jueves. 28.03.2024

El Gobierno de Cantabria ha aprobado en su reunión de este jueves un convenio con el Ayuntamiento de Piélagos para regular las obligaciones y responsabilidades de cada una de las dos administraciones en la ejecución de las sentencias de derribo, que afectan a 80 viviendas en este municipio y no incluye a las del Alto del Cuco.

En concreto, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado, el convenio con el Ayuntamiento de Piélagos regulará las obligaciones y liquidaciones de deuda que se deriven del desarrollo de la propuesta de ejecución de sentencias que llevan aparejadas órdenes de demolición, realizada por el Gobierno de Cantabria y dicho municipio en septiembre de 2011.

Dicha propuesta de ejecución de sentencias con órdenes de demolición afecta a 80 viviendas en Piélagos, entre las que no se incluyen las edificaciones existentes en el sector del Alto del Cuco.

El objetivo del convenio es articular el esquema básico de proceder para colaborar en el cumplimiento de la propuesta de ejecución de sentencias y establecer el reparto de las obligaciones de cada una de las administraciones para resolver los procedimientos y cumplir con su obligación solidaria de responsabilidad frente a terceros.

Y también pretende articular el modo de resolver los procedimientos de responsabilidad frente a terceros para posteriormente liquidar las cantidades en que la Administración Autonómica y el Ayuntamiento de Piélagos incurran en la ejecución de las sentencias, velando por el respeto a la responsabilidad legal que internamente les corresponda en función de lo ya determinado en los expedientes de responsabilidad patrimonial tramitados.

El convenio establece las obligaciones que asumen las dos administraciones. En el caso del Ayuntamiento de Piélagos son adoptar las medidas para la aprobación definitiva del PGOU, concediendo en el caso de que resulten compatibles con la nueva ordenación nuevas licencias a las viviendas afectadas por orden de demolición; y realizar todas las actuaciones tendentes a la demolición en el caso de que sea preciso ejecutar las órdenes de derribo.

Además deberá compensar siempre que la legalidad lo permita los tributos y exacciones de todo tipo que hayan de liquidarse por la concesión de las nuevas licencias que puedan otorgarse; y aportar suelo que se integre, al ejecutar el planeamiento, en el patrimonio municipal de suelo, con cargo a su cuota de responsabilidad, para su utilización como mecanismo de indemnización en especie.

   También habilitará suelo en los instrumentos de planeamiento que tramite para hacer factible la terminación convencional de los expedientes de responsabilidad patrimonial mediante la entrega de nuevas viviendas a los afectados que lo deseen; y colaborará en la tramitación de todos los expedientes de responsabilidad y realojo.

   Promover los incidentes que resulten de los expedientes de autorizaciones provisionales concedidas; redactar los proyectos con cargo a su cuota de responsabilidad y resolver los expedientes de licencia para las viviendas a edificar para proveer las indemnizaciones en especie que se pacten; y coordinar con el Gobierno su actuación material y los criterios de resolución de los expedientes a través de la comisión que se creará para ejecutar las tareas y alcanzar los objetivos que se marcan de manera coordinada, coherente y eficaz completan sus obligaciones.

   Mientras, las del Gobierno de Cantabria son colaborar con el Ayuntamiento de Piélagos para la aprobación definitiva del PGOU en tramitación; asumir en caso necesario la construcción de las nuevas viviendas de sustitución o el importe de las indemnizaciones económicas que procedan; y asumir el coste de las indemnizaciones que procedan en materia de responsabilidad patrimonial por daños morales.

   Tramitar en colaboración con el Ayuntamiento los expedientes de responsabilidad patrimonial con aquellos propietarios que manifiesten su voluntad de llegar a una solución convencional; y planificar la colaboración con el Ayuntamiento la realización ordenada del conjunto de actuaciones a ejecutar, procurando el realojo y la indemnidad de los afectados antes de proceder a la demolición completan sus obligaciones.

SUBVENCIÓN A LA UC

 Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha autorizado un convenio entre el Servicio Cántabro de Empleo y la Universidad de Cantabria (UC) para formación de postgrado y ha aprobado una subvención de 224.865 euros para la institución académica.

   El convenio tiene como objetivo mejorar las posibilidades de empleo de los trabajadores inscritos en las oficinas de empleo, facilitando su acceso a los cursos de títulos propios de posgrado que imparte la Universidad.

   También en el ámbito de Economía, Hacienda y Empleo se ha acordado el nombramiento de Carlos Sánchez como vocal del Consejo de Dirección del Servicio Cántabro de Empleo en representación de CCOO, en sustitución de Gema Saiz Peón.

   Y se ha aprobado el nombramiento de Ana Belén Álvarez, directora general de Trabajo, y Carmen Díez Marzal, directora del Servicio Cántabro de Empleo, como vocales titulares del Consejo de Relaciones Laborales de Cantabria, en sustitución de Rosa María Castrillo y María Ángeles Sopeña.

   Por su parte, en Sanidad, se han aprobado contratos de suministros de material y servicios para el Hospital Valdecilla y centros del Servicio Cántabro de Salud por un total de 7.312.900 euros. Se trata de material para el quirófano de cirugía general y digestivo, soporte y mantenimiento del sistema de información de prescripción electrónica asistida y material para la unidad de arritmias.

   Además se ha nombrado a Francisco Javier López Nogués, director general de Personal y Ordenación Académica, y a Felisa Lois, directora del Servicio Cántabro de Servicios Sociales, patronos de la Fundación Marqués de Valdecilla.

Gobierno y Piélagos regularás sus responsabilidades en las sentencias de derribo
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