El consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, ha manifestado que ve "serias complicaciones legales" para que el Gobierno pueda devolver a los trabajadores de Ecomasa-Nestor Martin las indemnizaciones por despido que recibieron de Teka y que invirtieron en la fábrica de estufas de Maliaño a cambio de ser subrrogados.
Así lo ha indicado después de la proposición no de ley de para pedir que el Ejecutivo les devuelva tanto esas indemnizaciones como el equivalente al año de prestación por desempleo que les corresponde, lo que, según la formación morada, superaría los 4,3 millones.
Martín ha señalado que el Gobierno de Cantabria sólo "puede hacer frente a todos aquellos gastos que responden a una norma, a una ley", y que "legalmente no puede considerarse responsable de un mal uso que hayan hecho unos particulares de fondos de los trabajadores".
El titular de Industria ha dicho que no puede "anticipar una postura del Gobierno" al respecto porque, para determinar si se puede o no hacer eso, "tendrá que ser el servicio jurídico el que nos diga si podemos o no hacernos responsables con dinero público del mal uso que han hecho unos particulares del dinero privado".
En esa proposición, Podemos también pide al Gobierno que se persone como acusación particular en el caso abierto contra Ecomasa. En este sentido, el consejero ha destacado que el Ejecutivo "se está personando" en estos procesos judiciales "para defender sus intereses y por extensión los de los trabajadores".
Pérdidas en el ICAF
En la misma línea que Martin se ha pronunciado el consejero de Economía y Hacienda, Juan José Sota, durante la presentación de los presupuestos de 2016, en el que según ha dicho se dotan pérdidas en el ICAF, que es quien avaló las operaciones financieras de Ecomasa.
Sota ve difícil el encaje de la propuesta de Podemos desde el punto de vista legal, porque aunque el Gobierno tiene participación, se trata de una empresa privada. "Se me escapa cual pudiera ser la solución para hacerlo", ha dicho.
Además, ha reiterado el compromiso del Gobierno de ayudar y colaborar en posibles recolocaciones para que los trabajadores que han sido "engañados tengan esa salida", pero "las responsabilidades las tiene que asumir quien tomó las decisiones", ha recalcado Sota, quien ha reiterado que el Gobierno PRC-PSOE se ha encontrado "un problema muy grave".
