La Fiscalía ha retirado la acusación a cuatro de los exconcejales implicados en el caso Proconor de Castro Urdiales, mientras que mantiene las penas que pedía por delitos de prevaricación administrativa y urbanística para el resto, entre los que se encuentran 14 responsables municipales, entre ellos los exalcaldes Fernando Muguruza y Rufino Díaz Helguera, y un técnico del Ayuntamiento.
En concreto, de los 20 acusados que había inicialmente, el Ministerio Fiscal ha retirado la acusación a los exediles Guzmán Miranda, Ana Zubiaurre, Marta González y Elisa Cantera, que formaron parte de las corporaciones de 1999 a 2003 y de 2003 a 2007; además de la de un secretario municipal, que ya había retirado anteriormente. En cuanto al resto, la Fiscalía ha mantenido las mismas penas que solicitaba, de las que destacan las de los dos exalcaldes, para quienes pide un año de cárcel y siete de inhabilitación, en el caso de Muguruza, y 14 años de inhabilitación, en el de Díaz Helguera.
Así lo ha dado a conocer hoy la fiscal en la sesión del juicio de esta 'macrocausa', que se inició el pasado 27 de mayo en el Tribunal Superior de Justicia . Según las conclusiones expuestas por la fiscal, los acusados "impusieron su voluntad, su capricho" y pusieron su interés "por encima del general y del acatamiento de la ley" en la apertura de un vial en suelo destinado en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a equipamiento público educativo-deportivo en el entorno del colegio Arturo Duo. Así, ha resumido los hechos ocurridos entre los años 1999 y 2003, cuando según ha explicado se hicieron "peripecias" para modificar el PGOU de modo "burdo" y "chusco" para poder construir el vial (la actual calle Cantabria), que finalmente llevaron a cabo "saltándose el procedimiento", "no atendiendo a ninguna finalidad general" y "contraviniendo" lo dictaminado por la Comisión Regional de Urbanismo (CROTU).
Ha recordado que la Corporación inició en el año 2000 una modificación del PGOU para poder construir el vial, pero la CROTU les advirtió que el desarrollo que planteaban llevar a cabo en la zona de Santa Catalina (próxima al polideportivo Pachi Torre) iba a resultar una "ratonera" y un "cúmulo de edificaciones con muy poco viario", ya que esa red "no era capaz de soportar" las construcciones. Las irregularidades del caso afectan también a un edificio construido en la misma zona, aunque la Fiscalía considera que su demolición para restaurar la legalidad causaría "un perjuicio desproporcionado". Así, ejercen la acusación particular el Ministerio Público y el BBVA, entidad con la que han suscrito préstamos hipotecarios propietarios de los inmuebles afectados, y se ha personado en la causa la comunidad de propietarios afectada.
"SABÍAN QUE EL VIAL NO SE PODÍA HACER"
Tal y como ha señalado la fiscal, todas las vicisitudes de la Corporación se recogen en las actas municipales, que muestran que en un Pleno del año 2000 los concejales "sabían que el vial no se podía hacer", pero les "urge" el desarrollo de la zona.
En cuanto al delito de prevaricación urbanística, ha señalado que la ordenación del territorio "no es un bien jurídico despreciable", ya que afecta a la calidad de vida de los ciudadanos y por tanto a sus intereses, y ha comparado el suelo con la energía, porque "ni se crea ni se destruye, pero sí se transforma, y no es lo mismo utilizarlo con unos fines que con otros", ha sentenciado. Por último, ha criticado que la mayoría de acusados no hayan asistido a la sesión celebrada hoy, lo que a su juicio muestra una "falta de responsabilidad" al no tener "ni siquiera el interés de escuchar la argumentación jurídica" y ver dónde estuvo el error.
Este caso es una pieza separada de la macrocausa abierta hace años por el juez Luis Acayro Sánchez, entonces al frente del Juzgado de Instrucción nº2 de Castro Urdiales, sobre la gestión urbanística del Ayuntamiento a raíz de un informe del Tribunal de Cuentas.
