El Gobierno de Cantabria ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico a interponer un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
Esta decisión se ha adoptado a instancias de la Consejería de Educación y se enmarca en el "rechazo" que el Gobierno de Cantabria ha manifestado reiteradamente hacia la Ley de Educación, que ya se materializó con un primer recurso contra las pruebas de reválida en Primaria, ha recordado el Ejecutivo regional en un comunicado.
Las evaluaciones finales que se recurrirán ahora suponen, a juicio del Gobierno de Cantabria, una "segregación" para el alumnado y han despertado la "desconfianza" de los centros y el profesorado.
Además, según el Ejecutivo, el Real Decreto del pasado 29 de julio traslada a las comunidades autónomas un "elevado" coste económico y de recursos humanos, dado que son las autonomías las encargadas de diseñar, organizar y llevar a cabo las pruebas.
