Los principales partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Santander han unido sus voces este martes para denunciar la “opacidad” con la que actúa el equipo de Gobierno del PP liderado por Gema Igual. En sendos comunicados, PSOE, PRC e IU han criticado la actitud de los ‘populares’ respecto al informe emitido por la Asesoría Jurídica Municipal, en el que, además de los 6,9 millones de euros del convenio urbanístico por la residencia de Cazoña reclamados por la Fundación Caja Cantabria, existen otros dos recursos o reclamaciones que se habían planteado como consecuencia de la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y que según los regionalistas el PP “ha ocultado cinco meses”.
En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal del PRC, José María Fuentes-Pila, ha denunciado hasta junio de 2017 se habían presentado dos recursos judiciales contencioso-administrativos. El primero de ellos, por la anulación de un estudio de detalle en la zona de El Campón, en Peñacastillo. El segundo afecta a una licencia de obras otorgada para la construcción de un supermercado de la empresa Aldi en la calle Repuente.
Sobre ambos procedimientos, el PRC ha detallado que la Asesoría Jurídica sostiene que tienen en común "la posibilidad de que esta Administración pudiera incurrir en responsabilidad patrimonial, por daños causados a terceros".
"Pese a nuestras constantes peticiones de información sobre los efectos de anulación del PGOU se han guardado esta información", ha denunciado el PRC
Fuentes-Pila ha indicado que el informe, fechado el 19 de junio de 2017, se ha facilitado ahora a los concejales como parte de la documentación girada para la celebración, esta misma mañana de martes, de la Comisión de Desarrollo Sostenible en la que se ha aprobado, con los votos a favor del PP y del concejal no adscrito David González, resolver el convenio urbanístico suscrito entre Caja Cantabria y el Ayuntamiento en relación a la parcela de Cazoña y ejercitar la acción de reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Gobierno de Cantabria, la Administración General del Estado y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la anulación del plan.
"En cinco meses, pese a nuestras constantes peticiones de información sobre los efectos de anulación del PGOU se han guardado esta información, y tampoco sabemos si desde junio hasta ahora se han presentado más", ha criticado Fuentes-Pila, para quien la gestión "absolutamente oscurantista" del PP "asusta, es irresponsable y una falta de respeto a los santanderinos".
PLENO MONOGRÁFICO
Por otra parte, ha recordado que los grupos socialista y regionalista han forzado la celebración de un Pleno monográfico sobre este asunto, cuyo plazo legal para la convocatoria vence en los próximos días, y ha advertido de que el PP "podría estar pensando en hacerlo coincidir con el de Presupuestos para que pase lo más desapercibido posible".
"No quieren darnos información y, forzados a darla, buscan ahora la vía para que tenga la menor atención posible", ha lamentado Fuentes-Pila, para quien "el primer interesado" en actuar con transparencia debería ser el propio equipo de Gobierno. Sin embargo, dice, "los palos en las ruedas han sido una constante". "Llevamos meses registrando preguntas, pidiendo información y todo llega con cuentagotas", ha aseverado al respecto.
Una situación que, sin embargo, confía en que "cambie" en la celebración del Pleno extraordinario, donde el PP "no tendrá más remedio que contar punto por punto en qué momento estamos, qué proyectos se han visto afectados, cuáles son las repercusiones económicas y las posibles reclamaciones a las que habrá que hacer frente".
El líder socialista censura esta "mala costumbre" que está adoptando el equipo de gobierno "de judicializar sus problemas políticos"
OPACIDAD DEL PP
En similares términos se ha expresado el secretario general del PSOE de Santander y portavoz municipal, Pedro Casares, quien ha denunciado la "opacidad" del equipo de gobierno del PP sobre las consecuencias de la anulación del PGOU y ha asegurado que desde "hace meses" se sabía que la Fundación Caja Cantabria había reclamado los 6,9 millones de euros del convenio urbanístico por la residencia de Cazoña.
En un comunicado, el edil socialista considera que el informe de la Asesoría Jurídica Municipal confirma que el PP "sabía que Caja Cantabria iba a reclamar ese importe y nos engañaron".
En este sentido, el líder de la oposición crítica que el PP "vuelve a hacer gala", ha dicho, de "la falta de transparencia y la opacidad" con la que a su juicio gestiona en la capital cántabra.
"Desde el PSOE siempre hemos preguntado cuáles eran las consecuencias de la anulación del PGOU y, por ejemplo qué iba a ocurrir con este convenio, y el equipo de gobierno siempre ha mentido, negando la mayor", asegura Casares, para quien el convenio con la Fundación Caja Cantabria "fue un error" porque -explica- ni en 2012, cuando se aprobó el PGOU, ni ahora "había interés real de hacer en ese espacio viviendas y con ello se cerró una residencia".
