Tras siete meses investigando las denuncias del juez Luis Acayro Sánchez sobre los presuntos delitos de prevaricación administrativa cometidos por el exalcalde de Noja del PP Jesús Díaz, relacionados con las obras de remodelación de la Oficina de Turismo y las obras de ampliación del Colegio Público Palacio, la Fiscalía ha identificado “la posible existencia de irregularidades administrativas en la tramitación” de la remodelación de la oficina, y alberga “sospechas” de irregularidades en la adjudicación de los trabajos del colegio. Sin embargo, considera que “no hay indicios sólidos” ni existe “una acusación debidamente fundada” de que se cometieran los delitos por los que el magistrado elevó la causa al Ministerio Fiscal, por lo que ha decidido archivar las causas.
Ahora, la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez Bados, pone de nuevo en manos del juez Acayro la causa, abriendo la posibilidad de que sea el magistrado quien reitere la denuncia ante el Juzgado, en la que consideró que los presuntos delitos cometidos por el exregidor del PP, que estuvo al frente del Ayuntamiento durante 27 años, en el colegio público se basan en una “contratación manifiestamente ilegal, una posible manipulación de documento mercantil y judicial por la manipulación y ocultación” de datos.
Asimismo, respecto a las obras de la Oficina de Turismo de Noja el juez Acayro señalaba en sus autos que se adjudicaron con un “contrato verbal, fraccionado deliberadamente y sin consignación previa”, añadiendo que se produce en un Ayuntamiento “donde parece haber sido habitual la vulneración de todos los principios básicos de la contratación administrativa”.
En el proceso judicial han declarado el titular de GIOC, la empresa adjudicataria de las dos obras, el ingeniero redactor de los proyectos, la interventora municipal y el propio Jesús Díaz. Tras escuchar los testimonios la Fiscalía reconoce que en ambos casos hubo “posible existencia” de irregularidades administrativas, aunque no ve “con claridad” que exista una “voluntad malintencionada” tanto en el caso del fraccionamiento de la obra de la Oficina de Turismo para adjudicarla directamente a GIOC como en la falta de publicación de la licitación de las obras del colegio público.
