jueves 19/5/22

Los sindicatos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) han convocado una huelga general de 24 horas el 30 de marzo en todos los centros de trabajo nacionales del organismo público, precedida por una concentración de protesta el próximo día 22, en respuesta al "incumplimiento" de las medidas acordadas en julio del año pasado para resolver la escasez de personal y de recursos técnicos y materiales.

Las movilizaciones se iniciarán con la concentración de protesta el 22 de marzo, convocada en Cantabria frente al edificio de los Ministerios, de 12 a 12:30 horas, han informado los sindicatos en un comunicado.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con una plantilla de 3.000 trabajadores, que se debería incrementar en otros 400 si se cumpliera el acuerdo, según los sindicatos, y que en Cantabria implica 44 puestos de trabajo con cuatro vacantes en la actualidad.

Según los convocantes (UGT, CCOO, CSIF, CIG, FESESS, Sindicato de Inspectores de Trabajo, SISLASS y UPIT), tras ocho meses de espera, el Gobierno "sigue sin cumplir" el acuerdo que se adoptó el pasado 7 de julio con una serie de medidas fundamentales para salvar el funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

"Las organizaciones convocantes han mantenido una postura excepcionalmente moderada en relación a la aplicación del acuerdo durante ocho meses pero se ha llegado a un punto donde lo único que se confirma es la nula voluntad del Gobierno de cumplir con lo pactado y provocar el completo abandono del organismo y de su plantilla", subrayan los sindicatos.

"No podemos permanecer en silencio cuando, por un lado, el Ministerio de Trabajo y Economía Social y otros organismos del Gobierno ensalzan el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el trabajo que deberá abordar en el futuro, y por otro, se olvidan de reforzarla y desprecian las medidas esenciales acordadas como primer paso para superar los déficits existentes".

A su juicio, "sorprende aún más si cabe, la debilidad de los máximos responsables del Ministerio de Trabajo y Economía Social que renuncian a defender un acuerdo suscrito por ellos, avalado por la propia ministra Yolanda Díaz y que responde a un diagnóstico compartido para buscar las soluciones necesarias".

Los sindicatos asumen que "abrir un conflicto en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social puede tener consecuencias que afectan a la ciudadanía" y puntualizan que no pretenden "propiciar un deterioro aún mayor del organismo, pero sería mucho más peligroso para el futuro transigir" y mantenerse "en silencio".

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