El portavoz municipal y presidente del PP de Astillero y exalcalde imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, Carlos Cortina, ha anunciado la renuncia a su acta de concejal y a la presidencia de la Junta Local del PP. Cortina ha hecho pública su decisión este martes a través de un comunicado de prensa en el que señala que deja sus cargos después de haber dedicado 31 años al servicio de los vecinos, "tranquilo y contento" por el trabajo que ha realizado, si bien lamenta la situación actual de "caos" en el Consistorio, donde el PRC gobierna en minoría tras la ruptura del pacto con el PSOE hace tres meses. El exalcalde de Astillero ha manifestado que cuando se presentó a las elecciones municipales de mayo 2015 ya sabía que ésta sería su última legislatura y que la decisión sobre su renuncia ha sido "muy meditada". Según ha explicado, ayer lunes, día de su cumpleaños, decidió comunicárselo a los afiliados del PP de Astillero. Cortina ha señalado que ahora iniciará una nueva etapa en su vida, dedicado a su familia, trabajo y tiempo libre, pero que seguirá vinculado al PP, "como siempre ha estado", colaborando en lo que se le necesite "pero de otra forma" y "con lealtad" a sus compañeros de Astillero y a la Dirección del PP de Cantabria. La renuncia de Cortina se produce un mes después de que los concejales del PP en Astillero Javier Fernández Soberón –presidente de Nuevas Generaciones del PP de Cantabria– y Bella Gallán anunciaran su decisión de darse de baja del PP, abandonar el grupo municipal y continuar hasta el final de la legislatura como concejales no adscritos.
Cortina entró como concejal en el Ayuntamiento de Astillero en 1987, como número dos de Ignacio Diego. En 1995, con la victoria por mayoría absoluta del PP, fue elegido teniente de alcalde, hasta que en noviembre de 2006 fue designado como alcalde tras la dimisión de Diego. En 2007 y 2011 revalidó la mayoría absoluta de su antecesor y presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, en ambos casos con diez concejales, y en 2015 perdió cuatro concejales y con ello la mayoría absoluta, pasando a la oposición con seis ediles ante el pacto entre PRC y PSOE para investir como alcalde a Francisco Ortiz (PRC). Cortina está imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa por irregularidades en la contratación de la hermana de una trabajadora municipal, a la que el Ayuntamiento abonó "38 facturas" por un importe cercano a los 100.000 euros en tres años, una causa que es fruto de la denuncia realizada por un funcionario municipal, a la que luego se sumaron PSOE e Izquierda Unida.
