La Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno autonómico ha finalizado la redacción del borrador del anteproyecto de Ley de Transparencia en la Actividad Pública de Cantabria. Ahora se abre un proceso de participación pública, que incluirá la publicación del anteproyecto en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) para consultar el texto y que cualquier ciudadano o entidad presente las alegaciones oportunas.
El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, ha señalado que el Gobierno, al igual que anteriormente con el proceso de creación de la Ley de Espectáculos, quiere contar "desde el primer momento" con las aportaciones y opiniones de la ciudadanía con el fin de "enriquecer el texto definitivo" y que cuente "con el mayor apoyo social posible".
Según ha avanzado, el borrador de la norma "va más allá" que la ley estatal, que entró en vigor para las comunidades autónomas el pasado mes de diciembre. En concreto, la norma cántabra amplía el campo de la publicidad activa y los sujetos obligados y diseña un procedimiento sancionador para el incumplimiento de la norma, según informa el Gobierno en nota de prensa.
El borrador de la norma "va más allá" que la ley estatal, que entró en vigor para las comunidades autónomas el pasado mes de diciembre
De la Sierra ha destacado que, de esta manera, "cumplimos con los compromisos adquiridos", consistentes en el inicio del trámite legislativo en el primer período de sesiones de 2016 y el sometimiento del texto legal a información pública, asuntos que ya se acordaron en sede parlamentaria y que dio lugar a la no tramitación de la proposición de Ley impulsada por el Grupo Parlamentario Podemos.
Con el objetivo de facilitar la participación en una norma de este tipo, el consejero ha apuntado que el borrador ya ha sido enviado a los ayuntamientos, Federación de Municipios de Cantabria y organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la Administración Pública de Cantabria, con el fin de recoger "todo tipo de sugerencias e inquietudes que alimenten el texto".
Entre sus aportaciones y las de los ciudadanos a través del Portal de Participación Ciudadana, se pretende presentar el texto definitivo que "inicie la maquinaria legislativa", ha explicado el consejero, quien considera que el proceso de exposición pública facilitará que "contar con una ley que incorpore lo que demanda la sociedad cántabra en materia de transparencia", que es "una cultura y un compromiso de Gobierno de Miguel Ángel Revilla".
En este sentido, el consejero ha remarcado la "decidida disposición" de este Ejecutivo en aplicar las políticas de transparencia, al disponer de un primer texto legal, normalizar los requisitos exigidos por la Ley estatal e implantar un Portal de Transparencia ajustado a la norma vigente, todo ello "en apenas nueve meses de gobierno".
Ámbito de aplicación
El anteproyecto de Ley de Transparencia para Cantabria tiene por objeto desarrollar, completar y ampliar las obligaciones que contiene la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno en materia de transparencia, así como establecer los mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos que reconoce al conjunto de los ciudadanos.
Con ello se pretende "avanzar en un modelo de Gobierno y Administración pública que genere confianza en los ciudadanos e incentive su participación, garantizando su derecho a ser informados y, en consecuencia, permitiendo el control de la actuación pública y la exigencia de responsabilidades".
El texto establece la obligación de difundir una amplia información, de manera "obligatoria, gratuita y en condiciones de veracidad, accesibilidad, objetividad, a través de medios electrónicos"
El anteproyecto consta de 48 artículos, estructurados en cuatro títulos, ocho disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y una derogatoria.
Su ámbito de aplicación recoge las recomendaciones del convenio 205 del Consejo de Europa, e incluye a la Administración de la Comunidad Autónoma, a las entidades locales cántabras, los organismos autónomos y entidades públicas empresariales y el Parlamento de Cantabria.
También a las sociedades y fundaciones públicas, la universidad y a todas aquellas entidades con personalidad jurídica propia creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil.
Además, el borrador del anteproyecto también somete a las obligaciones de transparencia a los prestadores de servicios públicos y a las personas privadas que ejerzan potestades administrativas, incluidos los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato.
Y también a partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, así como las asociaciones y fundaciones vinculadas a los mismos y otras entidades privadas en determinadas circunstancias.
En el ámbito de la publicidad activa, establece la obligación de difundir una amplia información, de manera "obligatoria, gratuita y en condiciones de veracidad, accesibilidad, objetividad, a través de medios electrónicos". Se parte de las obligaciones que establece en materia de publicidad activa la Ley 19/2013, cuya estructura se mantiene, y se amplían aspectos como los relativos a la transparencia política, la información sobre el empleo público y sobre la ejecución de los contratos, entre otros.
Consejo de Transparencia
La norma permite la creación del Consejo de Transparencia de Cantabria como órgano colegiado que, actuando con independencia orgánica y funcional, tendrá encomendada la promoción de la transparencia de la actividad pública en la Comunidad Autónoma y a quien corresponderá la resolución de las reclamaciones sobre el derecho de acceso. Este trámite se desarrolla actualmente con un convenio suscrito con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Por último, también se regula el régimen sancionador, tratando de dar respuesta a una cuestión ampliamente demandada por las organizaciones promotoras de la transparencia y por la ciudadanía.
La Comunidad Autónoma de Cantabria arbitra así los mecanismos necesarios y adecuados para que la nueva cultura de la transparencia "no quede en una mera declaración de intenciones", ha opinado el consejero. De hecho, según ha afirmado el establecimiento de un régimen sancionador persigue no solo actuar como mecanismo coercitivo, sino además garantizar y hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a la transparencia pública.
