La Dirección General de Medio Natural, dependiente de la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, ha completado la tramitación de todos los expedientes de indemnizaciones por los daños causados por los ataques de lobos a ganado entre 2012 y 2015. En total se han tramitado 494 expedientes, de los que casi el 90% se han resuelto favorablemente, y suman del orden de 200.000 euros.
Así lo ha señalado el director general de Medio Natural, Antonio Lucio, quien ha explicado que los expedientes se están remitiendo a la Consejería de Hacienda, y aunque el pago ahora depende de Tesorería, ha confiado en que las indemnizaciones lleguen a los ganaderos "en lo que queda de año y principios de 2007".
Lucio ha señalado que este retraso se ha producido porque en la pasada legislatura, entre los años 2012 y 2015, el PP no tramitó ningún expediente de daños. Con la llegada del Gobierno PRC-PSOE, la administración regional contrató en 2015 un seguro para hacer frente a estas indemnizaciones, y desde entonces, los ganaderos cobran en un plazo de "entre 80 y 90 días" desde que presentan la documentación.
En total se han tramitado 494 expedientes, de los que casi el 90% se han resuelto favorablemente, y suman del orden de 200.000 euros
Así las cosas, se da la "paradoja" de que los ganaderos que sufrieron un ataque de lobos por ejemplo en diciembre de 2015, ya han cobrado las indemnizaciones que les corresponden, mientras que quienes vivieron esa misma situación en 2013, "todavía no han cobrado".
El director general de Medio Natural ha recordado que el Gobierno dispone de una línea de ayudas para medidas preventivas destinadas a favorecer la adopción de técnicas de manejo del ganado que contribuyan a reducir el nivel de daños de lobo (vallados protectores, vigilancia del ganado, mastines, etc.), con una partida de 150.000 euros.
Polémicas indemnizaciones
Las indemnizaciones por ataques de lobo a ganado sufren retrasos de hasta un año en algunas comunidades, según denuncian los ganaderos, que se quejan de que las cantidades no son suficientes y de que, además, deberían cubrir los daños ocasionados a las reses heridas o indirectamente muertas a causa del lobo.
Los pagos, que son de competencia autonómica, dependen de las consejerías de cada comunidad y, por tanto, presentan variaciones normativas que difieren en cada región. Así, para algunas comunidades hay límites temporales en la liquidación de cada indemnización mientras que en otras, ese límite no existe.
Por su parte, desde la organización WWF, su técnico de especies Ramón Pérez de Ayala, ha declarado que no cree que elevar la cuantía de las indemnizaciones sea lo mejor, ya que estas, crean una necesidad en los ganaderos. Al contrario, apuesta por que se promuevan medidas de prevención frente al lobo y reconoce que ataques de estos al ganado "siempre va a haber".
Los ecologistas coinciden con los ganaderos en mejorar los controles del censo del lobo
Igualmente, coincide con los ganaderos en mejorar los controles del censo del lobo. Y, de hecho, pide un censo centralizado y que abarque todo el territorio nacional, en lugar de los censos autonómicos actuales.
En la misma línea, ha opinado el coordinador de conservación en Ecologistas en Acción, Theo Oberhuber, que piensa que en vez de primar la indemnización sobre el daño, hay que promover las ayudas a medidas de prevención, como la utilización de mastines o de pastores eléctricos.
Plan de gestión del lobo
La Consejería de Medio Rural ha sacado esta semana a información pública el proyecto de decreto por el que se aprueba el Plan de Gestión del Lobo en Cantabria.
Con la entrada en vigor de este decreto, el lobo tendrá la consideración de especie no cinegética y el Gobierno de Cantabria indemnizará los daños causados por la especie en todo el territorio de la comunidad autónoma, "directamente, con los mismos plazos y el mismo procedimiento".
Hasta ahora, su consideración como especie cinegética, ha condicionado que la responsabilidad de indemnización de los daños causados por el lobo recayese sobre el titular del terreno cinegético en el que éstos se producían.
Los daños producidos fuera de la Reserva del Saja son hasta ahora responsabilidad de los titulares de los cotos, lo que supone que en muchos casos el ganadero afectado no llega a cobrar la indemnización
De esta forma, el Gobierno de Cantabria únicamente indemnizaba por los daños causados por el lobo en la Reserva Regional de Caza Saja, que representa el 30% del territorio, cuando se estima que el lobo está presente en el 60% de la comunidad autónoma.
Los daños producidos fuera de la Reserva del Saja son hasta ahora responsabilidad de los titulares de los cotos, lo que supone que en muchos casos el ganadero afectado no llega a cobrar la indemnización por "desinterés o incapacidad económica del coto". Lucio ha añadido que esta situación también provocaba que muchas sociedades de cazadores tuvieran "problemas para hacerse cargo de las pólizas de los seguros para pagar esos daños".
El director general ha destacado que se seguirán realizando controles de lobo pero ya no será objeto de caza deportiva, y desaparecerá el permiso vigente que permite abatir un lobo por cacería. "Se realizarán los controles de población que sean necesarios por una parte para reducir el impacto de los daños, y por otra parte para asegurar la conservación de la especie", ha explicado.
El plan de gestión contempla líneas de subvenciones destinadas para medidas preventivas
El plan de gestión contempla líneas de subvenciones destinadas para medidas preventivas (vallados protectores, vigilancia del ganado, mastines, etc.); y la mejora de la actual política de indemnizaciones por daños de lobo a la ganadería mediante el establecimiento de mecanismos que agilicen al máximo la tramitación y el pago, según consta en el proyecto de decreto, consultado por Europa Press.
También se impulsará el establecimiento de medidas compensatorias a la ganadería extensiva mediante el pago por servicios ambientales para aquellas explotaciones ganaderas que contribuyan a la conservación de los hábitats y especies silvestres mediante la adopción de buenas prácticas en el manejo del ganado y de la propia explotación.
