El consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, ha anunciado hoy miércoles que las 17 viviendas unifamiliares con orden de derribo de la urbanización Cerrias 1 en Liencres (Piélagos) podrían demolerse en 2020, cuando también se indemnizaría a los propietarios. Gochicoa ha reconocido que es "un poco aventurada todavía" su estimación para el caso de Liencres aunque se cumplirá "si todo va bien", y ha asegurado que, "en todos los casos" de viviendas con orden de derribo, el Gobierno autonómico está "dando pasos porque la justicia nos obliga a ello". En este sentido ha confirmado que el proyecto de las viviendas de sustitución de las 102 de La Arena, en Arnuero, finalizará "en los próximos meses", de modo que el año que viene estará en ejecución y estarán listas para ocuparse a finales de 2021 o principios de 2022, cuando podrían derribarse las construcciones ilegales. El consejero ha hecho estas declaraciones en el transcurso de una reunión con representantes de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), solicitada por esta última tras conocer a través de los medios de comunicación la resolución judicial para el derribo de viviendas con sentencia en Argoños.
El Consejo de Gobierno aprobará mañana jueves la fiscalización de las cantidades para la redacción del proyecto
Gochicoa ha explicado que la resolución judicial instando a la redacción de proyecto de derribos llegó en julio y el Ejecutivo ya ha dado "los primeros pasos" para ejecutarla a través de una encomienda de gestión a Tragsa. En este sentido ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará mañana jueves la fiscalización de las cantidades para la redacción del proyecto. Con todo, Gochicoa ha confiado en que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Argoños se apruebe "anteriormente" a los derribos y puedan legalizarse las viviendas. "Pero nosotros tenemos que seguir las resoluciones judiciales", ha insistido.
Al respecto, el portavoz de AMA, Antonio Vilela, ha señalado que en el caso de Argoños se ha producido un "fallo de comunicación", según ha reconocido el Gobierno, que ha pedido "disculpas a la asociación" y que ha dicho que informará previamente a los afectados en asuntos "tan importantes como el derribo de viviendas". Sin embargo, para Vilela lo "importante es que la justicia está diciendo que se pueden derribar las viviendas y sin embargo no tenemos los PGOU que dicen que esas viviendas están en suelo urbano consolidado. Es una locura y se tienen que aprobar los PGOU porque no puede ser que pase el tiempo y no se den soluciones", ha enfatizado. Al hilo, ha denunciado que AMA no entiende que el Plan General de Argoños, un municipio de "5,5 kilómetros cuadrados", salga a exposición pública por cuarta vez, cuando se aprobó en 2007 "con todas las bendiciones". "No lo podemos entender y por eso vamos a pedir a la Fiscalía que investigue porque no nos parece normal las actuaciones que ha habido durante tanto tiempo y los recursos que se han gastado", ha indicado Vilela.
En cuanto a los avances en la reunión de hoy, el portavoz de AMA ha destacado el anuncio del consejero de que "en dos o tres semanas" funcionará la oficina de afectados por los derribos, y ha pedido que las valoraciones de viviendas con orden de derribo elaboradas desde Obras Públicas "se manden lo antes posible" a los afectados. Sobre esta cuestión, el consejero ha indicado que la valoración de las indemnizaciones conlleva un "procedimiento complejo", además de que "no conviene hacerla con mucha anticipación" al derribo para que el valor de la vivienda no se devalúe. Por eso, Obras Públicas enviará a los afectados las valoraciones realizadas por un funcionario, que no están incluidas en el convenio y que no tienen por qué coincidir con la cantidad final a cobrar, para que cada uno sepa el valor "a título informativo" y pueda utilizarlo por ejemplo para pedir un crédito. Pese a estos avances, Vilela ha dicho que a la asociación le "quedan muchas dudas, sobre todo al ver cómo pasa el tiempo y los PGOU no se aprueban. Queremos que se cumplan las resoluciones del Parlamento que reiteradamente ha dicho que en 2019 hay que dar solución a los afectados", ha solicitado al consejero. En este sentido, el portavoz de AMA no da el año por perdido y la asociación tratará de que en lo que resta de ejercicio "queden puestos los cimientos, lo más fijos posible, para que los afectados y los cántabros tengan una solución", algo que depende de las administraciones "y que tienen que cumplir porque lo han aprobado por unanimidad en el Parlamento", ha insistido.
