La Fiscalía no recurrirá la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Santander que absuelve a los seis jóvenes acusados por el 'escrache' al entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), en un acto en la Universidad de Cantabria que tuvo lugar en febrero de 2014.
La sentencia absolutoria se notificó el pasado 24 de mayo, y aunque la Fiscalía, única parte que ha ejercicio la acusación, tiene de plazo hasta el 12 de junio para recurrir, fuentes del Ministerio Público han confirmado a Europa Press que ya se ha tomado la decisión de no apelar, por lo que la sentencia se elevará a firme.
En su calificación provisional, el fiscal pidió multas de 4.400 euros por un delito de coacciones y una falta contra el orden público por falta de respeto y consideración a la autoridad.
Sin embargo, en el juicio, que se celebró el 25 de octubre y el 1 de diciembre del año pasado, modificó sus conclusiones y retiró el delito de daños en el vehículo de reacción policial que solicitaba para uno de los jóvenes ahora absueltos. En su lugar, consideró los daños como una falta por la que solicitó para este joven una multa de 240 euros, frente al año de cárcel de la petición inicial.
Los jóvenes fueron absueltos el pasado 24 de mayo
No obstante, la magistrada Rosa María Gutiérrez considera que no se ha acreditado que cometieran un delito de coacciones, y tampoco el delito de daños en el vehículo del presidente, aunque sí constata la existencia de una falta contra el orden público en la modalidad de falta de respeto y consideración a la autoridad, por los insultos que tres de los jóvenes profirieron contra el entonces presidente de Cantabria. Sin embargo, considera que ha quedado prescrita.
Los hechos ocurrieron el 17 de febrero de 2014, cuando Diego fue invitado por el Consejo de Estudiantes de la UC (CEUC) a participar en un acto público bajo el lema 'Tengo una pregunta para usted', en el que a estos jóvenes se les impidió acceder por parte de los servicios de seguridad.
Al concluir el acto, el expresidente cántabro salió por la parte trasera del edificio de las Tres Torres de la Universidad, donde ocurrió el suceso. Los jóvenes defendían que fue una protesta "pacífica", mientras que el fiscal sostuvo que su intención no era protestar por no haber podido entrar al acto o en defensa de la educación pública", sino "impedir que Diego accediese a su vehículo".
La jueza concluye que el tumulto "no fue estrictamente violento frente a la figura presidencial, contra quien no se ejerció fuerza física, o coerción", pese al "elevado tono de los encendidos reproches" o las manifestaciones verbales "excesivas o inoportunas".
"No se aprecia un grave atentado contra la libertad y la seguridad del presidente regional, puesto que la finalidad perseguida parece más dirigida a la protesta y a la crítica política, amparada en el derecho a la libre expresión y derecho de manifestación", señala la sentencia.
