viernes 24/9/21
ULTRADERECHA

La Fiscalía pide sólo 270 euros por una agresión ultraderechista durante la visita de Pablo Iglesias

La acusación particular, ejercida por la operadora de cámara de televisión agredida, solicita una multa de 600 euros y una indemnización de 400, atendiendo a que los hechos se produjeron “mientras trataba de desempeñar su trabajo”.

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Imagen de la concentración ultraderechista en la que se produjo la agresión

La Fiscalía ha solicitado sólo 270 euros –una multa de 150 euros (un mes a razón de cinco euros/día) y una indemnización de 120 euros– por un “delito leve de lesiones” para el acusado de agredir con el palo de una bandera rojigualda a una operadora de cámara de televisión durante una concentración ultraderechista a la salida del acto que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, protagonizó en el Palacio de Festivales de Cantabria, en Santander, el pasado 27 de octubre, horas después de que el Parlamento catalán aprobara la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). La acusación particular, ejercida por la reportera agredida, ha solicitado una multa de 600 euros (dos meses a razón de 10 euros/día) y una indemnización de 400, atendiendo a que los hechos se produjeron “mientras trataba de desempeñar su trabajo”. Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución.

El juicio se ha celebrado este martes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santander y ya ha quedado visto para sentencia. La causa se archivó por falta de autor conocido y fue reabierta después de que la Policía remitiera al Juzgado un nuevo informe identificando a la persona que presuntamente agredió con el palo de una rojigualda a la denunciante. Durante la vista de este martes, se ha proyectado un vídeo de los hechos grabado con un móvil y el acusado se ha reconocido en el vídeo, aunque ha negado que agrediera a la operadora de cámara de televisión. Por el contrario, ésta ha declarado que fue golpeada dos veces con el mástil de una bandera. En este sentido, para la acusación el vídeo es “contundente” y no deja lugar a dudas.

Sigue pendiente la celebración de un segundo juicio, fruto de la denuncia presentada por un periodista también por una supuesta agresión durante la misma concentración ultraderechista, una protesta que no fue comunicada a la Delegación del Gobierno español en Cantabria.