enviar porque era provisional". "Parece que entonces sí era su responsabilidad y su decisión", ha aseverado Martínez, quien ha espetado a Real "¿en qué quedamos: el informe no hace falta porque es provisional o no se envía porque no le corresponde".

Para la coordinadora de IU, "todo son balones fuera para no remitir a la Fiscalía la información que este órgano le pedía en su investigación por la denuncia que presentó Izquierda Unida. De hecho, la propia IU ya pidió formalmente el pasado 8 de agosto la remisión del informe de Intervención con el objeto de estudiarlo y poder hacérselo llegar a la Justicia, “visto que desde el Servicio Cántabro de Salud no daban visos de proceder a ello”. Asimismo, Leticia Martínez ha cuestionado el compromiso de Real y el Gobierno de Cantabria con la transparencia, señalando que "si Real no creyó conveniente enviar la documentación del SCS a la Fiscalía por iniciativa propia, al menos podría dejar de dar excusas ante una petición de la Fiscalía". 

Del mismo modo, Martínez ha recordado que el Interventor "no es la única persona a la que Real está culpando de asuntos que son de su responsabilidad".  Así, ha enumerado como Real pasó de "negar todo" a "señalar a la funcionaria que hizo la denuncia" para que luego le "bastasen" dos dimisiones en el Servicio Cántabro de Salud.  Dimisiones que, ha recordado, se dijo que obedecían a "motivos personales" sin relación con la gestión del SCS, por lo que también ha emplazado a la consejera a que "aclare por qué dimitieron los altos cargos de SCS, si por las contrataciones irregulares o por motivos personales, porque ambas cosas son incompatibles".

En cualquier caso, Leticia Martínez ha extendido la responsabilidad por "una crisis que está dejando tocada la imagen de la sanidad cántabra" tanto al presidente Miguel Ángel Revilla, "que bien podría inaugurar con el SCS su oficina anticorrupción", como al secretario general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga, "que sólo cesa cargos del Gobierno cuando discrepan con él o denuncian irregularidades, pero nunca cuando las cometen".

Por su parte, Real ha destacado hoy miércoles que corresponde a la Intervención General de la Comunidad Autónoma -y no a su departamento- remitir a la Fiscalía el informe en el que se han detectado incidencias en las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS), al haber sido elaborado por el interventor. Así lo ha precisado a preguntas de los periodistas a raíz de que el Ministerio Público haya solicitado el documento, que como recalcó ayer la titular de la Consejería es "provisional", y está pendiente de las alegaciones que haga el SCS. Según ha explicado, la petición del fiscal ha sido realizada a través de los servicios jurídicos del Ejecutivo, y el informe debe ser enviado a través de la Intervención, ya que "no es una competencia de la Consejería de Sanidad". "El informe es de intervención, no es de la Consejería de Sanidad", ha remarcado Real, para enfatizar igualmente que el SCS ha recibido el documento para hacer las consideraciones que estime oportunas acerca de las irregularidades puestas de manifiesto, y que ya apreció la inspección médica en un documento previo.

IU pregunta a Real “quién más tiene la culpa de su gestión”
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