El Gobierno de Cantabria facilitará "en lo posible" la financiación de los centros de Formación Profesional (FP) ante los problemas que sufren con la entrada en vigor de la ley que regula el sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, aprobada por el Gobierno del Estado.
Así lo ha indicado este lunes el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, en la reunión extraordinaria del Consejo de Formación Profesional que ha presidido y en la que se han abordado esos problemas generados por la nueva ley estatal.
Según ha explicado Sota, esta normativa supone "la asfixia de los centros de formación profesional, que no pueden recibir anticipos del 100% de su actividad. Y para ellos, es difícilmente asumible tener que anticipar todo el dinero".
En la reunión se ha informado también favorablemente de un decreto que permite cobrar por formación a las personas víctimas de violencia de género
La situación en Cantabria es "aún más preocupante", según ha dicho el consejero, ya que "durante la etapa del Gobierno del Partido Popular se paralizaron todas las órdenes de formación. Y nos hemos encontrado con que a lo largo del año 2015 no hubo ninguna formación".
Sota ha trasmitido al Consejo la disposición del Ejecutivo por "limar todas aquellas cuestiones que puedan ser asumibles por el Gobierno, dentro de su ámbito de actuación, aunque es difícil ya que estamos sometidos a la Ley del Estado".
En el encuentro han estado presentes representantes del Ejecutivo, de los centros de formación, de los sindicatos UGT y CCOO, y de la CEOE-Cepyme.
En la reunión, de la que ha informado el Gobierno de Cantabria, se ha informado también favorablemente de un decreto que permite cobrar por formación a las personas víctimas de violencia de género.
Sota ha explicado que es algo que no estaba regulado hasta el momento y que posibilitará "no solo aliviar su situación económica, sino también recibir una formación que les permita optar a un puesto de trabajo".