Además, el edil socialista considera "bastante grave" que el Ayuntamiento de Santander reclame ahora a los gobiernos de Cantabria y España, "y abra una nueva vía judicial, ahora contra administraciones".
El líder socialista censura esta "mala costumbre" que está adoptando el equipo de gobierno "de judicializar sus problemas políticos", primero contra vecinos, -como en el caso del abogado que defendía la modificación de requisitos de la ordenanza de la plusvalía-, y ahora contra administraciones.
"No resuelve nada, en la mayoría de los casos dan la razón a la otra parte, pero cuestan mucho dinero a los bolsillos de los santanderinos" denuncia al respecto Casares, para apuntar que "no hay precedente ninguno".
Finalmente, informa que ha preguntado en la reunión de la comisión de Desarrollo Sostenible, celebrada este martes, sobre la cuantificación de la responsabilidad patrimonial "y no tienen ninguna estimación concreta" en el PP, aunque desde el equipo de gobierno se "reconoce que puede ser de cero euros o lo que es lo mismo, ninguna".
Según el concejal de IU, el equipo de gobierno "pretende levantar una cortina de humo" alrededor de la devolución de casi 7 millones de euros a la Fundación Caja Cantabria
En este sentido, recuerda para concluir, que los grupos municipales de la oposición "siguen a la espera" de que se les convoque a un Pleno extraordinario para "conocer las consecuencias reales" de la anulación del PGOU, tras la petición realizada por PSOE y PRC, para "poner negro sobre blanco y conocer toda la verdad sobre el alcance y el coste que va a tener para Santander" la nulidad de un plan urbanístico que los socialistas denunciaron en su día "por irreal y que ahora también sabemos que es ilegal".
DESNUDA LAS VERGÜENZAS
Izquierda Unida también ha criticado el nuevo convenio urbanístico del Ayuntamiento con Caja Cantabria, con el que a su juicio se "desnuda las vergüenzas" del equipo de gobierno del PP. Asimismo, asegura además que la gestión en la materia "amenaza" las cuentas municipales.
Se refiere así IU a la devolución de los 7 millones de euros por la recalificación del suelo de la residencia de Cazoña, y que "muestra a las claras las nefastas políticas antisociales" de los 'populares'.
El concejal de la formación, Miguel Saro, sostiene en este sentido que el PP no solo "aceptó de buen grado la desaparición de la residencia" de Cazoña, sino que "diseñó un plan para asegurar un pelotazo a la entidad financiera", del que -agrega el edil- "participó asegurándose las plusvalías urbanísticas que ahora tiene que devolver por la nulidad del PGOU que lo amparaba".
Según el concejal de IU, el equipo de gobierno "pretende levantar una cortina de humo" alrededor de la devolución de casi 7 millones de euros, proponiendo "reclamaciones patrimoniales a distintas administraciones, haciéndolos responsables de la nulidad del PGOU".
Pero, para Saro "la máxima y principal responsabilidad" recae en el equipo de gobierno que "diseñó un plan para una ciudad que crecería hasta los 280.000 habitantes sin tener asegurado el abastecimiento de agua", en alusión a la anulación del Bitrasvase, que motivó la nulidad del documento urbanístico por parte del Tribunal Supremo.
"La realidad de Santander -según Saro- es que vive una grave crisis demográfica, donde su población joven huye por la falta de empleo y el coste de la vivienda, y los mayores que lo necesitan no tienen cubierta una plaza en residencias públicas."
A su juicio, el Pleno en el que se debatirá el presupuesto municipal de 2018 "representará fielmente la nefasta gestión del Partido Popular en Santander", dado que el equipo de gobierno va a "acumular" en el orden del día de la sesión plenaria también la modificación del documento de 2017 para "iniciar la devolución del capital adelantado por Caja Cantabria", para lo cual -ha indicado- "dispondrán de nuevo del remanente de tesorería del año 2016, un remanente conseguido a base de incumplir sus propios presupuestos en materia de gasto, especialmente en inversión y gasto social".
"Los santanderinos somos víctimas de la fiebre del pelotazo urbanístico que el anterior alcalde -y actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna- trajo para Santander, y estamos viendo las consecuencias de la pésima gestión municipal", denuncia Saro, que asegura que el Ayuntamiento "ya ha recibido diversas reclamaciones de parte de gestores de suelo que vieron sus expectativas truncadas" con la nulidad del PGOU. "Y veremos aún más, que necesariamente afectarán a las cuentas públicas", advierte.
Entre tanto, "los vecinos sufrimos una carga fiscal injusta y poco equitativa para afrontar los desastres del gobierno 'popular', mientras sufrimos servicios públicos mal dotados y peor gestionados".
