El Consejo de Ministros estudiará este viernes, 15 de febrero, dar a la familia de Francisco Franco un último plazo de 15 días para que proponga un nuevo lugar para inhumar los restos del dictador y al término de este periodo dará luz verde a la exhumación y decidirá el lugar de enterramiento, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.
La decisión contará con todos los avales jurídicos necesarios
El Gobierno insistirá en la "imposibilidad legal" de que el cuerpo sea enterrado en la Catedral de la Almudena, como quería la familia, amparándose en un informe de la Delegación de Gobierno que apunta a "evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad". Con ese informe en la mano, el Gobierno alega que enterrar a Franco en La Almudena conllevaría una "amenaza seria y significativa para los derechos y libertades para los ciudadanos, amenaza que "el Gobierno no puede asumir", como tampoco la "exaltación" que supondría mantener la tumba de Franco en un lugar accesible, abierto al público y con las características de la catedral. Así, las fuentes alegan que el Gobierno ha dado "prioridad a la voluntad de la familia" para volver a inhumar el cadáver pero que, a menos que ésta señale un lugar compatible con la legalidad, el orden público y la seguridad ciudadana, la decisión corresponderá al Gobierno. De hecho, añaden que la decisión contará con todos los avales jurídicos necesarios. La inhumación se hará en presencia de la familia y, con "máximo respeto" a la dignidad de ésta y con el decoro y el respeto propios de un acto de este tipo. Según las fuentes consultadas, el nuevo plazo de 15 días obedece a la intención del Gobierno de mantener "las máximas garantías" en el procedimiento para los familiares.
La inminente decisión del Gobierno se basará en argumentos jurídicos avalados por la Abogacía del Estado, según los cuales la exhumación de los restos mortales de Franco no depende de la autorización de los familiares ni de la autorización de la Iglesia sino de un mandato legal. Así, sostiene que, si bien una autorización familiar habría facilitado el proceso, no existe un derecho de la familia reconocido ni estatal ni internacionalmente a inhumar o mantener los restos mortales de un familiar en un lugar determinado, más aún en el caso de una tumba pública sobre la que carecen de título alguno. En cuanto a la autorización de la Iglesia, considera que se circunscribe a inviolabilidad de un templo, esto es al acceso a la basílica, y que, si bien es precisa para entrar, no puede ser negada cuando se refiere al cumplimiento de una resolución legal como es el caso. En última instancia, según este argumento, la solicitud y consecución de la autorización eclesiástica en tales términos será efectuada en fase de ejecución por el Consejo de Ministros.
La querella ha sido rechazada, y también las denuncias presentadas ante los juzgados de primera instancia
El Gobierno reconoce que el proceso de exhumación de Franco se ha extendido más de lo previsto por el propio Ejecutivo –casi seis meses desde que se aprobó, en agosto, el Real Decreto-ley para modificar la Ley de Memoria Histórica– y lo achaca al "comportamiento obstruccionista que han tenido los familiares de Francisco Franco" y otros interesados, como la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle. Estos actores han presentado recursos a todos los trámites, han recusado 12 veces a la instructora del procedimiento y hasta se han querellado criminalmente contra ella y contra los funcionarios de los Ministerios responsables y de Patrimonio Nacional que estaban tramitando el procedimiento. La querella ha sido rechazada, y también las denuncias presentadas ante los juzgados de primera instancia. Los afectados también han anunciado acciones futuras con el fin, según el Gobierno, de retrasar la decisión legal sobre la exhumación.
El Gobierno, sin embargo, sostiene que el procedimiento administrativo se ha instruido "con escrupuloso respeto y seguimiento de las normas aplicables" para mantener las máximas garantías legales para la familia y todos los interesados. Así, asegura que todos ellos han recibido todas las notificaciones que marca la ley, que se han tenido en cuenta sus alegaciones y que se les ha atendido en lo relativo a la información y al acceso al expediente, en todo lo previsto por la ley. Además, las fuentes consultadas subrayan que tanto el decreto-ley que dio origen al proceso como todo el procedimiento administrativo son consecuencia de decisiones parlamentarias adoptadas por mayoría absoluta, como corresponde en un Estado de Derecho y, además, que van en línea de recomendaciones internacionales que habían sido "ignoradas por el anterior Gobierno". En concreto, recuerdan que el real decreto-ley del 24 de agosto se convalidó en el Congreso de los Diputados en septiembre, con solo dos votos en contra, y que todo el proceso responde a la voluntad que la Cámara había expresado en 2017, con una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a seguir las recomendaciones del grupo de expertos que, en 2011, aconsejó la exhumación del dictador.
